Amnistía Internacional lamenta la muerte de al menos 17 personas en Ayacucho, Apurímac, Arequipa, Junín y La Libertad en el escenario de protestas sociales, y advierte que la forma en que las fuerzas militares y policiales han intervenido en la situación va en contra de los estándares internacionales de derechos humanos y puede agudizar la actual crisis. 

Desde la declaratoria del estado emergencia a nivel nacional, el 15 de diciembre, Amnistía Internacional ha continuado recibiendo numerosas denuncias sobre violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas militares y policiales en las protestas sociales, que van desde el uso excesivo de la fuerza y privaciones de la libertad sin respetar el debido proceso, hasta la tortura. 

Existe suficiente evidencia en América Latina de la vulneración de los derechos humanos por parte de las fuerzas militares en el control del orden interno, pues el entrenamiento que reciben y las funciones que desempeñan ordinariamente están dirigidos a cumplir objetivos diferentes. Así, mientras las fuerzas militares tienen un enfoque de protección frente a amenazas contra la integridad y la soberanía de un Estado y, por lo tanto, se entrenan para derrotar a un enemigo, las fuerzas de policía tienen como marco el mantenimiento del orden público y la protección de las personas.  

“Ante la evidencia del impacto negativo de la respuesta militarizada a la actual crisis en el Perú, demandamos el retiro de las fuerzas militares del control de protestas, mientras no se pueda asegurar que quedarán sometidas al mando civil y que actuarán dentro de un marco de derechos humanos sin hacer uso ilegítimo de la fuerza y de armas letales. Exigimos el cese inmediato del uso excesivo de la fuerza por parte de todas las fuerzas estatales, y la búsqueda de una salida urgente, a través del diálogo, que detenga la escalada de violencia y prevenga la muerte de más personas”, señaló Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.  

Amnistía Internacional recuerda que, bajo el derecho internacional, las fuerzas militares que son destinadas a desarrollar actividades de mantenimiento del orden público y aplicación de la ley se encuentran obligadas por los mismos estándares que las fuerzas policiales. Esto incluye, por ejemplo, respetar las normas y regulaciones sobre uso de la fuerza. 

Reiteramos que, ante hechos de violencia en el marco de una protesta o movilización, las fuerzas del orden deben individualizar la respuesta hacia quienes sean responsables, siempre en el marco de los principios de estricta necesidad, proporcionalidad, finalidad legítima y rendición de cuentas y, en ningún caso, reprimir de manera indiscriminada a quienes ejercen su derecho a protestar y manifestarse públicamente, afectando a quienes lo hacen de manera pacífica. 

Demandamos la investigación pronta, imparcial y oportuna, así como la identificación de responsabilidades de todo tipo por las violaciones de derechos humanos fruto de la represión registrada desde que empezaron las protestas en todo el país el pasado 7 de diciembre. Esto incluye que la Fiscalía inicie las investigaciones correspondientes por la muerte de por lo menos 17 personas y las lesiones graves sufridas por decenas de personas. 

“Las autoridades le están dando la espalda a la ciudadanía y están enviando a las fuerzas del orden a resolver con represión un problema que debe solucionarse con diálogo. La seguridad de la población no se puede garantizar vulnerando derechos humanos”, dijo Marina Navarro, directora de Amnistía Internacional Perú.