Lima, 24 de abril de 2024. Con la escalada de los conflictos y el cercano colapso del derecho internacional, el mundo está recogiendo una cosecha de consecuencias terribles, ha manifestado Amnistía Internacional con motivo de la presentación de su Informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, donde evalúa la situación de los derechos humanos en 155 países.
En su análisis de Perú, el informe da cuenta que, en un contexto de crisis social y política, las autoridades debilitaron instituciones públicas, como la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público, lo cual ha puesto en peligro el acceso de toda la población a la justicia y al ejercicio de sus derechos humanos. En este contexto, ante la muerte de 50 personas, víctimas de la represión estatal de las protestas de 2022 y 2023, aún no se han asignado responsabilidades y no se vislumbra un camino llano hacia la justicia.
“El 2023 fue un año de graves retrocesos para los derechos humanos en Perú. Vemos con gran preocupación que la respuesta a las violaciones de derechos humanos en diferentes ámbitos es la impunidad. Esta situación se agrava con el permanente debilitamiento de instituciones claves para el acceso a la justicia”, sostuvo Marina Navarro, directora de Amnistía Internacional Perú.
En esta línea, la liberación de Alberto Fujimori vulneró el derecho a la justicia de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos de las que el expresidente fue declarado responsable. Esta decisión, que fue en desacato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha sentado un peligroso precedente para el acceso de las víctimas a la justicia.
El informe subraya también la creciente violencia que enfrentan las y los defensores de la tierra, territorio y medioambiente en Perú, quienes protegen bosques, ríos y ecosistemas en escenarios de expansión de actividades ilegales e ilícitas en el territorio nacional. Solo en 2023 cuatro defensores fueron asesinados en el país ante la ausencia de medidas de protección integrales.
Por otro lado, los alarmantes niveles de violencia contra las mujeres y niñas se mantienen en el país, y pese a que en 2023 se registraron 170 feminicidios y 1 354 partos de niñas y adolescentes menores de 15 años, cuatro de ellas menores de 11 años, se registró un retroceso en las políticas para promover la igualdad de género y se debilitaron los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
“En lugar de enfrentar la violencia machista de forma estructural, asistimos al desmantelamiento de toda política que busque reconocerla y combatirla. Los discursos antiderechos se multiplican, incluso desde el propio Estado peruano que, en lugar de proteger a las mujeres y niñas, y garantizar sus derechos, se convierte en cómplice de esta violencia al avalar retrocesos, como debilitar la educación sexual integral o eliminar el lenguaje inclusivo”, señaló Navarro.
Este escenario de impunidad y crecimiento de discursos antiderechos puede reforzar la violencia y discriminación que enfrenta la comunidad LGTBI en diferentes ámbitos: solo en 2023 las organizaciones peruanas de personas trans denunciaron el asesinato de ocho personas transgénero que pueden considerarse delitos de odio. Pese a ello, no existe aún un registro oficial de este tipo de crímenes.
El informe de Amnistía Internacional presenta un crudo examen de la traición a los principios de derechos humanos perpetrada por los líderes e instituciones globales actuales. Así, frente a la multiplicación de los conflictos, las acciones de muchos Estados poderosos han perjudicado aún más la credibilidad del multilateralismo y han menoscabado el orden global basado en normas que se estableció por primera vez en 1945.
En un conflicto que definió 2023 y que no da signos de remitir, los indicios de crímenes de guerra continúan acumulándose mientras el gobierno israelí se burla del derecho internacional en Gaza. Tras el terrible ataque de Hamás y otros grupos armados del 7 de octubre, las autoridades israelíes respondieron con bombardeos aéreos implacables contra zonas civiles pobladas, que aniquilaron a menudo a familias enteras; obligaron a desplazarse a casi 1,9 millones de personas palestinas, y, a pesar del aumento de la hambruna en Gaza, restringieron el acceso a una ayuda humanitaria que se necesitaba desesperadamente.
El informe de Amnistía Internacional pone de relieve el uso descarado que ha hecho Estados Unidos de su derecho de veto para paralizar durante meses la aprobación de una muy necesaria resolución del Consejo de Seguridad de la ONU a favor de un alto el fuego, mientras continúa armando a Israel con municiones que se han utilizado para cometer actos que probablemente constituyan crímenes de guerra. También destaca lo grotesco que resulta el doble rasero de países europeos como Reino Unido y Alemania, dadas sus fundadas protestas contra crímenes de guerra de Rusia y Hamás, a la vez que apoyan las acciones de las autoridades israelíes y estadounidenses en este conflicto.
“La desconcertante falta de medidas de la comunidad internacional para impedir que se mate a miles de personas civiles —un porcentaje terriblemente alto de ellas, niños y niñas— en la Franja de Gaza ocupada pone claramente de manifiesto que las mismas instituciones establecidas para proteger a la población civil y hacer valer los derechos humanos no cumplen ya su función. Lo sucedido en 2023 confirma que muchos Estados poderosos están apartándose de los valores fundacionales de humanidad y universalidad proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos”, manifestó Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.
En el informe se documenta también la flagrante infracción de las normas establecidas cometida por las fuerzas rusas durante su persistente invasión a gran escala de Ucrania. Se ponen de relieve los ataques indiscriminados contra zonas civiles densamente pobladas, así como contra infraestructuras de exportación de cereales y energía, y el uso de la tortura y otros malos tratos contra prisioneros de guerra. Todo ello se suma a la enorme contaminación ambiental generada por actos como la destrucción aparentemente deliberada de la presa de Kajovka, que, según la opinión general, fue cometida por las fuerzas rusas.
“En este complejo escenario, el derecho a la protesta es clave para poner luz sobre los abusos de los líderes mundiales. Y pese a los obstáculos, hemos visto a la gente movilizarse en todo el mundo en manifestaciones, enviando cartas y firmando peticiones, dejando muy claro que quieren que se garanticen los derechos humanos. Le corresponde a los gobiernos escuchar a la ciudadanía”, dijo Marina Navarro.