La vista celebrada hoy en el Senado de Filipinas ha puesto de manifiesto las terribles deficiencias de la actuación policial a la hora de proteger a las personas menores de edad de la “guerra contra las drogas”, ha declarado Amnistía Internacional.

La vista se había convocado para tratar el homicidio a manos de la policía la semana pasada del estudiante de 17 años Kian Loyd Delos Santos, cuyo caso ha desencadenado una gran indignación tanto en el país como en el ámbito internacional. Aunque la policía afirma que el homicidio fue en defensa propia, las imágenes de las cámaras de circuito cerrado de televisión y los testigos presenciales ponen seriamente en duda esta versión.

“La muerte de Kian ha desencadenado con razón la indignación nacional, y la confianza de la ciudadanía en la policía está en mínimos históricos. La única forma de abordar esto es que las autoridades filipinas pongan fin a todas las mortíferas operaciones contra la droga y retomen un enfoque anclado en las garantías procesales y el Estado de derecho”, ha declarado James Gomez, director de Amnistía Internacional para el Sudeste Asiático y Oceanía.

“Las vistas anteriores del Senado sobre la ‘guerra contra las drogas’ no han desembocado en medidas significativas por parte de la policía o de las autoridades filipinas. La sesión de hoy no puede convertirse en una tertulia más, sino que debe ser el primer paso hacia un cambio real.”

Miles de personas han perdido la vida desde que el presidente Rodrigo Duterte lanzó la “guerra contra las drogas”, tras tomar posesión de su cargo en junio de 2016. Amnistía Internacional ha documentado que muchas de estas muertes constituyen ejecuciones extrajudiciales y que la abrumadora mayoría de las víctimas proceden de los barrios más pobres del país.

Durante la vista, el secretario de Justicia, Vitaliano Aguirre II, calificó la muerte de Kian de “caso aislado” y dijo que en la “guerra contra las drogas” eran inevitables los “daños colaterales”.

Sin embargo, según el Centro para los Derechos Legales y el Desarrollo de la Infancia, durante el primer año en la presidencia de Duterte, al menos 31 menores de 18 años habían muerto en operaciones policiales o en homicidios cometidos al estilo de los grupos parapoliciales.

“Los comentarios del secretario Aguirre no son sólo crueles y cínicos, sino sencillamente falsos. No hay duda de que muchas personas menores han pagado el máximo precio del planteamiento policial de ‘tirar a matar’ y de que lo harán muchas más si no se pone fin a la ‘guerra contra las drogas’”, ha concluido James Gomez.

“Es preciso llevar ante la justicia a los presuntos responsables de la muerte de Kian. Instamos al gobierno a que permita que un organismo independiente, como la Defensoría del Pueblo, lleve a cabo una investigación inmediata y exhaustiva. Pero investigar una sola muerte no basta, debe aplicarse el mismo grado de rendición de cuentas a todos los homicidios policiales.”