Amnistía Internacional relanza campaña mundial en favor de los derechos sexuales y reproductivos.Millones de personas de todo el mundo ven su salud y su vida amenazadas por la falta de medidas de los gobiernos para garantizarles sus derechos sexuales y reproductivos, señala Amnistía Internacional con ocasión del lanzamiento de una campaña global sobre este asunto."Es increíble que en el siglo XXI haya países que consienten el matrimonio prematuro y la violación conyugal, o que criminalizan el aborto, las relaciones sexuales fuera del matrimonio y las relaciones homosexuales, llegando incluso a castigarlos con la muerte", apunta Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional.La campaña Mi cuerpo, mis derechos anima a la juventud de todo el mundo a conocer y exigir su derecho a tomar decisiones sobre su salud, su cuerpo, su sexualidad y su reproducción sin control del Estado, temor, coacción ni discriminación. También tiene por objeto recordar a los líderes del mundo su obligación de tomar medidas positivas, especialmente por medio del acceso a los servicios de salud.En tal sentido, Shetty enfatiza: "Los Estados deben tomar medidas positivas, lo que implica no sólo anular las leyes opresivas, sino también promover y proteger los derechos sexuales y reproductivos; proporcionar información, educación y servicios, y poner fin a la impunidad de la violencia sexual."

En América Latina y el Caribe, las persistentes desigualdades sociales y de género son las principales causas de las alarmantes violaciones a los derechos sexuales y reproductivos en la región. Dentro de las más comunes se encuentran: mortalidad materna prevenible, infecciones de transmisión sexual, incluida la persistencia de VIH en jóvenes, así como la falta de respuesta a las necesidades de planificación familiar, particularmente de poblaciones vulnerables como aquellas viviendo en pobreza o en áreas rurales.

Indígenas, afrodescendientes, adolescentes, migrantes y personas con discapacidad, entre otros también representan grupos humanos particularmente vulnerables en dicho contexto. Por si fuera poco, la región tiene la tasa de embarazo adolescente (niñas de entre 15 y 19 años) más alta del mundo después de África Subsahariana.Los movimientos, principalmente de mujeres y jóvenes, que luchan por la vigencia de los derechos sexuales y reproductivos en la región han conseguido victorias importantísimas y están más fuertes que nunca para enfrentar los continuos desafíos. Amnistía Internacional reconoce y valora el aporte de estos colectivos y también se suma a esta lucha.Puntualmente hablando, en el Perú Amnistía Internacional se ha sumado al reclamo de miles de mujeres campesinas que afirman haber sido esterilizadas de manera forzosa durante la década de los años noventa. La campaña de recolección de firmas para solicitarle al Estado peruano que revise la decisión de archivar estas denuncias continúa en marcha y forma parte también de las actividades que el movimiento internacional realizará en Perú dentro del marco de la campaña Mi cuerpo, mis derechos.Del mismo modo, en el curso de esta campaña de dos años de duración, AI publicará una serie de informes puntuales sobre varios países donde se niegan derechos sexuales y reproductivos. Entre estos países figuran los del Magreb, donde se obliga a niñas violadas a casarse con su violador; El Salvador y otros países, donde se impide a las mujeres y las niñas abortar a pesar de que existan riesgos para su salud, e incluso para su vida, y Burkina Faso, donde se obliga a tener hijos a niñas de muy corta edad."Con esta campaña queremos contribuir a que la próxima generación tome conciencia de sus derechos sexuales y reproductivos y los reclame. Unidos, queremos transmitir a los gobiernos el mensaje claro e inequívoco de que este enorme control viola los derechos humanos y es del todo inadmisible", concluye Salil Shetty. INFORMACIÓN ADICIONALLa organización ha publicado un informe en el que pone de relieve la creciente represión que se ejerce contra los derechos sexuales y reproductivos en muchos países del mundo, que dan prioridad a políticas represivas a costa de los derechos humanos y las libertades básicas.En el informe se reseñan estadísticas y conclusiones de investigaciones que auguran a la próxima generación un futuro lleno de riesgos si el mundo continúa haciendo caso omiso de la represión de los derechos sexuales y reproductivos.ESTERILIZACIONES FORZADAS EN PERÚHa pasado un año desde que la Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima decidió archivar la denuncia de más de 2000 mujeres peruanas que afirman haber sido esterilizadas contra su voluntad. Con motivo de la efeméride, Amnistía Internacional exhorta nuevamente al Estado peruano a reconsiderar esta aberrante y lamentable decisión. 

Las 2.000 víctimas incluidas en la investigación fiscal representan sólo una pequeña parte de las más de 200,000 mujeres indígenas y campesinas que habrían sido esterilizadas durante esos años, en su gran mayoría sin que hubieran dado el debido consentimiento. Con esta decisión se reafirma que los derechos de las mujeres indígenas y campesinas siguen sin ser protegidos y se refuerza la discriminación que han sufrido durante cientos de años.Como se recuerda, el 22 de enero de 2014, la referida Fiscalía archivó los casos de 2074 mujeres que presuntamente fueron sometidas a esterilizaciones forzadas en la década de 1990. Tras una investigación, que comenzó en 2004 y duró casi 10 años, la Fiscalía solamente presentó cargos contra el personal médico presuntamente responsable de la esterilización forzada y posterior muerte de María Mamérita Mestanza Chávez en 1998. No se formularon cargos contra ninguna de las autoridades gubernamentales encargadas de poner en marcha el programa de planificación familiar que dio lugar a tales esterilizaciones.Con motivo de esta decisión, Amnistía Internacional lanzó una campaña de recolección de firmas para exigir al Gobierno peruano que no le niegue el derecho a la justicia y reparación a miles de peruanas.Más de 6000 personas en todo el Perú se sumaron a la petición de Amnistía Internacional y sus firmas han sido entregadas a la Fiscalía de la Nación y al Ministerio de la Mujer.Activistas y simpatizantes de Amnistía Internacional tanto en el país como en todo el mundo, se han unido a las organizaciones Peruanas de DDHH para exigir al Estado que cumpla con su obligación de garantizar el derecho a la justicia y la reparación de todas las víctimas de esterilización forzada.Pese a estos esfuerzos, la Fiscalía de la Nación no ha dado una respuesta oficial y un año después miles de mujeres que llevan casi dos décadas pidiendo justicia siguen sin ser escuchadas.Amnistía Internacional observa con suma preocupación la falta de respuesta por parte de las autoridades y reitera su pedido al Estado peruano, enfatizando el carácter prioritario que debería tener en la agenda de DDHH este reclamo colectivo aún sin atender. Solo con una respuesta clara y contundente de que estas graves violaciones a los derechos humanos serán investigadas y los responsables llevados ante la justicia se estará enviando una señal clara de que la discriminación contra mujeres indígenas y campesinas es totalmente inaceptable en el Perú del siglo 21.