Amnistía Internacional expresa su preocupación por la situación de los derechos humanos en Loreto, región nororiental del Perú.
La organización recuerda al Estado peruano su obligación de respetar, proteger y garantizar todos los derechos humanos de los Pueblos Indígenas en el marco de las iniciativas de desarrollo nacional. Se debe garantizar que cualquier ley, política o medida que afecte a los Pueblos Indígenas, tendrá que ser sometida a un proceso de consulta de buena fe, antes de tomar alguna decisión.En el caso del Lote 192, preocupa que la fase de diálogo de la consulta previa se haya dado por concluido sin haber llegado a un acuerdo con todas las comunidades nativas implicadas. Debido a desacuerdos con las entidades del gobierno responsables de realizar la consulta, solo dos federaciones fueron las que llegaron a un acuerdo vinculante. Amnistía Internacional hace un llamado a que se continúe la consulta con las comunidades con las que todavía no se ha llegado a un acuerdo.Amnistía Internacional considera que en el caso de proyectos de desarrollo, como centrales hidroeléctricas, carreteras, actividades extractivas y petrolíferas, u otros que puedan ocasionar un impacto significativo sobre comunidades indígenas, el gobierno deberá realizar sólidas consultas y conseguir su consentimiento previo, libre e informado antes de tomar decisiones sobre los proyectos. Los derechos de los Pueblos Indígenas a su territorio, a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado entre otros derechos reconocidos a estos pueblos, están recogidos en la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas."Estaremos observando la actuación del gobierno peruano para dar solución a esta situación que pone en peligro la legitimidad del proceso de consulta previa y que ocasionaría un mal precedente sobre el compromiso que tiene el gobierno para hacer respetar los derechos de los Pueblos Indígenas", aseguró Marina Navarro, directora ejecutiva de Amnistía Internacional en Perú.
La organización recuerda al Estado peruano su obligación de respetar, proteger y garantizar todos los derechos humanos de los Pueblos Indígenas en el marco de las iniciativas de desarrollo nacional. Se debe garantizar que cualquier ley, política o medida que afecte a los Pueblos Indígenas, tendrá que ser sometida a un proceso de consulta de buena fe, antes de tomar alguna decisión.En el caso del Lote 192, preocupa que la fase de diálogo de la consulta previa se haya dado por concluido sin haber llegado a un acuerdo con todas las comunidades nativas implicadas. Debido a desacuerdos con las entidades del gobierno responsables de realizar la consulta, solo dos federaciones fueron las que llegaron a un acuerdo vinculante. Amnistía Internacional hace un llamado a que se continúe la consulta con las comunidades con las que todavía no se ha llegado a un acuerdo.Amnistía Internacional considera que en el caso de proyectos de desarrollo, como centrales hidroeléctricas, carreteras, actividades extractivas y petrolíferas, u otros que puedan ocasionar un impacto significativo sobre comunidades indígenas, el gobierno deberá realizar sólidas consultas y conseguir su consentimiento previo, libre e informado antes de tomar decisiones sobre los proyectos. Los derechos de los Pueblos Indígenas a su territorio, a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado entre otros derechos reconocidos a estos pueblos, están recogidos en la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas."Estaremos observando la actuación del gobierno peruano para dar solución a esta situación que pone en peligro la legitimidad del proceso de consulta previa y que ocasionaría un mal precedente sobre el compromiso que tiene el gobierno para hacer respetar los derechos de los Pueblos Indígenas", aseguró Marina Navarro, directora ejecutiva de Amnistía Internacional en Perú.