"El defensor Cesar Estrada fue condenado a 10 años de cárcel en un proceso penal que tuvo como objetivo hostigarlo e intimidarlo por su trabajo en la defensa de los derechos humanos y además enviar un mensaje a otros miembros de su comunidad para que no continúen con su labor de defensa".

"Según información recibida por Amnistia Internacional, su condición de salud está gravemente comprometida. Cesar teme buscar ayuda médica especializada por miedo a ser aprehendido y llevado a la cárcel. De producirse, dicha detención seria arbitraria porque su condena es consecuencia de la violación del derecho a un juicio justo".

"El 6 de agosto habrá una nueva instancia judicial para solicitar la libertad de Cesar. Reiteramos una vez más que usar indebidamente el sistema de justicia para acallar las voces de las personas defensoras de derechos humanos es contrario a las obligaciones internacionales del Estado peruano y que los tres poderes del Estado deben cumplir con dichas obligaciones".