Egipto debe garantizar que las muertes de centenares de manifestantes desde principios de 2011 se investigan de forma independiente y efectiva si desea que el país se aleje de los abusos que caracterizaron la era Mubarak, ha declarado Amnistía Internacional en un informe publicado con motivo del segundo aniversario del comienzo de la "Revolución del 25 de Enero".El informe, titulado Rampant impunity: Still no justice for protesters killed in the "25 January Revolution", expone pormenorizadamente los defectos de las investigaciones y de los enjuiciamientos de los responsables de la muerte de alrededor de 840 personas durante las manifestaciones que acabaron con los más de 30 años de régimen represivo de Hosni Mubarak y desembocaron en la elección del primer presidente civil de Egipto. Al menos 6.600 personas resultaron heridas durante las protestas, que las fuerzas de seguridad reprimieron brutalmente.Desde que el presidente Mohamed Morsi tomó posesión de su cargo han perdido la vida al menos 12 personas en actos de violencia durante las protestas.Según la información recabada por Amnistía Internacional en Egipto, durante el alzamiento, las fuerzas de seguridad usaron gas lacrimógeno, cañones de agua, rifles, balas de goma y munición real contra los manifestantes, en muchos casos cuando éstos no representaban ninguna amenaza.Ningún alto cargo ni mando de las fuerzas de seguridad ha sido declarado culpable ni castigado justamente por causar la muerte o heridas a manifestantes."El presidente Morsi ha rendido homenaje en varias ocasiones a quienes murieron durante la "Revolución del 25 de enero", pero ha adoptado pocas medidas efectivas para garantizar que los responsables respondan de sus actos ante la justicia. De hecho, dos años después del alzamiento, parece que las fuerzas de seguridad gozan de impunidad por los asesinatos", ha declarado Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional. "No garantizando que se castigue a los responsables, el presidente Morsi poco hace para distanciarse de décadas de abusos."Los tribunales egipcios siguen absolviendo a altos mandos y otros oficiales de las fuerzas de seguridad. En algunos casos, las absoluciones se basaron en la falta de pruebas o porque los tribunales declararon que los procesados ejercían su derecho a la defensa propia, pese a que había pruebas bien documentadas de que la policía usó fuerza excesiva y medios letales cuando no eran estrictamente necesarios.Además, el Tribunal de Casación anuló el 13 de enero la sentencia de culpabilidad dictada contra el presidente Hosni Mubarak y su ministro del Interior, Habib El Adly, por complicidad en la muerte de manifestantes, lo que abre la puerta a que sean juzgados de nuevo.Según familiares y abogados entrevistados por Amnistía Internacional, muchas absoluciones y el hecho de que algunos casos ni siquiera fueran juzgados se deben a defectos en la recolección de pruebas como material de vídeo, informes médicos y forenses, y pruebas balísticas, que en muchos casos no fueron examinadas por los tribunales o ni siquiera presentadas ante ellos.El Ministerio del Interior no aportó otros datos esenciales, como grabaciones de comunicaciones telefónicas entre funcionarios de seguridad, registros sobre las fuerzas de seguridad desplegadas y documentos donde constan las armas y municiones entregadas a las fuerzas de seguridad.Las quejas también hacen alusión a la participación de policías en las investigaciones, lo que suscitó el temor de que pudieran manipular pruebas u ocultar información para eximir de responsabilidad a sus colegas e instituciones.Poco después de tomar posesión de su cargo en junio de 2012, el presidente Morsi estableció un comité para investigar las muertes y heridas causadas a manifestantes antes de su investidura. También nombró a un fiscal que prometió nuevas investigaciones y nuevos juicios para los absueltos de matar a manifestantes si aparecían nuevas pruebas.
Algunos familiares de personas que perdieron la vida dijeron a Amnistía Internacional que les había pedido que presentaran nuevas pruebas y que varios testigos habían sido objeto de intimidación."La creación del comité de investigación era un buen paso inicial hacia adelante, pero para que sea realmente positivo, el informe debe hacerse público y deben abordarse las lagunas y defectos de las investigaciones. Las víctimas y la sociedad en su conjunto tienen derecho a conocer toda la verdad", afirmó Hassiba Hadj Sahraoui.La noche del 5 al 6 de diciembre de 2012 murieron 10 personas en enfrentamientos entre partidarios y opositores del presidente Morsi; las fuerzas de seguridad no intervinieron para proteger a los manifestantes de la violencia y las agresiones."El presidente Morsi debe hacer realidad sus promesas y demostrar una enérgica voluntad política de hacer justicia por los abusos contra los derechos humanos cometidos contra manifestantes, garantizando que todos los responsables de la cadena de mando, con independencia de su rango y de su filiación política, rindan cuentas de sus actos. Solo entonces podrá romper con el legado de abusos y evitar nuevas muertes de manifestantes."