En Cuninico (Loreto) y Espinar (Cusco) se vive una grave crisis de salud debido a que sus fuentes de agua están contaminadas con metales tóxicos como cadmio, arsénico, mercurio y plomo. “Estado Tóxico”, un informe de Amnistía Internacional elaborado en 2017, reveló esta grave situación, que lamentablemente persiste, pues no ha sido abordada por las autoridades respectivas con la prioridad y urgencia que requiere.
Los estándares internacionales de derechos humanos[1] establecen que el suministro de agua limpia potable es un elemento fundamental del derecho a la salud, pero en Perú, millones de personas continúan sin acceso a agua potable y segura, y en zonas rurales, la contaminación de ríos y diversas fuentes de agua está generando graves problemas de salud. Entre las causas de esta situación se encuentra el crecimiento de las actividades extractivas formales e informales en el territorio nacional, cuya descarga de efluentes se realiza muchas veces sin tratamiento alguno a diferentes cuencas del país, así como los constantes derrames de petróleo registrados en los últimos años en la Amazonía.
“Tenemos desconfianza de los alimentos que consumimos y del agua que bebemos del río. Esperamos que llueva para guardar agua y poder tomarla y cocinar, pero cuando no llueve tenemos que usar agua del río que está contaminada y afecta nuestra salud. Los niños ahora presentan cólicos, infecciones a la piel, dolores de cabeza, diarrea”, cuenta Flor de María Parana, indígena del pueblo kukama Kukamiria, que vive en la comunidad de Cuninico, en Loreto.
Pese a que se han declarado estados de emergencia sanitaria en esta zona del país, hasta el momento las autoridades no han podido asegurar un sistema que garantice a las personas el derecho al agua potable, respetando sus derechos culturales, ni se han atendido los problemas de salud que presenta la población.
La Plataforma Nacional de Personas Afectadas por Metales Tóxicos, conformada en 2017, exige al Estado peruano acelerar la implementación de los “Lineamientos de política sectorial para la atención integral de las personas expuestas a metales pesados, metaloides y otras sustancias químicas”, aprobados por el Ministerio de Salud en octubre de 2018. Según cifras oficiales, en los últimos años se registran más de 9,000 casos de personas expuestas a metales tóxicos en el país, y se estima que la mayoría de esos casos corresponde a menores de edad.
En este escenario, Amnistía Internacional invoca a las autoridades nacionales, regionales y locales a: