(Lima, 15 de marzo de 2021). En febrero, el Ejecutivo envió al Congreso de la República, para su debate y aprobación, el proyecto de Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Educación, norma que determina y regula las competencias, funciones y estructura orgánica de ese sector.

Amnistía Internacional saluda los avances alcanzados en los últimos años para lograr una educación inclusiva, pero demanda que se incluya explícitamente, en el texto de la Ley que se apruebe, la implementación de los enfoques de derechos humanos y de género, elemento ausente en el proyecto remitido al Legislativo, que debe ser parte de las funciones de los despachos viceministeriales de Educación Básica y Educación Superior.

Es fundamental que la Ley marco de un sector tan importante como Educación, exprese y delinee con precisión la importancia de una educación con enfoque de derechos humanos y con enfoque de género, fortaleciendo las estrategias y planes sectoriales vinculados con la educación sexual integral y la educación para la ciudadanía. En ese sentido, omitir, o no expresar claramente su importancia, así como la necesidad y urgencia de su implementación en la educación, deja la puerta abierta a interpretaciones particulares, iniciativas antiderechos y retrocesos en la materia.

En el marco de la política nacional en materia de igualdad de género, Perú cuenta con normativas como la Ley 28983, Ley de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, o el Decreto Supremo Nº 005-217 MIMP, que dispone la creación de un mecanismo para la igualdad de género en las entidades del gobierno nacional y gobiernos locales. El decreto dispone explícitamente la incorporación del enfoque de género en las políticas y en la gestión institucional para reducir brechas y promover la igualdad entre hombres y mujeres.

Asimismo, existe suficiente normativa nacional e internacional que ampara y promueve el enfoque de derechos humanos en la educación, como la Ley General de Educación, y el Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021, que busca el reconocimiento de la dignidad de la persona humana y la igualdad de todas las personas.

Recordamos que el sector educativo es clave para eliminar estereotipos y prejuicios que generan violencia y situaciones de inequidad. En 2020 se registraron en Perú 131 feminicidios y 15% de las víctimas fueron niñas y adolescentes. En el mismo año, según el Sistema de Registro del Certificado de Nacido Vivo (CNV), el número de niñas menores de 10 años de edad forzadas a ser madres se triplicó con respecto a 2019. Estos indicadores de violencia muestran la necesidad de actuar y avanzar con firmeza.

En ese sentido, las escuelas representan espacios donde niñas, niños y adolescentes deben formar actitudes y valores basados en el respeto e igualdad, y donde las y los estudiantes deben ser reconocidos como sujetos de derecho, con capacidades para defender y exigir sus derechos.

Por todo ello, y conforme con las normativas nacionales y compromisos internacionales asumidos por el Estado Peruano, demandamos a las autoridades incluir explícitamente en la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Educación, el enfoque de género y el enfoque de derechos humanos, como parte de los enfoques transversales de la educación básica y superior.