“La incertidumbre que sigue rodeando el brexit plantea serios problemas de derechos humanos”, ha declarado hoy Amnistía Internacional.
Aunque Amnistía no toma postura sobre el resultado del referéndum ni sobre si Reino Unido sale de la UE con acuerdo o sin él, la organización de derechos humanos ha señalado algunos problemas graves en materia de derechos humanos.
Entre ellos están la posibilidad de que se reduzca el acceso a alimentos y medicinas, así como cuestiones sobre el futuro de los ciudadanos y ciudadanas de la UE en Reino Unido, el derecho de inmigración y asilo, y el futuro del Acuerdo del Viernes Santo en Irlanda del Norte.
Kate Allen, directora de Amnistía Internacional Reino Unido, ha manifestado:
“El gobierno y las personas con responsabilidad política de todos los partidos deben hacer todo lo posible para garantizar que se protegen y respetan —y no se degradan ni debilitan— los derechos humanos de quienes viven en Reino Unido."
“Pedimos a los y las dirigentes de todos los partidos que hagan una declaración a tal efecto, dejando claro lo que van a hacer para garantizar que se atienden estos motivos de preocupación”,
Amnistía ha identificado cinco áreas cuya realización debe garantizar el gobierno de Reino Unido ahora que se acerca el plazo para salir de la UE:
Como cofirmante del Acuerdo del Viernes Santo, el gobierno de Westminster debe asegurarse de que salvaguarda plenamente las protecciones vitales de derechos humanos que el acuerdo ayuda a garantizar. Esto debe incluir la protección de la igualdad de derechos para todas las personas, se identifiquen como irlandesas o como británicas. Es fundamental que no haya restricciones a la libertad de circulación tanto hacia como desde Irlanda del Norte para permitir que todas las personas ejerzan plenamente sus derechos a la educación, a la salud, al trabajo y a la vida familiar.
El gobierno debe actuar para garantizar que se protegen y respetan los derechos de los ciudadanos y ciudadanas de la EU y de sus familias en Reino Unido, y tomar medidas para asegurar lo mismo para el más de un millón de ciudadanos y ciudadanas británicos que viven actualmente en la UE. Para ello, el gobierno ha de garantizar que no se priva de sus derechos a los hijos e hijas de progenitores ciudadanos de la UE al tratarlos en virtud de las competencias de inmigración (según el plan de acuerdo con la UE del gobierno) en circunstancias en las que son ciudadanos británicos o tienen derecho de inscribirse como tales.
Es vital que cuando Reino Unido salga de la UE, el gobierno haga todo lo posible para garantizar que no se ve afectado el abastecimiento alimentario y que todas las personas tienen acceso a alimentos adecuados y asequibles con independencia de sus circunstancias. Ya estamos presenciando una dependencia creciente de los bancos de alimentos en Reino Unido y no deben escatimarse esfuerzos para proporcionar seguridad alimentaria a todas las personas, incluidas las que ya están en situación de vulnerabilidad.
No debe haber interrupción en el suministro de medicamentos cruciales para garantizar que todas las personas disfrutan de su derecho a la salud. Por tanto, el gobierno debe tomar todas las medidas necesarias para superar cualquier obstáculo para el acceso sin demora a medicinas de buena calidad y asequibles.
Ya que el gobierno pretende revisar el sistema de inmigración tras el fin de la libertad de circulación en la UE, debe garantizar que todas las reformas promueven y respetan los derechos de asilo, a la vida familiar y a la vida privada, así como el interés superior de niños y niñas, al mismo tiempo que protegen a las personas del uso injusto y excesivo de las competencias de inmigración por el Estado y de la explotación por terceros.