Lima, 19 de mayo de 2021. En el marco de la audiencia de sustentación de cargos contra Alberto Fujimori y exministros de Salud en el llamado caso de esterilizaciones forzadas, Amnistía Internacional considera que las esterilizaciones forzadas perpetradas en los 90, principalmente a mujeres indígenas y campesinas, representan una grave violación a los derechos humanos de miles de mujeres, cuyos cuerpos fueron vulnerados contra su voluntad.
Es importante precisar que no se trató de una política de planificación familiar o de anticoncepción voluntaria e informada, donde existe información y consentimiento de por medio. Los miles de testimonios documentados, dan cuenta de que en los 90 miles de mujeres fueron sometidas a esterilizaciones forzadas, sin información para decidir, en un idioma que no todas conocían, condicionadas a algún tipo de ayuda social, e incluso usando medios coercitivos.
Asimismo, es importante señalar que el número de testimonios existentes, así como las similitudes en las prácticas quirúrgicas y persuasivas a las que fueron sometidas las mujeres, muestran que no se trató de casos aislados, sino de una política de anticoncepción sin consentimiento informado. Hasta el momento, al menos 7 000 mujeres se encuentran en el Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (REVIESFO), pero se estima que pueden ser muchas más.
Amnistía Internacional recuerda a las autoridades que las esterilizaciones forzadas o involuntarias constituyen una grave violación de los derechos humanos, principalmente derechos sexuales y reproductivos, protegidos en tratados internacionales de los cuales el Perú forma parte, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (“Convención de Belém Do Pará”).
“Las esterilizaciones forzadas vulneraron los derechos a la integridad corporal, la salud, la intimidad, la vida familiar y el derecho a la no discriminación de miles de mujeres peruanas. Tras más de 25 años, ellas deben acceder a verdad, justicia y reparación, y los responsables deben ser sancionados”, dijo Marina Navarro, directora de Amnistía Internacional Perú.
A la par de la búsqueda de verdad y justicia, urge que las víctimas reciban reparaciones administrativas por la vulneración de sus derechos sexuales y reproductivos, dirigidas a compensar y restituir los derechos vulnerados, como un tipo de violencia sexual hacia sus cuerpos.