Los planes de reducir la edad a la que los menores pueden ser procesados como adultos en Brasil socavará drásticamente los derechos de dichos menores, y podría dar lugar a que se envíe a adolescentes a prisiones para adultos tristemente famosas por su peligrosidad y en las que pueden sufrir una violencia y unos abusos atroces y ser seducidos por presos adultos con fines sexuales. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy.
El Congreso brasileño está estudiando la posibilidad de reducir de los 18 a los 16 años la edad a la que una persona puede ser procesada como adulta. Si se aprueba, esta legislación significaría que algunos menores serían juzgados como adultos, se enfrentarían a las mismas penas que los adultos y podrían ser enviados a una prisión para adultos."Se trata de otro ataque más, otro ataque indignante, contra los derechos de los menores en Brasil. Por desgracia, sabemos bien que los adolescentes tienen más probabilidades de ser víctimas que autores de delitos. El índice de asesinatos de jóvenes negros en este país es una vergüenza nacional, que debe ser abordada con carácter de urgencia. Sin embargo, en lugar de ser protegidos, estos niños son vilipendiados y retratados como delincuentes, lo que acrecienta aún más la vulnerabilidad que sufren en uno de los sistemas penitenciarios más opresivos del mundo", ha manifestado Atila Roque, director ejecutivo de Amnistía Internacional Brasil."Las condiciones de las prisiones para adultos en Brasil son medievales. El encarcelar a adultos y menores en los mismos centros sería catastrófico, y supondría un riesgo para los menores en un sistema penitenciario superpoblado y sin recursos económicos suficientes que registra elevados índices de abusos, condiciones inhumanas y tortura."El sistema penitenciario de Brasil es uno de los más violentos del mundo. El país cuenta con la cuarta población reclusa más numerosa del mundo, sólo superada por las de Estados Unidos, China y Rusia, según el Centro Internacional para Estudios Penitenciarios.Violación de las normas internacionalesEl reducir la edad legal de responsabilidad penal y excluir del sistema de justicia de menores de Brasil a niños y niñas de entre 16 y 18 años violaría asimismo las obligaciones internacionales contraídas por Brasil, entre las que se encuentran las contenidas en la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño, las Reglas Mínimas de la ONU para la Administración de la Justicia de Menores, y diversas normas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Todas ellas establecen que los menores deben recibir un trato específico en un sistema de justicia de menores que tenga en cuenta las necesidades específicas acordes a su edad.Amnistía Internacional pide a las autoridades brasileñas que abandonen los planes de reducir la edad de responsabilidad penal y, en su lugar, incrementen sus esfuerzos por brindar una mejor protección a los menores, en especial abordando los elevadísimos índices de asesinato cuyas víctimas son jóvenes, especialmente varones jóvenes de raza negra.Amnistía Internacional Brasil ha emprendido una campaña por correo electrónico para pedir al Congreso que detenga esta legislación. La organización ha manifestado su satisfacción por la postura adoptada por la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, que se ha manifestado en contra del cambio propuesto."Este es sólo uno más de la serie de inquietantes intentos del Congreso nacional por desmontar el marco de derechos humanos existente en Brasil. Al reducir la edad legal de responsabilidad penal, las autoridades brasileñas están socavando los derechos de los niños y los adolescentes del país. En lugar de explorar formas de procesar a niños como adultos, el gobierno debería centrarse en defender los derechos de la infancia, incluido su derecho a la educación, la salud y una vida libre de violencia", ha manifestado Atila Roque.Más informaciónEl sistema de justicia y seguridad pública de Brasil se ha caracterizado históricamente por sus elevados índices de impunidad, ineficacia, violencia policial y peligrosidad en las prisiones.Según el Departamento Nacional de Seguridad Pública, los jóvenes de entre 16 y 18 años cometen únicamente el 0,9 por ciento de los delitos del país. Sin embargo, según los datos más recientes sobre homicidios, de los 56.000 homicidios registrados, en 30.000 las víctimas eran jóvenes de entre 15 y 29 años; de esas víctimas, el 77 por ciento eran de raza negra.Las proyecciones del índice de homicidio entre adolescentes muestran asimismo que más de 42.000 adolescentes de entre 12 y 18 años corren peligro de ser asesinados en los próximos cuatro años.En 1990, Brasil promulgó el Estatuto de la Infancia y el Adolescente. La legislación brasileña dispone que la edad mínima de responsabilidad penal son los 12 años, pero que entre los 12 y los 18 el juicio debe celebrarse dentro del sistema de justicia de menores, adaptado a los derechos de los menores y a sus características de desarrollo social y psicológico, lo cual incluye contemplar la privación de libertad como último recurso y durante el periodo más breve posible.Aunque los Estados tienen la obligación particular de enjuiciar y castigar a los responsables de cometer delitos, el gobierno debe tomar en consideración las diferencias en el desarrollo físico y psicológico de los menores, incluidos los adolescentes de entre 16 y 18 años, respecto a los adultos.
El Congreso brasileño está estudiando la posibilidad de reducir de los 18 a los 16 años la edad a la que una persona puede ser procesada como adulta. Si se aprueba, esta legislación significaría que algunos menores serían juzgados como adultos, se enfrentarían a las mismas penas que los adultos y podrían ser enviados a una prisión para adultos."Se trata de otro ataque más, otro ataque indignante, contra los derechos de los menores en Brasil. Por desgracia, sabemos bien que los adolescentes tienen más probabilidades de ser víctimas que autores de delitos. El índice de asesinatos de jóvenes negros en este país es una vergüenza nacional, que debe ser abordada con carácter de urgencia. Sin embargo, en lugar de ser protegidos, estos niños son vilipendiados y retratados como delincuentes, lo que acrecienta aún más la vulnerabilidad que sufren en uno de los sistemas penitenciarios más opresivos del mundo", ha manifestado Atila Roque, director ejecutivo de Amnistía Internacional Brasil."Las condiciones de las prisiones para adultos en Brasil son medievales. El encarcelar a adultos y menores en los mismos centros sería catastrófico, y supondría un riesgo para los menores en un sistema penitenciario superpoblado y sin recursos económicos suficientes que registra elevados índices de abusos, condiciones inhumanas y tortura."El sistema penitenciario de Brasil es uno de los más violentos del mundo. El país cuenta con la cuarta población reclusa más numerosa del mundo, sólo superada por las de Estados Unidos, China y Rusia, según el Centro Internacional para Estudios Penitenciarios.Violación de las normas internacionalesEl reducir la edad legal de responsabilidad penal y excluir del sistema de justicia de menores de Brasil a niños y niñas de entre 16 y 18 años violaría asimismo las obligaciones internacionales contraídas por Brasil, entre las que se encuentran las contenidas en la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño, las Reglas Mínimas de la ONU para la Administración de la Justicia de Menores, y diversas normas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Todas ellas establecen que los menores deben recibir un trato específico en un sistema de justicia de menores que tenga en cuenta las necesidades específicas acordes a su edad.Amnistía Internacional pide a las autoridades brasileñas que abandonen los planes de reducir la edad de responsabilidad penal y, en su lugar, incrementen sus esfuerzos por brindar una mejor protección a los menores, en especial abordando los elevadísimos índices de asesinato cuyas víctimas son jóvenes, especialmente varones jóvenes de raza negra.Amnistía Internacional Brasil ha emprendido una campaña por correo electrónico para pedir al Congreso que detenga esta legislación. La organización ha manifestado su satisfacción por la postura adoptada por la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, que se ha manifestado en contra del cambio propuesto."Este es sólo uno más de la serie de inquietantes intentos del Congreso nacional por desmontar el marco de derechos humanos existente en Brasil. Al reducir la edad legal de responsabilidad penal, las autoridades brasileñas están socavando los derechos de los niños y los adolescentes del país. En lugar de explorar formas de procesar a niños como adultos, el gobierno debería centrarse en defender los derechos de la infancia, incluido su derecho a la educación, la salud y una vida libre de violencia", ha manifestado Atila Roque.Más informaciónEl sistema de justicia y seguridad pública de Brasil se ha caracterizado históricamente por sus elevados índices de impunidad, ineficacia, violencia policial y peligrosidad en las prisiones.Según el Departamento Nacional de Seguridad Pública, los jóvenes de entre 16 y 18 años cometen únicamente el 0,9 por ciento de los delitos del país. Sin embargo, según los datos más recientes sobre homicidios, de los 56.000 homicidios registrados, en 30.000 las víctimas eran jóvenes de entre 15 y 29 años; de esas víctimas, el 77 por ciento eran de raza negra.Las proyecciones del índice de homicidio entre adolescentes muestran asimismo que más de 42.000 adolescentes de entre 12 y 18 años corren peligro de ser asesinados en los próximos cuatro años.En 1990, Brasil promulgó el Estatuto de la Infancia y el Adolescente. La legislación brasileña dispone que la edad mínima de responsabilidad penal son los 12 años, pero que entre los 12 y los 18 el juicio debe celebrarse dentro del sistema de justicia de menores, adaptado a los derechos de los menores y a sus características de desarrollo social y psicológico, lo cual incluye contemplar la privación de libertad como último recurso y durante el periodo más breve posible.Aunque los Estados tienen la obligación particular de enjuiciar y castigar a los responsables de cometer delitos, el gobierno debe tomar en consideración las diferencias en el desarrollo físico y psicológico de los menores, incluidos los adolescentes de entre 16 y 18 años, respecto a los adultos.