Este artículo de opinión se publicó originalmente en elHuffington PostGuadalupe Marengo, directora adjunta del Programa Regional para América de Amnistía InternacionalLa espectacular huida de Julian Assange en junio a la embajada de Ecuador en Londres fue un momento de gran dramatismo, pues el fundador de Wikileaks pidió asilo ante su inminente extradición a Suecia, donde está acusado de violación y agresión sexual.Su elección de refugio seguro habrá hecho que muchos europeos busquen sus atlas mundiales para tratar de situar dónde está exactamente el país sudamericano.Quienes seguimos los que ocurre en América, especialmente en relación con los derechos humanos, sabemos que Ecuador está lejos de ser un refugio seguro, sobre todo para las personas más marginadas de la sociedad.Situado en la región occidental de Sudamérica, con una extensa costa orientada al Océano Pacífico, tiene una población de 14,6 millones de habitantes que viven en 272.045 kilómetros cuadrados.Ecuador exporta petróleo, plátanos, gambas, café, cacao, flores cortadas y pescado, y el producto interior bruto per cápita es de 3.850 dólares estadounidenses (en el Reino Unido es de 38.370 dólares).Quizá incluso ya conozcan estos datos, pero, como muestra el informe de Amnistía Internacional publicado hoy, en el país suceden muchas más cosas que la noticia de Assange.Ecuador es el quinto productor de petróleo crudo de América Latina, y éste es la mayor fuente de ingresos del país. La industria comenzó en las décadas de 1970 y 1980, y en la actualidad, los ingresos derivados del petróleo representan la cuarta parte del producto interior bruto de Ecuador y el 40% de los presupuestos del Estado.En los últimos decenios, los gobiernos, incluido el actual del presidente Rafael Correa, conocen la importancia de los recursos naturales. Su explotación, sin embargo, ha desembocado en conflictos sobre el control de las tierras y de esos recursos. Las recientes propuestas de introducir la minería en gran escala en el país han reactivado muchos de estos conflictos.Imaginen que el gobierno de su país anuncia que va a usar su patio, donde su familia lleva siglos viviendo, para perforar en busca de petróleo, sin consultarles siquiera.Esto es precisamente lo que les ha ocurrido a uno de los pueblos indígenas, la comunidad sarayaku.Descubrieron que el gobierno tenía planes de perforar en su territorio cuando oyeron los helicópteros aterrizar en sus tierras llenos de equipos a comienzos de este siglo. Como consecuencia, hasta la fecha sigue habiendo 1,4 toneladas de explosivos enterrados en las tierras de los sarayakus.Diez años después, las autoridades ecuatorianas siguen sin consultar a las comunidades antes de decidir explotar los recursos naturales. A nadie sorprende que en los últimos años las tensiones hayan desembocado en protestas públicas y las protestas en represión.Puede que la minería y el petróleo sean claves para Ecuador, pero no se puede buscar el desarrollo económico a costa de los derechos humanos.Aunque muchos aleguen que las industrias extractivas son beneficiosas para las comunidades locales, es vital que todas las decisiones se tomen respetando el derecho de éstas a ser consultadas. Una consulta que ha de realizarse de buena fe, no después de que se hayan tomado decisiones importantes sobre un proyecto de desarrollo en las reuniones de ministros.Como muestra nuestro informe, el gobierno de Ecuador ha respondido a las quejas de los dirigentes indígenas y campesinos por la ausencia de consultas deteniendo a los manifestantes sin razones legítimas, formulando cargos falsos e imponiendo condiciones estrictas a las fianzas en lo que parece una estrategia para impedir que hablen.En nuestro informe "Para que nadie reclame nada" ¿Criminalización del derecho a la protesta en Ecuador? se exponen las historias de 24 dirigentes que, en total, se enfrentan a 20 cargos de terrorismo, 10 de sabotaje, cuatro de bloqueo de carreteras y uno de homicidio, todos ellos en relación con protestas realizadas en 2009 y 2010.En muchos casos, los jueces han rechazado los cargos y las detenciones por carecer de fundamento. Ocho de los 24 dirigentes siguen siendo objeto de investigación, y están atrapados en actuaciones judiciales o sometidos a las restricciones que imponen sus fianzas.Aunque ninguno de ellos está actualmente en prisión, el hecho de que hayan sido elegidos muestra una pauta preocupante que está teniendo un efecto disuasorio en comunidades enteras que, como es lógico, ahora se lo piensan dos veces antes de denunciar motivos de preocupación legítimos de las medidas que las afectan.En lugar de entablar un diálogo constructivo y de consultar debidamente a las comunidades cuyos medios de subsistencia se verán afectados por las leyes y políticas que propone el gobierno, las autoridades están usando todas las herramientas a su alcance para evitar que la gente exprese su desacuerdo.Un ejemplo claro es el de los dirigentes indígenas Marlon Santi y Delfín Tenesaca, que fueron acusados en junio de 2010 de terrorismo tras participar en una protesta en el contexto de la Cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América.Se abrió una investigación. Según informes, la única prueba contra los activistas era un par de esposas cuya pérdida denunció un policía.El presidente Correa tiene el derecho y la obligación de garantizar el orden público en su país y de proponer proyectos de desarrollo. Sin embargo, usar el sistema judicial como vía para disuadir a las personas de expresar su desacuerdo no es una solución. Además, seguir imponiendo cambios sin consultar debidamente con las personas afectadas podría poner a Ecuador en una trayectoria de conflicto social continuo.Es evidente que Julian Assange considera que Ecuador es un refugio seguro, pero para muchas de las personas que viven allí, firmemente arraigadas en sus tierras, la justicia sigue siendo una realidad lejana. Espero que aquellas personas cuyos ojos se han posado por un momento en este país mantengan su mirada el tiempo suficiente como para ver todo el panorama.