- Víctimas de esterilizaciones forzadas llevan más de 19 años esperando justicia.
- Fiscal Marcelita Gutiérrez tiene hasta fin de mes para presentar resultados de la revisión de investigación fiscal.
A finales de agosto el fiscal superior Luis Landa Burgos devolvió a la fiscal Marcelita Gutiérrez el dictamen que archivaba el caso de 2074 mujeres que denunciaron haber sido esterilizadas contra su voluntad para que emita un nuevo pronunciamiento. Según el reporte se guardaron 75 denuncias de presuntas víctimas para una nueva investigación."Queremos que la fiscalía cumpla con su obligación de denunciar a toda persona que haya participado de estas graves violaciones a los derechos humanos, así se trate de funcionarios o servidores públicos, sean civiles o militares", dijo Marina Navarro, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Perú.
La organización lanzó en agosto una acción global para que sus activistas en todo el mundo pidan a la Fiscalía de la Nación que se revise la decisión tomada en el caso de miles de mujeres esterilizadas contra su voluntad.Miles de víctimas de esterilizaciones forzadas han visto truncada su esperanza de obtener justicia a pesar de la existencia de sólidos indicios de que el personal médico que aplicó los programas de planificación familiar recibía presiones para alcanzar cuotas de esterilización y de que, en muchos de los casos, las mujeres no dieron su consentimiento libre e informado.Las mujeres y sus familias fueron presuntamente amenazadas con el pago de multas, penas de prisión o la retirada de apoyo alimentario si no se sometían a la operación. Muchas no recibieron los cuidados posoperatorios adecuados, a consecuencia de lo cual sufrieron problemas de salud y 18 de ellas murieron."El hecho de que no se haya investigado de manera exhaustiva las denuncias realizadas pone de manifiesto la persistente discriminación que sufren las mujeres de comunidades indígenas y campesinas en Perú".
La organización lanzó en agosto una acción global para que sus activistas en todo el mundo pidan a la Fiscalía de la Nación que se revise la decisión tomada en el caso de miles de mujeres esterilizadas contra su voluntad.Miles de víctimas de esterilizaciones forzadas han visto truncada su esperanza de obtener justicia a pesar de la existencia de sólidos indicios de que el personal médico que aplicó los programas de planificación familiar recibía presiones para alcanzar cuotas de esterilización y de que, en muchos de los casos, las mujeres no dieron su consentimiento libre e informado.Las mujeres y sus familias fueron presuntamente amenazadas con el pago de multas, penas de prisión o la retirada de apoyo alimentario si no se sometían a la operación. Muchas no recibieron los cuidados posoperatorios adecuados, a consecuencia de lo cual sufrieron problemas de salud y 18 de ellas murieron."El hecho de que no se haya investigado de manera exhaustiva las denuncias realizadas pone de manifiesto la persistente discriminación que sufren las mujeres de comunidades indígenas y campesinas en Perú".