Ante la crisis política y social que atraviesa Perú luego de que el Congreso de la República declarara, el día de ayer, la vacancia de la Presidencia de la República por permanente incapacidad moral de Martín Vizcarra, las autoridades de ese país deben poner el respeto por los derechos humanos en el centro de su respuesta inmediata y de sus políticas públicas. En este sentido, las autoridades deben enviar un mensaje inequívoco: el rol de las fuerzas de seguridad debe ser el de proteger a la población, respetando el derecho a la protesta pacífica y el de la Justicia investigar todo acto de violencia y establecer las responsabilidades penales que correspondan.

Tras la declaratoria de vacancia del presidente Martín Vizcarra se produjeron en el país y, particularmente, en Lima, una serie de manifestaciones en contra de la actuación del Congreso de la República. Las mismas se agudizaron hoy durante la asunción como presidente de la República del presidente del Congreso, Manuel Merino. Es importante hacer notar que el Tribunal Constitucional tiene aún pendiente resolver los alcances constitucionales de esta competencia del Congreso, que es objeto de disputa.

Amnistía Internacional ha recibido fotografías y videos donde se muestran efectivos de la Policía Nacional exhibiendo armas de fuego y disparando gas lacrimógeno y municiones contra manifestantes y periodistas, aparentemente hiriéndolos. La organización también ha recibido denuncias de detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza y malos tratos por parte de las fuerzas de seguridad durante las protestas en la ciudad de Lima.

Amnistía Internacional recuerda que el uso excesivo de la fuerza en el control de las manifestaciones es inaceptable y viola obligaciones de derechos humanos que Perú ha contraído y todas sus autoridades deben respetar. Frente a posibles actos de violencia perpetrados por manifestantes en las protestas, las autoridades deben tomar todas las medidas necesarias y conducentes para hacer cesar esos episodios, sin dejar de garantizar que quienes ejercen su derecho a la manifestación pacífica puedan seguir haciéndolo.

En ese contexto, la organización siente preocupación también por algunas declaraciones de congresistas que han sugerido una enmienda de la Constitución y la denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos “para restablecer la pena de muerte para todos estos presidentes corruptos y altos funcionarios”.

Finalmente, la organización demanda a las autoridades a detener inmediatamente la represión de las manifestaciones y garantizar los derechos humanos de todas las personas.