Por Sam Dubberley

Cuando estalla una crisis de derechos humanos, Amnistía Internacional aspira a desplegarse sobre el terreno para presenciar en primera línea lo que está sucediendo y denunciar violaciones. Pero hay ocasiones en que problemas de seguridad, diplomáticos o administrativos nos impiden hacerlo. Es entonces cuando recurrimos a herramientas remotas, incluidas las plataformas de redes sociales, para mantener bajo observación lo que está ocurriendo en una crisis en tiempo real.

En todo el mundo, defensores y defensoras de los derechos humanos de base afrontan grandes peligros para grabar vídeos de violaciones de derechos humanos y compartirlos en los canales en los que saben que sus voces obtendrán mayor eco, como Facebook, YouTube y Twitter.

Todas estas plataformas se basaron en la idea de democratizar la información, prometiendo un nuevo mercado de intercambio de ideas y creación de vínculos entre individuos de diversas regiones del mundo, y atrayendo a los defensores y defensoras de los derechos humanos con una promesa: “Pongan aquí su contenido y el mundo verá lo que está ocurriendo en sus comunidades.” Y así, la gente publicó fotos y vídeos de los peores abusos —ejecuciones extrajudiciales, bombas de barril, tortura—, proporcionándonos pruebas fundamentales para exigir responsabilidades a los perpetradores.

Las organizaciones de derechos humanos respondieron y se adaptaron a este nuevo entorno de trabajo. Actualmente nos basamos en estos cafés digitales que han creado las plataformas de redes sociales. En su investigación, Amnistía Internacional cada vez integra más las entrevistas a testigos presenciales con contenidos de las redes sociales que corroboran sus declaraciones. Un ejemplo es el Cuerpo de Verificación Digital creado por la organización, una red de estudiantes a los que formamos para que mantengan bajo observación, descubran, verifiquen y corroboren pruebas e indicios de abusos contra los derechos humanos en las plataformas de redes sociales.

Sin embargo, recientemente las plataformas de redes sociales han comenzado a modificar, con escasa o nula consulta previa, unas herramientas de las que habíamos llegado a depender. A lo largo de los años, muchas de estas plataformas nos han invitado a talleres y conversaciones, diciéndonos lo mucho que valoran nuestro trabajo y respetan los derechos humanos. Y las escuchamos. Pero de repente nos han dejado en el aire, comprometiendo nuestra capacidad de proteger los derechos humanos.

Este mismo mes, un cambio súbito y no anunciado en la funcionalidad de búsqueda de Facebook ha asestado un duro golpe a toda la comunidad de investigación basada en fuentes de acceso público. La búsqueda gráfica (Graph Search) es una herramienta de Facebook que permitía a las personas que investigan encontrar contenido público que de otra manera habría sido tan ilocalizable como una aguja en un pajar.

Pongamos el caso de Mahmoud Al Werfalli, dirigente de un despiadado grupo armado de Libia, contra quien la Corte Penal Internacional emitió orden de detención a partir de unas imágenes de vídeo, la mayoría encontradas en Facebook. Investigadores de la sociedad civil alertaron a investigadores jurídicos después de utilizar la función Graph Search para buscar vídeos que documentaban cómo Al Werfalli ordenaba o perpetraba ejecuciones extrajudiciales.. Sin la búsqueda gráfica no habríamos encontrado ciertas pruebas abrumadoras sobre los crímenes contra la humanidad y posible genocidio contra los rohingyas en Myanmar cometidos por el ejército a finales de 2017. Tampoco habríamos encontrado los vídeos de un hospital bombardeado por el régimen de Al Asad en Idlib (Siria), que corroboran el testimonio del médico que vio cómo el centro era reducido a escombros.

Ahora, Facebook ha eliminado la búsqueda gráfica, y los resultados pueden ser desastrosos.

No es la primera vez que una empresa de redes sociales traiciona a la comunidad de derechos humanos. A mediados de 2017, presionada por los gobiernos para que eliminara contenido que pudiera mostrar o ensalzar el terrorismo, YouTube comenzó a eliminar masivamente vídeos de Siria de su plataforma. The Syrian Archive, una ONG con sede en Berlín creada para catalogar los crímenes del conflicto de Siria con la esperanza de una eventual rendición de cuentas, perdió cientos de miles de vídeos que civiles se habían arriesgado a grabar sobre el terreno y subir a las redes sociales. La comunidad de derechos humanos se unió para intervenir, y YouTube cedió y reintegró a la plataforma algunos de esos vídeos, aunque su política de eliminación sigue en pie, y salvar este tipo de contenido es una batalla constante.

Podría llegar a darse el caso de que hubiera algoritmos para eliminar estos vídeos casi tan rápido como los suban los defensores y defensoras de los derechos humanos, lo cual posiblemente tenga un efecto devastador para quienes investigan. No podemos pedir que se reintegre un vídeo o que se use para fundamentar las acusaciones contra un señor de la guerra si no llegamos ni a enterarnos de que existió.

En 2018, Google Earth asestó un golpe a la comunidad de los derechos humanos al eliminar un fantástico recurso llamado Panoramio. Esta herramienta, integrada en Google Earth Pro (una de las dos herramientas que debe tener cualquier persona que investiga los derechos humanos empleando contenido online), permitía a los investigadores e investigadoras retroceder en el tiempo y ver online las fotos subidas por personas que habían ido de vacaciones, por ejemplo, a Alepo antes de 2010, o a zonas de Nigeria y Camerún ahora sumergidas en un conflicto. Esto nos ayudaba en el largo proceso de determinar dónde se había filmado el vídeo de un ataque aéreo, dónde se había desarrollado una escena de tortura o dónde había sido vista por última vez una víctima de trata.

No tenemos nada en contra de que las plataformas busquen formas de salvaguardar mejor la intimidad, un derecho humano del que nos preocupamos. Pero están desequilibrando la balanza al retirar sin más las funciones, sin consultar absolutamente nada con las personas que investigan sobre derechos humanos. Y esto sin duda no ayuda a fomentar la confianza en su afirmación de que apoyan los derechos humanos.

Una persona portavoz de Facebook afirmó que la empresa había “desactivado ciertos aspectos de la búsqueda gráfica” y está trabajando “en estrecha colaboración con personas dedicadas a la investigación para asegurarse de darles las herramientas que necesitan”.

Estamos a disposición de las plataformas de redes sociales para debatir e incluso trabajar con ellas a fin de contribuir a lograr que exista un equilibrio entre el respeto a la intimidad y la ayuda al trabajo de los defensores y defensoras de los derechos humanos y supervivientes de abusos, que intentan hacerse oír incluso en las situaciones más adversas. Sólo nos gustaría que estas plataformas reconocieran el papel que podrían —y deberían— desempeñan a la hora de documentar estas historias y luchar para que se haga justicia.