La decisión de una corte de Guatemala de juzgar al ex presidente guatemalteco Efraín Ríos Montt bajo cargos de genocidio y crímenes contra la humanidad por medio de su abogado y a puertas cerradas abre una nueva avenida para la justicia pero subraya las profundas fallas del sistema de justicia del país, que hasta ahora ha fallado en brindar justicia a sus víctimas, dijo Amnistía Internacional.
Las condiciones de su juicio se decidieron en base al frágil estado de salud del ex mandatario de 89 años, según informes de prensa. El Juicio comenzará en enero de 2016.
"La decisión de hoy claramente demuestra que cuando la justicia se demora por tanto tiempo, hay un alto riesgo de que las personas responsables de asesinatos masivos y desapariciones no serán castigados," dijo Erika Guevara-Rosas, Directora para las Américas de Amnistía Internacional.
"Si las autoridades de Guatemala se hubieran ocupado del alarmante catálogo de crímenes cometidos bajo el mando de Ríos Montt, como deberían haberlo hecho, en vez de demorar el proceso en repetidas ocasiones, el país no se encontraría en esta situación."
"Las autoridades Guatemaltecas deben aprender una importante lección y no dejar ninguna piedra sin remover para asegurarse que todas las personas sospechosas de responsabilidad criminal por los miles de brutales asesinatos y desapariciones que tuvieron lugar durante los años más oscuros del país compadezcan ante las cortes. Estas demoras han causado demasiado sufrimiento. Las víctimas y sus familiares tienen el derecho de saber qué pasó, ver que se haga justicia y recibir reparaciones."
En el año 2013, Ríos Montt fue sentenciado a 80 años de prisión bajo cargos de crímenes contra la humanidad y genocidio por su responsabilidad en el asesinato y tortura de 1,771 Indígenas Mayan-Ixil y el desplazamiento forzado de decenas de miles más cuando fue Presidente y Comandante en Jefe del ejército de Guatemala (1982-1983).
En una decisión que fue devastadora para las víctimas, la Corte Constitucional de Guatemala anuló la decisión bajo argumentos procesales.
Según datos de una Comisión de la Verdad respaldada por Naciones Unidas, unas 200,000 personas fueron asesinadas o desaparecidas durante los 36 años de conflicto civil en Guatemala (1960-1996). Más del 80 por ciento eran Indígenas Mayas.
A pesar de esfuerzos recientes para fortalecer la justicia y responsabilidad por los abusos, el ejército se ha rehusado a proveer información a las investigaciones sobre los asesinatos, desapariciones forzadas, violaciones y otros crímenes sexuales y otros crímenes cometidos durante el conflicto.