Lima, 22 de abril de 2022. “Defender la tierra, territorio y medioambiente no puede seguir costando vidas en Perú. La situación de violencia que enfrentan las personas defensoras en el país, quienes vienen ejerciendo su importante rol de cuidado del planeta solas, sin medidas de protección gubernamentales efectivas, y en un clima de creciente hostilidad e impunidad, es inaceptable”, ha declarado hoy Marina Navarro, directora de Amnistía Internacional Perú, con motivo de celebrarse el Día Internacional de la Tierra. 

En los últimos dos años, al menos 14 personas defensoras de la tierra, territorio y medioambiente han sido asesinadas en Perú, y ante el crecimiento de actividades ilegales como la minería ilegal, la tala ilegal o el tráfico de tierras, en diferentes regiones del país, numerosos defensores de derechos humanos enfrentan amenazas, intimidaciones y ataques. 

El Estado peruano no les ha otorgado garantías efectivas para sus vidas, no ha garantizado la titulación de sus tierras ni los ha defendido adecuadamente del crecimiento de actividades ilegales en sus territorios. Sumado a ello, la mayoría de los ataques han quedado impunes, lo cual ha contribuido al escenario de creciente violencia y vulneración de derechos humanos que hoy enfrentan. 

Por otro lado, a pesar de que América Latina es considerada la región más peligrosa del mundo para quienes defienden el medioambiente, el Congreso de la República no ha ratificado el Acuerdo de Escazú, una herramienta que además de promover la transparencia, participación e información en materia ambiental, es el primer tratado vinculante, que incluye medidas específicas para proteger a las personas defensoras de los derechos ambientales. 

Si bien en 2021 se creó el Mecanismo intersectorial para la protección de personas defensoras de derechos humanos en Perú, y existen otros instrumentos oficiales disponibles para atender situaciones de riesgo que pueden enfrentar, persiste la impunidad frente a la violencia, y al no encararse el crecimiento de actividades ilegales y sus delitos conexos en regiones del país como Ucayali, Amazonas, Junín, Huánuco, Pasco, Madre de Dios y Loreto, el problema se agudiza. 

 “El Estado peruano debe poner a disposición todos sus recursos institucionales y financieros para lograr una real protección de las personas defensoras en el país, evitando que se pierdan más vidas y llevando a la justicia a los responsables de estos crímenes. Un paso importante es el Acuerdo de Escazú, que no debe esperar más para ser ratificado por el Congreso”, dijo Marina Navarro.