Las autoridades chinas deben detener los planes de desalojar por la fuerza de manera inminente a los últimos residentes que quedan en la localidad de Ba Gou, a las afueras de Pekín, ha afirmado Amnistía Internacional.Las viviendas van a ser demolidas para habilitar espacio para un proyecto de urbanización comercial, y entre las personas amenazadas se encuentran una activista del derecho a la vivienda y su familia."El gobierno local debe detener de inmediato todas las iniciativas para desalojar por la fuerza a las personas que viven en Ba Gou, y también proporcionar una indemnización adecuada a los miles que han perdido ya sus hogares en esa localidad", ha afirmado Catherine Baber, directora del Programa Regional para Asia y Oceanía de Amnistía Internacional.Más de 5.000 familias han sido desalojadas desde 2003 de la población de Ba Gou, en un marco de intimidación y amenazas de violencia. Han Ying, destacada activista contra los desalojos y las demoliciones, ha sido objeto en repetidas ocasiones de acciones de las autoridades.Han Ying dijo a Amnistía Internacional que, desde el mes de julio, la población de Ba Gou había recibido frecuentes visitas de hombres no identificados vestidos con uniformes policiales y de matones a sueldo que amenazan con demoler las casas. La anciana madre de Han Ying resultó herida el 16 de agosto en un enfrentamiento con la policía que intentaba derribar edificios."Se trata de un comportamiento indignante por parte de las autoridades chinas, que intentan amenazar, intimidar y expulsar a la gente de sus hogares sin el debido proceso para dejar espacio para intereses comerciales", ha afirmado Catherine Baber.Después de meses de hostigamiento por parte de las autoridades -y a pesar del recurso contra el desalojo que se halla en espera de resolución en un tribunal de Pekín-, la semana pasada el gobierno local dio a las seis familias que aún quedan en Ba Gou un plazo de cinco días antes de proceder a su desalojo el viernes 13 de septiembre. Decenas de personas no identificadas, algunas vestidas con uniformes policiales y portando material antidisturbios, se han congregado en la población y amenazan con demoler las casas que aún quedan en pie.Las autoridades que intentan desalojar a los residentes de Ba Gou no han ofrecido a estas personas una indemnización adecuada ni un lugar alternativo para vivir. Aunque el gobierno ofreció alguna indemnización a las familias que habían perdido sus hogares, ésta no cumplía los criterios establecidos en la legislación china y fue rechazada por los residentes por no ser ni con mucho suficiente."Los desalojos forzosos constituyen una clara violación del derecho internacional, y Han Yin, su familia y otras personas de la localidad se quedarán sin hogar si este desalojo sigue adelante tal como está planeado. Han Yin y otros residentes de Ba Gou llevan ya varios años sufriendo el hostigamiento de las autoridades", ha afirmado Baber.Amnistía Internacional ha documentado el aumento de los desalojos forzosos violentos en China mientras las autoridades locales intentan saldar cuantiosas deudas confiscando tierras y vendiéndolas después en tratos sospechosos con promotores inmobiliarios.Los gobiernos locales han pedido ingentes sumas de dinero en préstamo a bancos estatales para financiar proyectos comerciales y ahora cuentan con la venta de terrenos para hacer frente a los pagos. A menudo contratan los servicios de matones para propinar palizas a los residentes y obligarles a abandonar sus hogares.Estas acciones se han saldado con muertes, palizas, hostigamiento y encarcelamiento de residentes que han sido expulsados por la fuerza de sus hogares en todo el país, tanto en el medio rural como en áreas urbanas.