La gigantesca represa hidroeléctrica que se está construyendo en la provincia canadiense de la Columbia Británica vulnera los compromisos contraídos por Canadá con el respeto de los derechos humanos de los pueblos indígenas; así lo afirma Amnistía Internacional en un nuevo documento.La publicación de este documento el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo marca el inicio de una campaña global de Amnistía Internacional para que se detenga la construcción de la represa Site C, que privará a las comunidades indígenas de la región del valle del río de la Paz del acceso a tierras y aguas fundamentales para sus culturas y medios de vida."La construcción de la represa Site C ilustra el persistente abismo entre retórica y realidad cuando se trata de los derechos de los pueblos indígenas de toda América", ha afirmado Erika Guevara-Rosas, directora del Programa de Amnistía Internacional para América."Se ha pasado por encima de unos derechos protegidos en virtud de un tratado histórico, de la Constitución de Canadá y de las normas internacionales de derechos humanos en nombre de un proyecto de desarrollo que no tiene justificación ni finalidad claras y que tampoco cuenta con el consentimiento de los pueblos indígenas que sufrirán las consecuencias de su construcción."La represa Site C inundaría más de 100 kilómetros del río de la Paz y sus afluentes. Esta tierra forma parte de los territorios tradicionales de los numerosos pueblos indígenas que viven en la región.
Representantes del gobierno canadiense han reconocido abiertamente que en el proceso decisorio que dio paso a la aprobación de la construcción no se tuvo en cuenta en ningún momento si el proyecto de la represa era compatible con las obligaciones jurídicas de Canadá respecto a los pueblos indígenas. La construcción ha seguido adelante a pesar de que las primeras naciones de Moberly Occidental y río Profeta han acudido a los tribunales para impugnar la legalidad de la represa Site C.La construcción de la represa Site C es especialmente preocupante debido a que la producción generalizada de petróleo y gas, así como otras actividades de extracción de recursos en la región, ya han mermado en gran medida las tierras a disposición de las naciones indígenas para celebrar ceremonias, cosechar alimentos para sus familias o transmitir su cultura y tradición a las nuevas generaciones."No basta con que los gobiernos digan que respetan los derechos de los pueblos indígenas; deben demostrar con su actuación que los respetan en todo momento. Cualquier otra cosa sería una continuación de los mismos patrones de racismo y discriminación que durante siglos han causado el empobrecimiento de los pueblos indígenas en todo el planeta", ha afirmado Erika Guevara-Rosas.El jefe Roland Willson, de las primeras naciones de Moberly Occidental, contó a Amnistía Internacional: "Nunca hemos dicho que no a la producción de energía. Lo que hemos dicho es: 'protejamos el valle'. Es el último reducto de nuestras tierras que queda relativamente intacto".La jefa Lynette Tsakoza, de la primera nación del río Profeta, dijo: "Aún no es tarde para cambiar de rumbo. Los daños causados en el río de la Paz todavía no son irreversibles. Parar la construcción de la represa Site C es la oportunidad perfecta para demostrar a toda la población canadiense que el gobierno se toma en serio la reconciliación".Más de 46.000 personas ya han firmado una petición contra la represa lanzada por Amnistía Internacional en Canadá. Amnistía Internacional está animando a su membresía en todo el mundo para que escriban a las autoridades canadienses y les pidan que pongan fin de inmediato a la construcción de la represa, y así puedan protegerse los derechos de los pueblos indígenas.
Representantes del gobierno canadiense han reconocido abiertamente que en el proceso decisorio que dio paso a la aprobación de la construcción no se tuvo en cuenta en ningún momento si el proyecto de la represa era compatible con las obligaciones jurídicas de Canadá respecto a los pueblos indígenas. La construcción ha seguido adelante a pesar de que las primeras naciones de Moberly Occidental y río Profeta han acudido a los tribunales para impugnar la legalidad de la represa Site C.La construcción de la represa Site C es especialmente preocupante debido a que la producción generalizada de petróleo y gas, así como otras actividades de extracción de recursos en la región, ya han mermado en gran medida las tierras a disposición de las naciones indígenas para celebrar ceremonias, cosechar alimentos para sus familias o transmitir su cultura y tradición a las nuevas generaciones."No basta con que los gobiernos digan que respetan los derechos de los pueblos indígenas; deben demostrar con su actuación que los respetan en todo momento. Cualquier otra cosa sería una continuación de los mismos patrones de racismo y discriminación que durante siglos han causado el empobrecimiento de los pueblos indígenas en todo el planeta", ha afirmado Erika Guevara-Rosas.El jefe Roland Willson, de las primeras naciones de Moberly Occidental, contó a Amnistía Internacional: "Nunca hemos dicho que no a la producción de energía. Lo que hemos dicho es: 'protejamos el valle'. Es el último reducto de nuestras tierras que queda relativamente intacto".La jefa Lynette Tsakoza, de la primera nación del río Profeta, dijo: "Aún no es tarde para cambiar de rumbo. Los daños causados en el río de la Paz todavía no son irreversibles. Parar la construcción de la represa Site C es la oportunidad perfecta para demostrar a toda la población canadiense que el gobierno se toma en serio la reconciliación".Más de 46.000 personas ya han firmado una petición contra la represa lanzada por Amnistía Internacional en Canadá. Amnistía Internacional está animando a su membresía en todo el mundo para que escriban a las autoridades canadienses y les pidan que pongan fin de inmediato a la construcción de la represa, y así puedan protegerse los derechos de los pueblos indígenas.