(Lima, 22 de abril de 2022). El Congreso peruano debe rechazar el proyecto de ley presentado por el Consejo de Ministros, que propone la castración química como pena accesoria para las personas condenadas por delitos contra la libertad sexual.

La castración química consiste en eliminar el impulso sexual mediante un tratamiento farmacológico u hormonal. Para Amnistía Internacional, como medida punitiva es una pena cruel, inhumana y degradante, que reduce la respuesta al control de la libido sexual, invisibilizando la causa estructural de este grave problema: la violencia machista.

La organización considera que las respuestas para enfrentar la violencia sexual, y en específico el abuso sexual infantil, deben ser integrales, partiendo por fortalecer los mecanismos de prevención y sanción. En esa línea, es fundamental garantizar la educación sexual integral en la educación básica para todos los estudiantes, la atención oportuna y adecuada a las víctimas de violencia sexual, así como investigaciones penales inmediatas y el enjuiciamiento de los perpetradores de estos delitos.

 “Los casos crecientes de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes son una muestra desgarradora de la violencia generalizada en la que vive la sociedad peruana. No hay palabras para describir esta atrocidad. Debemos buscar que ninguna persona, en especial ningún menor de edad, sea víctima de violencia sexual, pero someter a los perpetradores a castración química, además de sumar una crueldad a otra, no lo garantiza", dijo Marina Navarro, directora de Amnistía Internacional Perú.

Amnistía Internacional recuerda que la castración química forzada incumple la prohibición, en virtud del derecho internacional, de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, establecida en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, tratados de los que Perú forma parte.