El repunte en el número de activistas de derechos humanos que fueron víctimas de homicidio el mes pasado pone de manifiesto el peligro constante al que se enfrentan quienes denuncian los abusos continuos. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy, mientras se inician en Ecuador las largamente demoradas conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
La organización pide al gobierno que brinde de inmediato protección efectiva a los defensores y defensoras de los derechos humanos en situación de riesgo después de que al menos 10 hayan sido víctimas de homicidio únicamente en el mes de enero: casi el doble de la media mensual del año pasado.
“El proceso de paz en Colombia es una luz brillante al final de un túnel largo y oscuro que ya ha traído algunos beneficios tangibles a muchos colombianos y colombianas. Sin embargo, a menos que cesen, los homicidios de activistas dejarán una mancha indeleble en cualquier acuerdo de paz que se alcance”, ha manifestado Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
“Estos valientes activistas están siendo silenciados por poderosos intereses económicos y políticos locales y regionales, así como por diversos grupos armados, incluidos paramilitares, por defender sus derechos o exponer la trágica realidad del país.”
El fuerte descenso que, desde el inicio de las conversaciones de paz con las FARC, se ha observado en la violencia relacionada con los combates que afecta a la población civil ha ofrecido un atisbo de lo que podría ser la Colombia posterior al conflicto. Sin embargo, el aumento de los homicidios de líderes comunitarios y activistas que defienden el derecho a la tierra y al medio ambiente –el año pasado fueron víctimas de homicidio aproximadamente 80–, así como la información sobre la creciente actividad paramilitar en regiones como Urabá, en el noroeste del país, podría socavar esos logros.
Entre los homicidios cometidos este año se encuentran los del líder comunitario afrodescendiente Emilsen Manyoma y su compañero Joe Javier Rodallega. Ambos fueron vistos con vida por última vez el 14 de enero, y sus cadáveres fueron descubiertos el 17 de enero en Buenaventura, departamento de Valle del Cauca.
Justicia El acuerdo sobre justicia alcanzado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) el año pasado, que se está debatiendo actualmente en el Congreso, y que beneficiará también a los miembros de las fuerzas armadas y probablemente se aplicará al ELN, constituye un paso adelante en lo relativo a hacer realidad el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.
Sin embargo, no cumple plenamente lo dispuesto en el derecho internacional, en parte porque la definición de responsabilidad de la cadena de mando utilizada en el acuerdo es demasiado limitada y, por tanto, haría que resultara muy difícil llevar a los mandos de la guerrilla y de las fuerzas de seguridad ante la justicia por los delitos cometidos por sus subordinados.
“La auténtica paz sólo se hará realidad cuando todos los sospechosos de ser penalmente responsables de algunos de los crímenes más atroces imaginables rindan cuentas adecuadamente en juicios con las debidas garantías”, ha manifestado Erika Guevara Rosas.
“Deben adoptarse medidas efectivas para poner fin a los homicidios de defensores y defensoras de los derechos humanos, y debe garantizarse la seguridad de las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas en muchas zonas rurales, unas comunidades que siguen siendo blanco de ataques, principalmente a manos de grupos paramilitares.”
Información complementaria Tras el inicio de la implementación del acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el gobierno está iniciando conversaciones con el ELN, después de que, el 2 de enero, el grupo liberara a uno de sus rehenes más destacados, Odín Sánchez.