Boko Haram ha matado a casi 400 civiles en el norte de Camerún, en tanto que la dura respuesta de las fuerzas de seguridad y las inhumanas condiciones de reclusión también han ocasionado decenas de muertes, afirma Amnistía Internacional en un informe publicado hoy.Basado en tres visitas de investigación llevadas a cabo en 2015, el informe Human rights under fire: attacks and violations in Cameroon's struggle with Boko Haram documenta cómo Boko Haram ha matado al menos a 380 civiles desde enero de 2014.En su respuesta, las fuerzas de seguridad camerunesas han asaltado poblados, destruyendo viviendas, matando a civiles y deteniendo a más de 1.000 sospechosos, algunos de sólo cinco años de edad. No se han investigado de forma efectiva incidentes graves, entre ellos uno en el que al menos 25 personas murieron bajo custodia. Más de 130 personas continúan desaparecidas."A medida que Boko Haram ha llevado su violencia a Camerún, la población civil está cada vez más en la línea de fuego. Con los homicidios indiscriminados, la destrucción de bienes civiles, el secuestro de personas y el uso de niños y niñas como atacantes suicidas, Boko Haram ha cometido crímenes de guerra y ha causado miedo y sufrimientos indecibles a la población civil", ha afirmado Alioune Tine, director de Amnistía Internacional para África Occidental y Central."Al mismo tiempo, si bien han proporcionado una protección muy necesaria a la población civil, la respuesta de las fuerzas de seguridad camerunesas también ha estado empañada por graves violaciones de derechos humanos. Las fuerzas de seguridad de Camerún han causado la muerte de civiles, mediante homicidios ilegítimos o uso excesivo de la fuerza. Se ha detenido arbitrariamente a personas, y a muchas se las ha recluido en condiciones inhumanas, lo que ha dado lugar a decenas de muertes."Crímenes de guerra cometidos por Boko HaramDesde mediados de 2014, los combatientes de Boko Haram han atacado decenas de ciudades y poblados en la región más septentrional de Camerún, donde han matado y secuestrado a civiles, incendiado cientos de casas y saqueado ganado y otras propiedades.En una incursión llevada a cabo el 15 de octubre de 2014, combatientes de Boko Haram mataron por disparos o degollaron al menos a 30 personas en la ciudad fronteriza de Amchide. Un testigo presencial contó a Amnistía Internacional: "Vi a combatientes de Boko Haram degollar brutalmente al menos a dos vecinos míos."El 17 de abril de 2015, más de 100 combatientes de Boko Haram tomaron por asalto la ciudad de Bia y mataron a 16 civiles, entre ellos dos menores de edad.Un testigo relató a Amnistía Internacional cómo los insurgentes prendieron fuego a más de 150 casas: "En un barrio tras otro, mataron a la gente y lo incendiaron todo".Desde julio de 2015, una serie de atentados suicidas con bomba en los que se ha utilizado a niñas de tan sólo 13 años se han cobrado más de 70 vidas. Un total de 13 civiles murieron y más de 100 resultaron heridos en tres ataques suicidas con bomba perpetrados en Maroua los días 22 y 23 de julio de 2015.Dura respuesta de las fuerzas de seguridadDesde 2014, las fuerzas de seguridad camerunesas han detenido y recluido a más de 1.000 personas sospechosas de apoyar a Boko Haram. La mayoría de las detenciones se practicaron en operaciones masivas de "filtrado" o en redadas de "acordonamiento y registro" en las que las fuerzas de seguridad detuvieron a decenas, a veces centenares, de hombres y niños. La mayoría de ellos están recluidos en condiciones atroces en la prisión de Maroua. Sólo entre marzo y mayo de 2015, el hacinamiento, la carencia de instalaciones sanitarias y la deficiente atención de la salud ocasionaron la muerte de al menos 40 presos.

Cuando Amnistía Internacional visitó la prisión de Maroua en mayo de 2015, no había agua corriente y se disponía de menos de 20 letrinas para más de 1.200 personas. En la visita a un hospital donde estaban recluidos presos enfermos en el mismo periodo, el personal de investigación de Amnistía Internacional comprobó que pacientes con grave malnutrición estaban alojados en una sala llena de inmundicias, en la que al menos tres detenidos semidesnudos dormían en el suelo, uno de ellos entre sus propios excrementos. Han comenzado los trabajos para aumentar la capacidad carcelaria, pero habrán de pasar muchos meses para su conclusión.

Al llevar a cabo operaciones de seguridad, los militares han usado fuerza excesiva o medios letales. En una operación de acordonamiento y registro, al menos ocho personas, entre ellas un menor de edad, resultaron muertas y más de 70 edificios fueron incendiados en los poblados de Magdeme y Doublé el 27 de diciembre de 2014.Un testigo contó lo siguiente a Amnistía Internacional: "Los soldados dispararon dentro de la casa. Mi hermana y su hija de siete años murieron mientras estaban escondidas debajo de la cama. Mi hermana recibió un disparo en el lado derecho de la cabeza y su hija en el cuello."Imágenes de satélite y fotografías confirman la magnitud de la destrucción causada por las fuerzas de seguridad y descrita por decenas de testigos.Además de las muertes y la destrucción, en esta operación se detuvo al menos a 200 hombres y niños. Los llevaron a la jefatura de la Gendarmería en Maroua y los encerraron en dos almacenes, donde muchos murieron durante la noche. Casi tres meses después del incidente, las autoridades dijeron que 25 personas perdieron la vida en las celdas improvisadas, pero no han revelado la identidad de las víctimas, la causa de su muerte, ni el lugar donde se encuentran sus cuerpos. Mientras que 45 detenidos fueron trasladados a la prisión el día siguiente, sigue sin conocerse el paradero de al menos 130 de los hombres y niños detenidos en los dos poblados."Es inaceptable que, casi nueve meses después de la detención masiva de 200 hombres y niños, la mayoría de sus familias sigan sin saber si están vivos o muertos. Es preciso llevar a cabo una investigación exhaustiva, imparcial e independiente para determinar qué ocurrió y hacer rendir cuentas a los responsables", ha afirmado Alioune Tine."La magnitud y depravación de los ataques de Boko Haram es atroz, y deben tomarse medidas adicionales para proteger a la población civil y llevar a los culpables de estos crímenes ante la justicia. Pero es escalofriante que un ejército que se supone que protege a la población civil contra Boko Haram también haya cometido atrocidades. Deben investigarse de forma inmediata e imparcial los crímenes cometidos en ambos lados."Información complementariaPara el informe se entrevistó a más de 160 personas. Amnistía Internacional llevó a cabo tres visitas de investigación al norte de Camerún en febrero, marzo y mayo de 2015, así como investigación de seguimiento entre junio y agosto de 2015. Entre las personas entrevistadas había víctimas y testigos de ataques cometidos por Boko Haram y las fuerzas de seguridad camerunesas, así como representantes del gobierno, entre ellos el ministro de Justicia, miembros de las fuerzas de seguridad, periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos, personal de ayuda humanitaria y otros expertos.Basándose en los datos reunidos, Amnistía Internacional considera que en la región tiene lugar un conflicto armado interno -que parece ser una extensión del conflicto en el norte de Nigeria- y que ahora es de aplicación el derecho internacional humanitario, las leyes de la guerra.El 20 de diciembre de 2014, las fuerzas de seguridad allanaron escuelas coránicas en la ciudad de Guirvidig y detuvieron a 84 niños, 47 de ellos menores de 10 años y el menor de sólo 5 años. Las autoridades afirmaron que las escuelas se utilizaban como pantallas de campos de adiestramiento de Boko Haram. Los detenidos estuvieron recluidos durante más de seis meses sin acceso a sus familias, antes de ser puestos en libertad en junio de 2015.Boko Haram se autodenomina ahora "Provincia de África Occidental del Estado Islámico". El presidente de Camerún ha desplegado al menos 2.000 efectivos del Batallón de Intervención Rápida (BIR) junto con fuerzas del Batallón de Intervención Móvil (BIM) para combatir la violencia de Boko Haram. Amnistía Internacional se dirigió por escrito a las autoridades camerunesas en julio de 2015 para solicitar comentarios sobre las conclusiones de su investigación, pero no obtuvo respuesta.