Lima, 23 de noviembre de 2022. En días previos al 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, Amnistía Internacional reitera su preocupación por el estado de emergencia en el que se encuentran los derechos de las mujeres en Perú, y advierte sobre el impacto negativo que pueden tener un conjunto de iniciativas que se impulsan desde grupos conservadores y antiderechos, y que podrían convertirse en políticas nacionales.
Hace meses, la organización viene denunciando que los derechos de las mujeres siguen en grave riesgo en Perú y que las violencias que enfrentan día a día pueden recrudecerse con el avance de iniciativas legales y normas que buscan limitar sus derechos en diferentes ámbitos. Ante ello, Amnistía Internacional demanda a los poderes del Estado que, más allá de los discursos, reconozcan las violencias que sufren las mujeres implementando políticas concretas para prevenir y eliminar estas violencias, fortaleciendo las medidas para la atención y protección de las víctimas.
Las cifras y testimonios de víctimas o familiares de víctimas de violencia machista dan cuenta de un escenario de terror para niñas, adolescentes y mujeres, entre ellas refugiadas y migrantes, que no encuentran en el Estado peruano un garante de sus derechos.
De acuerdo con cifras oficiales, entre enero y setiembre de este año 19 niñas y adolescentes fueron víctimas de violación sexual cada día. En 2021, a diario, cuatro menores de 14 años fueron obligadas a ser madres en Perú, entre ellas 7 menores de 10 años. Pese a este escenario, este año se dio un golpe de muerte a la educación sexual integral (ESI) con la Ley 31498 (antes PL 904), promulgada en junio. Esta norma deja la puerta abierta a que grupos de padres y madres de familia, bajo sesgos de índole moral, puedan vetar el contenido de materiales educativos, limitando así las funciones del Ministerio de Educación y poniendo en grave riesgo la implementación de la ESI, herramienta imprescindible para prevenir desde la infancia la violencia de género y avanzar hacia una educación basada en la igualdad.
Además, pese a las cifras que muestran cómo numerosas niñas y adolescentes son forzadas a llevar embarazos no deseados, producto de la violencia sexual, el Congreso, a través del proyecto 1520/2021, busca bloquear el derecho que tienen al aborto terapéutico, poniendo en riesgo su salud. La aprobación de esta iniciativa legislativa frenaría también los avances para que las mujeres puedan ejercer su derecho a decidir sobre sus cuerpos, aumentando la criminalización hacia quienes facilitan el acceso a esta práctica, entre ellos operadores de salud.
La desaparición de mujeres, los feminicidios y la trata de mujeres muestran también que los derechos de las mujeres están en emergencia en Perú. De enero a agosto de este año han sido denunciados 88 casos de feminicidio y es posible que al cerrar 2022 los casos sean mayores a los 147 registrados en 2021. Además, la desaparición de mujeres no da tregua y desde hace al menos dos años 36 casos de desaparición son reportados cada día. Las redes de trata de mujeres con fines de explotación sexual y laboral son otro espacio de grave vulneración y riesgo para la vida de las mujeres. Si bien hay una gran opacidad en este ámbito, a lo que va del año 703 mujeres refugiadas fueron rescatadas de la trata en el país.
“En Amnistía Internacional estamos sumamente preocupados por políticas que dan la espalda a las violencias que las mujeres y niñas enfrentamos a diario en las calles, casas, centros educativos y centros laborales. Las normas y políticas actuales, así como las de reciente aprobación, recrudecen la violencia. El Estado peruano no puede ser un agresor de las mujeres. Todo lo contrario, tiene que garantizar sus derechos”, dijo Marina Navarro, directora de Amnistía Internacional Perú.
IMPUNIDAD QUE REVICTIMIZA
Amnistía Internacional trabaja cerca a grupos de víctimas de violencia machista y sus familiares, quienes enfrentan diferentes tipos de trabas y obstáculos para acceder a la justicia. Esa impunidad en la búsqueda de justicia por violencia sexual o para saber qué paso con una hija, hermana o madre que se encuentran desaparecidas y que podrían ser víctimas de feminicidio o trata de personas representa también una forma de violencia.
En ese sentido, las mujeres víctimas de violencia sexual durante el conflicto armado interno, y las víctimas de esterilizaciones forzadas llevan más de dos décadas sin acceder a justicia y reparación.
“Justicia que tarda no es justicia. La impunidad revictimiza, suma más violencia y envía a la sociedad el mensaje de que en Perú se puede violar y matar con total impunidad. Tolerancia cero a la violencia machista y a la impunidad”, dijo Ada Santos, activista de Amnistía Internacional en Quillabama, Cusco.
Los días 24, 25 y 26 de noviembre activistas de Amnistía Internacional se movilizarán en varias ciudades del país en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.