· Nueve estados y el Distrito de Columbia carecen de leyes sobre el uso adecuado de fuerza letal · En 13 estados, las leyes están desfasadas incluso respecto a las salvaguardias dispuestas por el derecho constitucional estadounidense · No hay estadísticas oficiales con las que hacer un seguimiento de las víctimas mortales, pero las estimaciones oscilan entre las 400 y las 1.000 muertes anuales · La población afroamericana se ve desproporcionadamente afectada por el uso de fuerza letal por parte de la policía Los 50 estados de Estados Unidos y el Distrito de Columbia incumplen las normas internacionales sobre uso de fuerza letal por parte de la policía. Así lo ha concluido hoy un nuevo informe publicado por Amnistía Internacional Estados Unidos.

En el informe, titulado Deadly Force: Police Use of Lethal Force in the United States, se pide que se reformen las leyes en los ámbitos estatal y federal para conformarlas con el derecho y las normas internacionales, que disponen que la fuerza letal sólo debe utilizarse como último recurso cuando sea estrictamente necesario para que los agentes de policía se protejan a sí mismos o protejan a otras personas frente a una amenaza inminente de muerte o lesiones graves. "La policía tiene la obligación fundamental de proteger la vida humana. La fuerza mortal debe reservarse como medida de último recurso absoluto", ha manifestado Steven W. Hawkins, director ejecutivo de Amnistía Internacional Estados Unidos. "El hecho de que absolutamente ningún estado del país cumpla en su legislación esta norma resulta sumamente inquietante, y suscita honda preocupación respecto a los derechos humanos. Es precisa una reforma, y de manera inmediata. Hay vidas en juego." El informe se basa en un examen de las normativas sobre el uso de la fuerza en Estados Unidos. Amnistía Internacional ha examinado asimismo decisiones pertinentes de la Corte Suprema del país, directrices del Departamento de Justicia sobre el uso de la fuerza mortal, y los datos estadísticos disponibles, procedentes de fuentes como los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y los Informes del Crimen Uniformes del FBI. Además de concluir que todas las leyes estatales son excesivamente amplias e incumplen las normas internacionales al permitir a la policía utilizar fuerza letal en una amplia diversidad de circunstancias, el informe concluye que, además, 13 estados incumplen los niveles más bajos establecidos por el derecho constitucional estadounidense sobre el uso de fuerza letal por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Nueve estados y el Distrito de Columbia carecen de leyes sobre el uso de fuerza letal (Maryland, Massachusetts, Michigan, Ohio, Carolina del Sur, Virginia, Virginia Occidental, Wisconsin y Wyoming). El informe concluye asimismo que ninguna de las normativas de los estados sobre el uso de fuerza letal incluye disposiciones relativas a mecanismos de rendición de cuentas. En estos momentos no existen estadísticas nacionales completas que hagan un seguimiento de las muertes o heridas a manos de la policía en Estados Unidos. Las estimaciones sobre el número de personas muertas anualmente en el país a manos de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley oscilan entre las 400 y las 1.000 muertes. Según los escasos datos gubernamentales disponibles, los afroamericanos se ven desproporcionadamente afectados por el uso de la fuerza letal. La población afroamericana de Estados Unidos asciende al 13 por ciento de la población general, y sin embargo representa un 27 por ciento de las personas muertas por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. El informe pide al Departamento de Justicia que recopile y publique estadísticas y datos sobre disparos de la policía, y que clasifique esos datos por raza, género, edad, nacionalidad, orientación sexual, identidad de género y condición de indígena. "Se necesita urgentemente un estudio nacional sobre las leyes, las políticas y la formación relativas a la fuerza letal", ha manifestado Steven W. Hawkins. "Pedimos al presidente y al Departamento de Justicia que creen un grupo de trabajo nacional encargado de llevar a cabo ese estudio e instituir reformas exhaustivas, incluida la existencia de mecanismos de supervisión y rendición de cuentas. Si Estados Unidos quiere cumplir sus obligaciones jurídicas internacionales en materia de derechos humanos, estas políticas deben conformarse al derecho y las normas internacionales."