En toda América, durante este año 2012, las defensoras y los defensores de derechos humanos sufren niveles crecientes de intimidación, hostigamiento y ataques a manos de las fuerzas de seguridad, los grupos paramilitares y las bandas criminales, ha afirmado hoy Amnistía Internacional en un nuevo informe titulado Transformar dolor en esperanza: Defensoras y defensores de derechos humanos en América, que se basa en unos 300 casos de intimidación, hostigamiento, ataques y asesinatos de defensoras y defensores de derechos humanos en una decena de países, ocurridos principalmente entre enero de 2010 y septiembre de 2012."En casi todos los países de América se somete sistemáticamente a defensoras y defensores de derechos humanos a hostigamiento, ataques y cargos penales infundados con el fin de impedirles defender los derechos de las personas más marginadas", señala Nancy Tapias Torrado, investigadora de Amnistía Internacional sobre la situación de las defensoras y los defensores de derechos humanos en América.En todo el continente americano, las defensoras y los defensores han sido acusados de ser delincuentes, corruptos, mentirosos, buscapleitos o subversivos, de defender a delincuentes y de apoyar a grupos armados. Estas críticas públicas han sido proferidas tanto por funcionarios del gobierno como por actores no estatales. "Hombres y mujeres que trabajan para proteger los derechos humanos están también en la mira cuando intereses económicos y políticos muy poderosos los perciben como un obstáculo a proyectos de desarrollo de gran envergadura", ha dicho Nancy Tapias.
El informe resalta el caso del padre Marco Arana en Perú, defensor de DD.HH., quien sufre desde hace años una campaña de intimidación y hostigamiento. Él es conocido por criticar abiertamente el impacto de los proyectos mineros en los medios de subsistencia y los derechos humanos de las comunidades del departamento de Cajamarca. El padre Arana es miembro del Grupo de Formación Integral para el Desarrollo Sostenible (GRUFIDES). Esta organización ha estado apoyando activamente a las comunidades que se oponen a la expansión del proyecto de extracción de oro de Yanacocha, consorcio administrado por la empresa estadounidense Newport Mining Corporation.El 4 de julio de 2012, el padre Arana fue detenido por unos agentes de policía cuando protestaba en una plaza pública contra el proyecto Conga. Se quejó de haber sufrido malos tratos mientras estaba bajo custodia policial. El padre Arana fue acusado de "disturbios" y "resistencia a la autoridad". En el momento de ser detenido, el padre Arana llevaba un letrero que ponía: "Agua sí, oro no. No más abusos", y estaba concediendo entrevistas a periodistas. Las autoridades argumentaron que en aquel momento estaba en vigor en Cajamarca el estado de emergencia, que restringía el derecho a la libertad de circulación y asociación. El padre Arana quedó en libertad condicional al día siguiente.El 17 de agosto de 2012, la Corte Superior de Justicia falló a favor de la demanda de hábeas corpus interpuesta en nombre del padre Arana. La Corte determinó que la detención del padre Arana había sido ilegal y arbitraria y que, según las pruebas presentadas, se había efectuado "mediante el uso desproporcionado e inadecuado de la fuerza física por parte de los miembros de la Policía Nacional del Perú". La Corte añadió que los malos tratos habían continuado bajo custodia policial y consideraba que había pruebas suficientes para abrir una investigación sobre la detención y los malos tratos infligidos al padre Arana. Pese a esta sentencia, en el momento de lanzarse el informe, el padre Arana seguía en espera de juicio. Por su parte, él ha presentado contra los agentes de policía que lo detuvieron una denuncia por detención ilegal y tortura.Varios gobiernos de la región han lanzado procesos de consulta con las comunidades afectadas después de que ya se hubiesen adoptado las decisiones importantes, con lo que niegan a las personas el derecho a una consulta y participación significativas en el proceso de toma de decisiones. En estas circunstancias, muchas de las personas cuyos derechos humanos podrían verse afectados no tienen más forma de hacerse oír que emprender acciones y protestas públicas. Sin embargo, a menudo se responde con violencia a tales manifestaciones y se señala, persigue y ataca a las defensoras y los defensores de derechos humanos, con independencia de que hayan participado o no en las protestas.De los casi 300 casos analizados por Amnistía Internacional, sólo en 4 se declaró culpables a los autores materiales.Como en el caso de Marco Arana, casi la mitad de los incidentes documentados por Amnistía Internacional tuvieron lugar en el contexto de disputas de tierras, en países como Brasil, Colombia y Honduras, muchas veces relacionadas con proyectos de desarrollo de gran envergadura dirigidos por empresas privadas.
Además de las personas que trabajan en cuestiones relativas a la tierra y los recursos naturales, suelen sufrir agresiones quienes defienden los derechos de las mujeres y de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexo. Se producen también muchos abusos contra las personas migrantes, contra quienes luchan contra la impunidad de las violaciones a los derechos humanos, así como periodistas, blogueras y blogueros, y dirigentes sindicales.En varios países de América, las defensoras de derechos humanos de las mujeres también han sufrido violaciones, amenazas de violación e intimidación, o se ha amenazado a sus familiares"Cuando las autoridades no protegen a quienes trabajan para defender los derechos humanos de todas las personas y no investigan los ataques perpetrados contra ellos, transmiten el mensaje de que se toleran los ataques", ha afirmado Nancy Tapias. "Los gobiernos deben garantizar que las defensoras y los defensores de derechos humanos disfrutan de protección integral, que incluyen, como mínimo, reconocer la importancia y la legitimidad de su trabajo, investigar plenamente los abusos a los que se enfrentan y proporcionar medidas efectivas de protección."Para mostrar los problemas que sufren los defensores de los derechos humanos en América, así como las medidas que se pueden tomar para protegerlos, Amnistía Internacional y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos invitan al "Foro sobre Protección a los Defensores de los Derechos Humanos", que se llevará a cabo el próximo martes 11 de diciembre a las 6:00 p.m. en el Auditorio del Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú (Av. Camino Real 1075, San Isidro). Además de las intervenciones de diversos defensores de los derechos humanos del Perú, se contará con la presentación de Reynaldo Villalba, representante del Colectivo de Abogados José Alvaro Restrepo de Colombia, y de Daniel Joloy, Director del Área Internacional de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.Descarga el informehttp://www.amnistia.org.pe/descargar/defensores-ddhh-america-2012.pdf
El informe resalta el caso del padre Marco Arana en Perú, defensor de DD.HH., quien sufre desde hace años una campaña de intimidación y hostigamiento. Él es conocido por criticar abiertamente el impacto de los proyectos mineros en los medios de subsistencia y los derechos humanos de las comunidades del departamento de Cajamarca. El padre Arana es miembro del Grupo de Formación Integral para el Desarrollo Sostenible (GRUFIDES). Esta organización ha estado apoyando activamente a las comunidades que se oponen a la expansión del proyecto de extracción de oro de Yanacocha, consorcio administrado por la empresa estadounidense Newport Mining Corporation.El 4 de julio de 2012, el padre Arana fue detenido por unos agentes de policía cuando protestaba en una plaza pública contra el proyecto Conga. Se quejó de haber sufrido malos tratos mientras estaba bajo custodia policial. El padre Arana fue acusado de "disturbios" y "resistencia a la autoridad". En el momento de ser detenido, el padre Arana llevaba un letrero que ponía: "Agua sí, oro no. No más abusos", y estaba concediendo entrevistas a periodistas. Las autoridades argumentaron que en aquel momento estaba en vigor en Cajamarca el estado de emergencia, que restringía el derecho a la libertad de circulación y asociación. El padre Arana quedó en libertad condicional al día siguiente.El 17 de agosto de 2012, la Corte Superior de Justicia falló a favor de la demanda de hábeas corpus interpuesta en nombre del padre Arana. La Corte determinó que la detención del padre Arana había sido ilegal y arbitraria y que, según las pruebas presentadas, se había efectuado "mediante el uso desproporcionado e inadecuado de la fuerza física por parte de los miembros de la Policía Nacional del Perú". La Corte añadió que los malos tratos habían continuado bajo custodia policial y consideraba que había pruebas suficientes para abrir una investigación sobre la detención y los malos tratos infligidos al padre Arana. Pese a esta sentencia, en el momento de lanzarse el informe, el padre Arana seguía en espera de juicio. Por su parte, él ha presentado contra los agentes de policía que lo detuvieron una denuncia por detención ilegal y tortura.Varios gobiernos de la región han lanzado procesos de consulta con las comunidades afectadas después de que ya se hubiesen adoptado las decisiones importantes, con lo que niegan a las personas el derecho a una consulta y participación significativas en el proceso de toma de decisiones. En estas circunstancias, muchas de las personas cuyos derechos humanos podrían verse afectados no tienen más forma de hacerse oír que emprender acciones y protestas públicas. Sin embargo, a menudo se responde con violencia a tales manifestaciones y se señala, persigue y ataca a las defensoras y los defensores de derechos humanos, con independencia de que hayan participado o no en las protestas.De los casi 300 casos analizados por Amnistía Internacional, sólo en 4 se declaró culpables a los autores materiales.Como en el caso de Marco Arana, casi la mitad de los incidentes documentados por Amnistía Internacional tuvieron lugar en el contexto de disputas de tierras, en países como Brasil, Colombia y Honduras, muchas veces relacionadas con proyectos de desarrollo de gran envergadura dirigidos por empresas privadas.Además de las personas que trabajan en cuestiones relativas a la tierra y los recursos naturales, suelen sufrir agresiones quienes defienden los derechos de las mujeres y de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexo. Se producen también muchos abusos contra las personas migrantes, contra quienes luchan contra la impunidad de las violaciones a los derechos humanos, así como periodistas, blogueras y blogueros, y dirigentes sindicales.En varios países de América, las defensoras de derechos humanos de las mujeres también han sufrido violaciones, amenazas de violación e intimidación, o se ha amenazado a sus familiares"Cuando las autoridades no protegen a quienes trabajan para defender los derechos humanos de todas las personas y no investigan los ataques perpetrados contra ellos, transmiten el mensaje de que se toleran los ataques", ha afirmado Nancy Tapias. "Los gobiernos deben garantizar que las defensoras y los defensores de derechos humanos disfrutan de protección integral, que incluyen, como mínimo, reconocer la importancia y la legitimidad de su trabajo, investigar plenamente los abusos a los que se enfrentan y proporcionar medidas efectivas de protección."Para mostrar los problemas que sufren los defensores de los derechos humanos en América, así como las medidas que se pueden tomar para protegerlos, Amnistía Internacional y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos invitan al "Foro sobre Protección a los Defensores de los Derechos Humanos", que se llevará a cabo el próximo martes 11 de diciembre a las 6:00 p.m. en el Auditorio del Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú (Av. Camino Real 1075, San Isidro). Además de las intervenciones de diversos defensores de los derechos humanos del Perú, se contará con la presentación de Reynaldo Villalba, representante del Colectivo de Abogados José Alvaro Restrepo de Colombia, y de Daniel Joloy, Director del Área Internacional de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.Descarga el informehttp://www.amnistia.org.pe/descargar/defensores-ddhh-america-2012.pdf