Colombia: Gobierno debe proteger a personas defensoras de los derechos humanos y comunidades ante creciente violencia

El gobierno colombiano debe reconocer el aumento en el nivel de violencia en contra de personas defensoras de los derechos humanos y comunidades aún afectadas por el conflicto, así como tomar medidas urgentes para protegerlas, Amnistía Internacional dijo hoy, en el Día de la Memoria y Solidaridad con las víctimas del conflicto armado.

“El gobierno colombiano no puede hacer caso omiso de la terrible y creciente ola de asesinatos y amenazas en contra de quienes defienden los derechos humanos y sus comunidades. La ausencia del Estado y su debilidad para garantizar los derechos humanos ha creado el ambiente propicio para que se ataquen los liderazgos comunitarios con impunidad,” dijo Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas.

“Esta violencia lesiona profundamente el tejido social necesario para avanzar en la implementación del Acuerdo de Paz. El Estado debe asumir inmediatamente su responsabilidad de garantizar la vida e integridad de las personas defensoras, particularmente las que defienden a la tierra, el territorio, el medio ambiente y aquellas que ejercen un liderazgo social en comunidades que enfrentan aun los estragos del conflicto armado.”                                                         

Según cifras oficiales del Estado colombiano, 148 personas defensoras de los derechos humanos fueron asesinadas entre el 1 de enero de 2017 y el 27 de febrero de 2018.

”Ante el violento panorama de asesinatos, amenazas y hostigamiento, es profundamente alarmante que la respuesta de altas instancias del Estado colombiano se limite a negar que las personas son asesinadas en razón de su liderazgo y labor de defensa de los derechos humanos.”

El gobierno debe reconocer que en el país, históricamente, se han presentado dinámicas de violencia contra quienes defienden el interés público y los derechos humanos, y desde allí se podrá fortalecer el sistema de respuesta ante estos crímenes y mecanismos de protección integral y prevención.

Los liderazgos comunales, campesinos, de víctimas y de aquellas personas que defienden el territorio y los recursos naturales, y las que defienden la implementación territorial del Acuerdo de Paz y los procesos de restitución de tierras, deben contar con plenas garantías y ser una prioridad para el gobierno colombiano, si se quiere alcanzar una paz sostenible y duradera.