La aprobación por la Cámara de Representantes de Filipinas de un proyecto de ley para restablecer la pena de muerte coloca al país en un peligroso camino que viola de forma flagrante sus obligaciones legales internacionales, ha declarado hoy Amnistía Internacional.

“La idea de que la pena de muerte librará al país de las drogas es simplemente errónea. La reanudación de las ejecuciones no librará a Filipinas de los problemas asociados a las drogas ni servirá como disuasión para delinquir. La pena de muerte es un castigo inhumano e ineficaz, y nunca es la solución. Los intentos de Filipinas de reintroducirla son claramente ilegales y sólo le darán notoriedad como uno de los pocos países que restablece su horrendo uso”, afirmó Champa Patel, directora para el Sudeste Asiático y Oceanía de Amnistía Internacional.

Hoy, la Cámara de Representantes de Filipinas aprobó, en su tercera y última lectura, el proyecto de ley 4727 para reinstaurar la pena de muerte presentado por la coalición mayoritaria del presidente Duterte.

El proyecto fue aprobado por 216 votos a favor, 54 en contra y una abstención. El presidente de la Cámara había amenazado abiertamente a los miembros del Congreso de despojarles de cargos clave si se atrevían a votar en contra del proyecto o siquiera a abstenerse. El proyecto legislativo irá ahora al Senado.

“El Senado es ahora la última esperanza real de Filipinas de respetar sus obligaciones internacionales y rescatar al país de este paso atrás”, prosiguió Champa Patel.

El proyecto de ley ha sido aprobado en un momento en el que el país sufre los efectos de una oleada de más de 8.000 homicidios, muchas de ellas ejecuciones extrajudiciales cometidos en su “guerra contra las drogas” desde que llegó al poder el presidente Rodrigo Duterte, el 30 de junio de 2016.

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte para todos los delitos y en todas las circunstancias. En virtud del derecho internacional, la pena de muerte debe limitarse a los delitos más graves, y los delitos de drogas no alcanzan este umbral. Tampoco hay pruebas que demuestren que tenga un efecto disuasorio especial.

“La pena de muerte para presuntos delincuentes relacionados con las drogas, al igual que las ejecuciones extrajudiciales, viola el derecho internacional, priva a las personas del derecho a la vida y afecta de forma desproporcionada a los pobres”, declaró Champa Patel.

En 2007, Filipinas ratificó un tratado internacional que prohíbe categóricamente las ejecuciones y compromete al país a abolir la pena de muerte. Legalmente, esta obligación no se puede retirar en ningún momento.

Desde que se abolió la pena de muerte en 2006, Filipinas ha sido un enérgico detractor de la pena capital y ha defendido varias iniciativas para acabar con ella en foros internacionales. También ha trabajado para conmutar las condenas a muerte impuestas a ciudadanos y ciudadanas filipinos en otros países, como trabajadores en ultramar.

“Si las autoridades filipinas quieren abordar las causas fundamentales de los delitos de drogas, deben respaldar unas políticas humanas, voluntarias, centradas en la salud y basadas en pruebas como alternativa”, concluyó Champa Patel.

Información complementaria

El proyecto de ley 4727 es una versión refundida de varias propuestas aprobadas por el Subcomité de Reformas Judiciales del Comité de Justicia de la Cámara de Representantes el 29 de noviembre de 2016.

En la actualidad, 141 países han abolido la pena de muerte en la ley o en la práctica. En la región de Asia y Oceanía, 19 países han abolido la pena capital para todos los delitos y otros ocho la han abolido en la práctica. El nuevo Código Penal de Mongolia, que suprime este castigo para todos los delitos, entrará en vigor en julio de 2017.