La Asamblea Legislativa de El Salvador tiene una oportunidad histórica de rechazar la criminalización del aborto y proteger la salud y la vida de millones de mujeres en el país, dijo Amnistía Internacional antes de un debate que podría traducirse en el primer paso hacia el fin de la penalización del aborto en el país.

“La prohibición total del aborto no es más que una forma de tortura que cada día pone la vida de millones de mujeres y niñas en peligro,” dijo Erika Guevara Rosas, Directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Desde 1988 el aborto está totalmente penalizado en El Salvador, incluso cuando el embarazo es  consecuencia de violación o incesto o cuando la vida de la mujer o la niña embarazada corran peligro. Esta medida no solo ha cobrado las vidas de mujeres y niñas, pero también ha puesto a decenas de mujeres tras las rejas.

La ley actual obliga a mujeres y niñas a recurrir a abortos clandestinos para salvar sus vidas,  y además crea una atmósfera de sospecha hacia las mujeres que sufren un aborto espontáneo u otras emergencias obstétricas. Como consecuencia, mujeres que han tenido complicaciones durante el embarazo han sido procesadas y condenadas tras ser acusadas de “aborto inducido,” con sentencias de hasta 40 años de prisión.

Más de 50,000 activistas de Amnistía Internacional enviaron cartas desde Alemania, Canadá, España, Estados Unidos, Noruega y Suecia, entre otros países, solicitando a las autoridades salvadoreñas ponerle fin a la criminalización del aborto y cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

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Los datos demuestran que la total penalización del aborto no reduce el número de abortos, sino que incrementa el riesgo de que la mujer muera a causa de abortos ilegales e inseguros.

La Organización Mundial de la Salud ha advertido de que las leyes de aborto restrictivas ponen a las mujeres y niñas que viven en la pobreza, y a las que viven en zonas rurales y más aisladas, en un riesgo especial de sufrir abortos inseguros. La penalización del aborto en todas las circunstancias disuade a las mujeres de buscar atención médica y crea un “efecto amedrentador” en el personal médico, que tiene miedo de proporcionar tratamiento que podría salvar la vida a mujeres cuya vida o salud corre peligro a causa del embarazo, o que sufren complicaciones derivadas de un aborto inseguro.