Los gigantes del sector no hacen frente a las denuncias de trabajo infantil en las cadenas de suministro de baterías de cobalto
Las grandes empresas de electrónica y vehículos eléctricos siguen sin hacer lo suficiente para impedir que haya abusos contra los derechos humanos en sus cadenas de suministro de cobalto casi dos años después de que una investigación de Amnistía Internacional sacara a la luz que las baterías que utilizan en sus productos podrían estar vinculadas al trabajo infantil en la República Democrática del Congo (RDC), ha dicho hoy la organización.
En un nuevo informe, Time to Recharge (Hora de recargar), se clasifica a los gigantes del sector (Apple, Samsung Electronics, Dell, Microsoft, BMW, Renault y Tesla) en función de cómo han mejorado sus prácticas de abastecimiento de cobalto desde enero de 2016. El informe concluye que, si bien unas cuantas empresas han hecho avances, otras siguen sin adoptar siquiera medidas básicas como investigar sus cadenas de suministro en la RDC.
“Inicialmente nuestras investigaciones hallaron que en las cadenas de suministro de algunas de las marcas más importantes del mundo hay cobalto extraído por niños y adultos en terribles condiciones en la RDC. Cuando nos pusimos en contacto con estas empresas, nos sorprendió descubrir que muchas no hacían preguntas básicas respecto a la procedencia de su cobalto”, ha declarado Seema Joshi, responsable de Empresas y Derechos Humanos en Amnistía Internacional.
“Casi dos años después, algunas de las empresas más ricas y poderosas del mundo siguen poniendo excusas para no investigar sus cadenas de suministro. Incluso aquéllas que las investigan no desvelan los peligros y abusos en materia de derechos humanos que descubren. Si las empresas ignoran de dónde procede su cobalto, sus clientes tampoco lo saben.
“Es un momento crucial de cambio. Con el aumento en la demanda de baterías recargables, las empresas tienen la responsabilidad de demostrar que no se están aprovechando del sufrimiento de las personas que trabajan en la minería en condiciones terribles en la RDC. Las soluciones energéticas del futuro no deben basarse en abusos contra los derechos humanos.”
Turbias cadenas de suministro
Más de la mitad del cobalto —componente fundamental de las baterías de iones de litio— de todo el mundo procede de la República Democrática del Congo, y el 20% de ese porcentaje se extrae a mano. Amnistía Internacional ha documentado cómo menores y adultos extraen cobalto en minas con estrechos túneles excavados a mano, arriesgándose a sufrir accidentes mortales y graves enfermedades pulmonares. La organización ha rastreado el cobalto de estas minas hasta una empresa de transformación china llamada Huayou Cobalt, cuyos productos acaban en las baterías que se utilizan para los artículos electrónicos y los vehículos eléctricos.
El informe Time to Recharge evalúa los avances que han hecho Huayou Cobalt y otras 28 empresas que podrían estar vinculadas a ella, o que probablemente compran cobalto de la RDC, desde que se les hizo ver el peligro de trabajo infantil, en enero de 2016.
Amnistía evaluó las prácticas empresariales en función de cinco criterios que reflejan las normas internacionales, incluido el requisito de que las empresas lleven a cabo lo que se conoce como controles de “diligencia debida” en su cadena de suministro, y el requisito de que sean transparentes sobre los riesgos conexos en materia de derechos humanos. La organización calificó a cada empresa respecto al cumplimiento de los criterios. Las calificaciones eran: “inacción”, “mínimo”, “moderado” o “adecuado”.
Ninguna de las empresas mencionadas en el informe está tomando las medidas adecuadas para cumplir con las normas internacionales. Y esto a pesar de que las 29 saben que la minería del cobalto en la RDC está intrínsecamente vinculada a peligros y abusos en materia de derechos humanos.
Primer puesto para Apple. Microsoft, en la cola
Este año Apple se convirtió en la primera empresa que publica los nombres de sus suministradores de cobalto, y las investigaciones realizadas por Amnistía demuestran que actualmente es líder del sector en lo que se refiere al abastecimiento responsable de cobalto. Desde 2016, Apple se ha implicado activamente con Huayou Cobalt para identificar y resolver los casos de trabajo infantil en su cadena de suministro.
Dell y HP han mostrado señales de mejora. Han comenzado a investigar sus relaciones de suministro con Huayou Cobalt, y también tienen algunas de las políticas más sólidas para detectar peligros y abusos en materia de derechos humanos en sus cadenas de suministro de cobalto.
Pero los avances de otras grandes marcas de productos electrónicos han sido alarmantemente escasos.
Microsoft, por ejemplo, se cuenta entre las 26 empresas que no dio a conocer detalles sobre sus suministradores, como por ejemplo las empresas que funden y refinan el cobalto que utilizan. Esto implica que no cumple ni siquiera las normas internacionales básicas.
Lenovo también consiguió una puntuación baja, pues sólo ha actuado mínimamente para identificar los peligros en materia de derechos humanos o investigar sus vínculos con Huayou Cobalt y la RDC. En general falta transparencia: las empresas no revelan su evaluación de la posibilidad de que en sus cadenas de suministro se cometan abusos contra los derechos humanos, y tampoco las prácticas de diligencia debida de sus suministradores.
Por ejemplo, si bien Apple y Samsung SDI han identificado cuáles son sus fundidores, no han publicado su evaluación de los peligros asociados a ellos. Esto hace que resulte imposible decir si están cumpliendo o no con sus responsabilidades en materia de derechos humanos.
La cara oculta de la tecnología sostenible
Las investigaciones anteriores de Amnistía Internacional revelaron que había un considerable peligro de que el cobalto extraído por niños y niñas en la RDC terminara en las baterías de los coches eléctricos.
El informe de evolución muestra que las empresas de vehículos eléctricos se están quedando a la zaga respecto a otros sectores en lo que se refiere a la limpieza de sus baterías.
Renault y Daimler lo hicieron especialmente mal, pues ni siquiera cumplieron las normas internacionales mínimas de revelación de información y diligencia debida, dejando grandes puntos ciegos en sus cadenas de suministro.
BMW fue la que mejor puntuó entre los fabricantes de vehículos evaluados en el estudio. La empresa ha realizado varias mejoras en las políticas y las prácticas de sus cadenas de suministro respecto al cobalto, pero aún no ha revelado dónde lo funde y lo refina. Tampoco tiene previsto desvelar la evaluación de las prácticas de diligencia debida en materia de derechos humanos de sus fundidores.
“El cobalto desempeña un papel fundamental en las soluciones de energía sostenible. Es un componente clave de las baterías que alimentan a los vehículos eléctricos, y también podría tener mucho que ver en el desarrollo de tecnologías verdes como los parques eólicos y la energía solar. Pero la demanda de cobalto también podría estar manteniendo abusos contra los derechos humanos”, ha dicho Joshua Rosenzweig, asesor estratégico sobre Empresas y Derechos Humanos en Amnistía Internacional.
“Con el aumento de la demanda de vehículos eléctricos, es más importante que nunca que las empresas que los fabrican hagan sus deberes. Los gobiernos también tienen un papel que desempeñar aquí, y deben tomar medidas significativas sobre el uso de cadenas de suministro éticas, una prioridad a la hora de poner en práctica políticas respetuosas con el medio ambiente.”
Tas la atención internacional que suscitó el informe de Amnistía de 2016, el gobierno de la RDC ha creado una comisión para abordar la cuestión del trabajo infantil en el sector minero, y ha redactado el borrador de una nueva estrategia nacional encaminada a que en 2025 no queden niños ni niñas trabajando en ninguna mina artesanal. Aunque todavía es demasiado pronto para evaluar el efecto de estas medidas, la actual estrategia no tiene un calendario concreto, ni responsabilidades claramente asignadas o un plan de aplicación operativo.
Huayou Cobalt, vínculo clave entre la RDC y muchas de las empresas evaluadas en el informe, ha realizado algunas mejoras desde el informe de Amnistía de enero de 2016, y ha aumentado su transparencia. Sin embargo, sigue habiendo lagunas que hacen difícil evaluar la calidad y la eficacia de sus prácticas de diligencia debida.
¿Qué deben hacer ahora las empresas?
Las empresas tienen la responsabilidad individual de identificar, evitar, abordar y hacerse responsables de los abusos contra los derechos humanos que se cometen en sus cadenas de suministro de cobalto.
Dar a conocer públicamente su evaluación del peligro en materia de derechos humanos es un paso fundamental que no ha dado ninguna de las empresas del informe. Las empresas deben admitir que en sus cadenas de suministro se cometen abusos contra los derechos humanos cuando los descubren.
Cuando una empresa ha contribuido al trabajo infantil o al trabajo de adultos en condiciones peligrosas, o se ha beneficiado de ellos, es responsable de reparar los daños sufridos. Esto significa trabajar con otras empresas y con el gobierno para sacar a los niños y las niñas de las peores formas de trabajo infantil, apoyar su reincorporación a las escuelas y ocuparse de sus necesidades de salud y psicológicas.
Información general
Amnistía Internacional se dirigió por escrito a las 29 empresas en el proceso de investigación (véase infra) y a cada una de ellas le ofreció la oportunidad de dar su opinión sobre sus resultados preliminares. Las siguientes empresas no estuvieron de acuerdo con su clasificación en al menos uno de los cinco criterios: Apple, BMW, Dell, Fiat-Chrysler, General Motors, HP, Hunan Shanshan, Microsoft, Sony, Tesla y Tianjin Lishen. Si lo solicitan, les haremos llegar su respuesta completa.
Las preguntas a las empresas reflejaron el marco de cinco pasos de diligencia debida establecido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en su Guía sobre la diligencia debida para cadenas de suministro responsables de minerales procedentes de zonas en conflicto o de alto riesgo.
Amnistía Internacional preguntó: