El presidente Barack Obama debe retomar la promesa que hizo en 2009 de cerrar el centro de detención de Guantánamo, esta vez con el compromiso de Estados Unidos de liberar a los detenidos o someterlos a un juicio justo; así lo ha afirmado Amnistía Internacional ante la proximidad del 11 aniversario de los primeros traslados de detenidos a la base naval estadounidense en Cuba, y cuando sólo faltan unos días para la reinvestidura de Obama.De los 779 hombres trasladados a Guantánamo desde 2002, la inmensa mayoría de los cuales han soportado años de reclusión sin cargos ni juicio, a fecha de hoy permanecen en el centro 166 detenidos.Siete hombres han sido declarados culpables ante una comisión militar, cinco de ellos en virtud de acuerdos anteriores al juicio según los cuales se declararían culpables a cambio de la posibilidad de salir de la base.Seis detenidos se enfrentan actualmente a la posibilidad de ser condenados a muerte tras juicios ante comisiones militares que no se ajustan a las normas internacionales sobre juicios justos. Los seis fueron objeto de desaparición forzada antes de su traslado a Guantánamo y, entre otros abusos, dos fueron sometidos a una técnica de tortura denominada water-boarding, ahogamiento discontinuo que en la práctica constituye un simulacro de ejecución."La autoproclamación de Estados Unidos como ferviente defensor de los derechos humanos no se sostiene frente a las detenciones de Guantánamo, los juicios ante comisiones militares o la ausencia de rendición de cuentas y reparación por los abusos cometidos por personal estadounidense en el pasado, que incluyen los delitos de derecho internacional de la tortura y la desaparición forzada", ha afirmado Rob Freer, investigador sobre Estados Unidos de Amnistía Internacional.Tras tomar posesión del cargo por primera vez en enero de 2009, el presidente Obama se comprometió a buscar una solución para las detenciones de Guantánamo y a cerrar el centro en el plazo de un año.También ordenó el fin del uso de técnicas de interrogatorio "mejoradas" y de "lugares negros" de larga duración por parte de la Agencia Central de Inteligencia (CIA).Pero el presidente Obama adoptó el paradigma unilateral y defectuoso de la "guerra global" y admitió el uso de la detención por tiempo indefinido en ese contexto.Más adelante, en 2010, el gobierno anunció su decisión de que cuatro docenas de detenidos de Guantánamo no podían ser liberados ni procesados, sino que debían permanecer en detención militar indefinida sin cargos ni juicio. El gobierno declaró además la suspensión de las repatriaciones de detenidos yemeníes, y afirmó que 30 de esos detenidos permanecerían en reclusión "condicional" debido a las "condiciones actuales de seguridad en Yemen". La suspensión continúa en vigor.El gobierno de Obama culpa de no haber podido cerrar el centro de detención de Guantánamo al Congreso, que ha bloqueado repetidamente el cumplimiento de las obligaciones de Estados Unidos en materia de derechos humanos en este contexto. Sin embargo, el 2 de enero de 2013, el presidente Obama firmó la entrada en vigor de la Ley sobre la Autorización de la Defensa Nacional, a pesar de criticar las disposiciones contenidas en ella que volvían a oponer obstáculos a la resolución de los casos de detenidos en Guantánamo."El derecho internacional no permite que distintas ramas de un gobierno soslayen los preceptos jurídicos internacionales con juegos de acusaciones de esta índole -ha afirmado Freer-. Un país no puede justificar el incumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos señalando leyes o políticas nacionales."En cualquier caso, sin un verdadero cambio de política, la adopción de la noción de "guerra global" por parte del gobierno de Obama significa que, incluso aunque se cerrara el centro de detención de Guantánamo, las detenciones ilegales no terminarían sino que simplemente cambiarían de lugar.La amplia aceptación del paradigma de "guerra global" por las tres ramas del gobierno federal estadounidense, el encubrimiento de oficiales mediante disposiciones sobre inmunidad y el hecho de que siga utilizándose la clasificación como material secreto han propiciado también el bloqueo de las medidas de rendición de cuentas y reparación por los abusos cometidos en Guantánamo, en los programas de entrega y detención secreta dirigidos por la CIA y en otros lugares."Lo que procede ahora es el reconocimiento y la aplicación de los principios internacionales de derechos humanos por parte de las autoridades estadounidenses", ha manifestado Freer. "Es preciso que se renuncie a los juicios ante comisiones militares en favor de juicios justos ante tribunales civiles ordinarios, que se libere a los detenidos que Estados Unidos no tiene intención de procesar y que haya plena rendición de cuentas y resarcimiento por las violaciones de derechos humanos sufridas."Cinco hombres acusados de participar en los atentados del 11 de septiembre se enfrentan actualmente a la pena de muerte tras un juicio ante una comisión militar. El gobierno ha pedido también la pena capital para un sexto detenido de Guantánamo en otro juicio.Los datos sobre los lugares donde estos detenidos estuvieron bajo custodia de la CIA y sobre el trato que recibieron siguen siendo información clasificada como máximo secreto.El mes pasado, el juez militar que presidía el juicio sobre los atentados del 11-S firmó una orden de protección para impedir la revelación de esa información durante las actuaciones, supuestamente por motivos de seguridad nacional. La información relativa a graves violaciones de derechos humanos o del derecho internacional humanitario nunca debe mantenerse en secreto por razones de seguridad nacional.Más adelante en el mes está previsto que continúen en Guantánamo las actuaciones previas al juicio en las seis causas.