A pocos días de que el presidente Pedro Castillo y el Congreso de la República cumplan un año de haber sido electos, Amnistía Internacional observa un grave retroceso en el ejercicio de los derechos humanos en Perú, impulsado por grupos conservadores e intereses particulares que vienen ejerciendo desmedida influencia en el desarrollo e implementación de políticas públicas.
En particular, iniciativas aprobadas en los últimos tres meses representan un grave riesgo para los derechos de las mujeres y pueden recrudecer las violencias que enfrentan. Por ejemplo, el Proyecto de Ley 1520 limitaría aún más su acceso a servicios de salud sexuales y reproductivos, poniendo en riesgo el acceso al aborto terapéutico. Nos preocupa también que el aborto siga siendo un delito en el país, incluso para las víctimas de violencia sexual, muchas veces niñas y adolescentes que son revictimizadas al no poder acceder a un aborto legal y seguro.
El derecho a la educación sexual integral, una herramienta imprescindible para prevenir la violencia de género desde las escuelas y avanzar hacia una educación basada en la igualdad, ha sido golpeado con la reciente aprobación de la Ley 31498 (antes PL 904), que busca que grupos de padres y madres de familia puedan vetar, a discreción, el contenido de materiales educativos, limitando las funciones del Ministerio de Educación y negando a millones de estudiantes el derecho a una educación de calidad.
Amnistía Internacional ve con suma preocupación, que tanto el Legislativo como el Ejecutivo, en una suerte de pacto contra los derechos de las mujeres, trabajen de espaldas a la evidencia que muestra las violencias crecientes que enfrentan: cada día, 36 mujeres son reportadas como desaparecidas y cuatro menores de 15 años se convierten madres en Perú.
No obstante, en lugar de impulsar políticas para garantizar sus derechos y eliminar las violencias y desigualdades estructurales, en el marco de una agenda conservadora y antiderechos, se busca quebrar la institucionalidad del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, desde una propuesta para cambiar su nombre a Ministerio de la Familia y Poblaciones Vulnerables, con los retrocesos que ello implicaría en el ámbito de las políticas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
Por otro lado, el Congreso de la República archivó en junio la denuncia constitucional contra el expresidente Manuel Merino y exfuncionarios de su gobierno, por las muertes de dos jóvenes y lesiones graves a decenas de personas que ejercían legítimamente su derecho a la protesta en noviembre de 2020. Esta decisión, que impide a la Fiscalía continuar con una investigación que permita el acceso oportuno a justicia y verdad, promueve un clima de impunidad ante la comisión de delitos contra el ejercicio del derecho a la protesta pacífica.
En esa misma línea, la vigencia de la Ley de Protección Policial, desde marzo de 2020, mantiene la puerta abierta a la impunidad ante situaciones de abuso policial y represión estatal contra quienes ejercen su derecho a la protesta de manera pacífica.
En los últimos meses, hemos visto también con preocupación el uso injustificado de declaratorias de estados de emergencia, que han implicado la suspensión de derechos fundamentales. Recordamos que las medidas que se tomen en el marco de un estado de emergencia deben sustentarse en una situación extrema y excepcional. Además, reiteramos que recurrir a las fuerzas armadas para el mantenimiento del orden público interno y la seguridad ciudadana contraviene las normas internacionales de derechos humanos, pues sus funciones y entrenamiento no son adecuados para el mantenimiento del control social.
Por otro lado, la protección de personas defensoras del medioambiente y de los derechos humanos sigue siendo insuficiente en el país, y ante el crecimiento de actividades ilícitas como la minería ilegal, la tala ilegal, el narcotráfico o el tráfico de tierras en diferentes regiones, 14 defensores ambientales fueron asesinados en los últimos dos años. Los instrumentos existentes, como el Mecanismo intersectorial para la protección de personas defensoras de derechos humanos en Perú, no están siendo efectivos, y la impunidad frente a los ataques, deja el mensaje de que se puede amenazar, hostigar y asesinar a una persona defensora sin sanción.
A pesar de los peligros que enfrentan, y que se requiere con urgencia fortalecer una institucionalidad ambiental, el Congreso de la República ha archivado nuevamente el Acuerdo de Escazú, herramienta que además de promover la transparencia, participación e información en materia ambiental, es el primer tratado vinculante que incluye medidas específicas para proteger a las personas defensoras de los derechos ambientales.
Finalmente, pese a que hasta enero de 2022 Perú había recibido a 1,3 millones de personas venezolanas que huyeron de violaciones masivas de derechos humanos y requieren protección internacional, persisten discursos y normas anti-inmigración, y el sistema de solicitud de refugio se encuentra cerrado desde 2020. Sumado a ello, la regularización migratoria sigue siendo un proceso oneroso e inaccesible para la mayoría de personas, situación que afecta particularmente a mujeres víctimas de violencia de género, quienes ante el temor de represalias por su estatus migratorio, desisten de buscar justicia.
Ante un escenario caracterizado por claros retrocesos en derechos humanos, Amnistía Internacional Perú insta a los poderes del Estado a desistir de normas que representan una amenaza a los derechos fundamentales de todas las personas, y a garantizar el cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos.
Lima, 26 de julio de 2022