Las autoridades peruanas deben abstenerse de hacer uso de fuerza excesiva contra quienes se manifiestan en contra de un gran proyecto minero. Así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional, después de que dos manifestantes hayan muerto por disparos y decenas más hayan resultado heridos en enfrentamientos con la policía.Los enfrentamientos se produjeron durante las manifestaciones del jueves contra el proyecto minero de "Tía María", en la provincia meridional de Islay, según ha informado hoy Amnistía Internacional."Las autoridades peruanas deben investigar los homicidios y emprender un proceso imparcial de consulta con las comunidades que puedan verse afectadas por el proyecto", ha declarado Nuria García, investigadora de Amnistía Internacional sobre Perú.Otro manifestante murió el lunes en enfrentamientos con la policía en la provincia de Islay. Además, otras once personas, entre ellas tres policías, resultaron heridas.Los manifestantes muertos son Aurelio Huarcapoma, de 50 años, y Néstor Cerezo Patana, de 31. Tres manifestantes han muerto ya esta semana en los disturbios. Andrés Taype Chuquipima, de 22 años, murió el lunes, según los informes, de un disparo por la espalda efectuado por la policía.La comunidad del Tambo, en Islay, departamento de Arequipa, lleva dos semanas protestando contra el desarrollo de un proyecto minero por parte de la empresa mexicana Southern Copper, ya que, según afirman, contaminará el agua que usan para la agricultura.El 27 de marzo, el gobierno autorizó el despliegue de tropas para apoyar a la policía durante las manifestaciones de Islay.Las protestas y el malestar social entre las comunidades que reclaman su derecho a ser consultadas respecto a los proyectos mineros y petrolíferos son generalizados en Perú.En algunos casos, los enfrentamientos entre policías y manifestantes se han saldado con decenas de personas muertas o heridas. Durante algunas de estas protestas, Amnistía Internacional ha documentado actos graves de violencia y violaciones de derechos humanos.En junio de 2009, 33 personas, entre ellas 23 agentes de policía, murieron y al menos 200 resultaron heridas en un enfrentamiento entre la policía y las comunidades indígenas del departamento de Amazonas.