(Lima, 19 de noviembre). La represión policial hacia las movilizaciones, registradas durante los últimos días en Lima, costó la vida de dos jóvenes, y dejó al menos 200 heridos, entre ellos 40 periodistas, según ha informado la Asociación Nacional de Periodistas del Perú. Estos hechos no pueden quedar impunes, y todas las denuncias de violaciones de derechos humanos, particularmente aquellas cometidas por la Policía Nacional del Perú, deben investigarse de manera exhaustiva, independiente e imparcial.  

En ese sentido, Amnistía Internacional demanda a las nuevas autoridades la derogación inmediata de la Ley de Protección Policial (Nº 31012), aprobada por el Congreso y publicada en marzo de este año, pues viola el derecho internacional de los derechos humanos y deja la puerta abierta a la impunidad y al uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas del orden. Asimismo, invoca a las autoridades de justicia, a que mientras esta norma no sea derogada, no sea aplicada para ningún caso, incluyendo los de violencia policial registrados en el contexto de la crisis política en Perú.

“La vigencia de esta norma, que vulnera el principio de uso proporcional de la fuerza, deja un mensaje de posible impunidad a los jóvenes que, ejerciendo su derecho a la protesta, fueron reprimidos por la PNP en las movilizaciones ciudadanas registradas en Lima. Por ello, con la derogación de esta norma debe enviarse una señal clara de tolerancia cero a la impunidad frente a la violación de derechos humanos”, dijo Marina Navarro, directora de Amnistía Internacional Perú.

Los estándares internacionales de derechos humanos establecen que la fuerza no debería utilizarse sino en casos estrictamente necesarios, de manera proporcional, con un propósito legítimo, y que los agentes del orden deben ser sometidos a un proceso de rendición de cuentas.

Entre otros puntos, la Ley Nº 31012 establece una presunción a favor de la policía sobre la razonabilidad del uso de la fuerza letal; es decir, se entiende que el uso de la fuerza por parte de la policía fue razonable hasta que se pruebe lo contrario, entre otras disposiciones preocupantes.

“Mientras duren las investigaciones, es importante garantizar que ninguno de los sospechosos de violaciones de derechos humanos permanezca en su puesto hasta que hayan concluido las investigaciones y se haya descartado de buena fe tal responsabilidad”, señaló Navarro.