Brasil está a punto de repetir los errores mortales que cometió durante décadas en torno a la actuación policial y que quedaron aún más patentes durante la labor de la policía en la Copa Mundial 2014 y su estela de sufrimiento, ha declarado hoy Amnistía Internacional con motivo de la publicación de un informe a dos meses de la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos.La violencia no es parte de estos Juegos. Riesgo de violaciones de derechos humanos en los Juegos Olímpicos de Río 2016 revela que las autoridades brasileñas y los órganos rectores deportivos de Río de Janeiro han implementado las mismas políticas de seguridad mal concebidas que provocaron un gran aumento de los homicidios y las violaciones de derechos humanos a manos de las fuerzas de seguridad desde que se celebró la Copa Mundial 2014. Esto pone en peligro el legado prometido de los Juegos de una ciudad segura para todos."Cuando en 2009 se adjudicaron los Juegos Olímpicos de 2016 a Río, las autoridades prometieron mejorar la seguridad para todos. En su lugar, hemos visto desde entonces que la policía ha matado a 2.500 personas en la ciudad y muy poca justicia", afirmó Atila Roque, director de Amnistía Internacional Brasil."Parece que Brasil ha aprendido muy poco de los grandes errores que cometió durante años en materia de seguridad pública. La política de 'disparar primero y preguntar después' ha convertido a Río de Janeiro en una de las ciudades más letales del planeta.""Las mal concebidas políticas de seguridad pública que aplica históricamente el país, unidas a los crecientes abusos que hemos documentado durante eventos deportivos importantes y a la ausencia de investigaciones efectivas de los abusos contra los derechos humanos son una receta para el desastre."
Decenas de personas resultaron heridas y cientos fueron detenidas arbitrariamente durante la represión policial de las protestas que hubo en todo el país antes de la Copa Mundial 2014 y durante su celebración. Ese mismo año, cuando se encargó a la policía y al ejército la tarea de "asegurar" las ciudades donde iban a celebrarse los eventos, las operaciones dejaron al menos 580 muertos solamente en el estado de Río de Janeiro.En 2014, los homicidios resultantes de operaciones policiales aumentaron un alarmante 40 % -y un 11 % más el año siguiente, con 645 personas fallecidas a manos de la policía solamente en el estado de Río de Janeiro-; uno de cada cinco homicidios en la ciudad fueron cometidos por policías en acto de servicio.Desde que comenzó 2016, más de 100 personas han sido víctimas de homicidio en la ciudad de Río de Janeiro. La inmensa mayoría eran varones negros jóvenes que vivían en favelas u otras zonas marginadas.Las autoridades han anunciado recientemente el despliegue de alrededor de 65.000 agentes de policía y 20.000 soldados para vigilar los Juegos Olímpicos, en la que podría ser la mayor operación de seguridad de la historia de Brasil. Esto incluirá el despliegue de personal militar para encabezar operaciones en las favelas, algo que en ocasiones anteriores ha causado toda una serie de violaciones de derechos humanos que aún no se han investigado y sancionado debidamente.En abril de 2014, unos meses antes de la celebración de la Copa Mundial, se desplegaron miles de tropas militares en el complejo de Maré, grupo de 16 favelas donde viven alrededor de 140.000 personas, situado cerca del aeropuerto internacional de Río de Janeiro. Estaba previsto que las tropas, que no habían sido entrenadas ni estaban equipadas debidamente para llevar a cabo tareas de seguridad pública, se retirasen poco después de que concluyera en evento deportivo. Sin embargo, siguieron vigilando la favela hasta junio de 2015.El caso de Vitor Santiago Borges, de 30 años, pone de relieve las trágicas consecuencias de la actuación policial que realiza el ejército en el complejo de favelas de Maré. La madrugada del 13 de febrero de 2015, Vitor conducía de regreso a casa con unos amigos cuando las fuerzas armadas abrieron fuego contra el vehículo sin previo aviso.Vitor resultó herido de gravedad, estuvo en coma y tuvo que permanecer hospitalizado más de tres meses. Quedó paralizado de cintura para abajo y hubo que amputarle una pierna. Las autoridades no les brindaron, ni a él ni a su familia, asistencia adecuada, ni llevaron a cabo una investigación exhaustiva e imparcial del tiroteo. Hasta ahora nadie ha rendido cuentas por ello.
Amnistía Internacional advierte de que no se han aprendido las lecciones de la Copa Mundial 2014. En marzo de 2016, la entonces presidenta Dilma Rousseff firmó una nueva Ley Antiterrorista que incluye una redacción excesivamente vaga que deja abierta la posibilidad de ser utilizada injustamente contra manifestantes y activistas pacíficos.Por otra parte, el 10 de mayo de 2016, el gobierno federal firmó una nueva "Ley General de los Juegos Olímpicos" que impone nuevas restricciones al derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica en muchas zonas de la ciudad anfitriona, restricciones que son contrarias a las leyes y normas internacionales, y no aborda el uso de la fuerza innecesaria y excesiva por las fuerzas de seguridad cuando realizan funciones policiales en reuniones."Las autoridades brasileñas no sólo están incumpliendo la promesa de crear un lugar seguro para todos como legado olímpico, sino que tampoco están garantizando que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cumplen las leyes y normas internacionales sobre el uso de la fuerza y de las armas de fuego", dijo Atila Roque."A dos meses de que se inauguren los Juegos Olímpicos de 2016, aún hay tiempo para implantar medidas que mitiguen el riesgo de violaciones de derechos humanos y establecer mecanismos de rendición de cuentas para los responsables de estas violaciones. La comunidad deportiva global se reúne en Río dentro de dos meses y sigue en el aire la pregunta: ¿respetarán y protegerán las autoridades los derechos humanos y entregarán el legado prometido de una ciudad y un país seguros para todos?"Lee aquí el informe: http://www.amnistia.org.pe/informe-violaciones-los-derechos-humanos-en-rio-de-janeiro/
Decenas de personas resultaron heridas y cientos fueron detenidas arbitrariamente durante la represión policial de las protestas que hubo en todo el país antes de la Copa Mundial 2014 y durante su celebración. Ese mismo año, cuando se encargó a la policía y al ejército la tarea de "asegurar" las ciudades donde iban a celebrarse los eventos, las operaciones dejaron al menos 580 muertos solamente en el estado de Río de Janeiro.En 2014, los homicidios resultantes de operaciones policiales aumentaron un alarmante 40 % -y un 11 % más el año siguiente, con 645 personas fallecidas a manos de la policía solamente en el estado de Río de Janeiro-; uno de cada cinco homicidios en la ciudad fueron cometidos por policías en acto de servicio.Desde que comenzó 2016, más de 100 personas han sido víctimas de homicidio en la ciudad de Río de Janeiro. La inmensa mayoría eran varones negros jóvenes que vivían en favelas u otras zonas marginadas.Las autoridades han anunciado recientemente el despliegue de alrededor de 65.000 agentes de policía y 20.000 soldados para vigilar los Juegos Olímpicos, en la que podría ser la mayor operación de seguridad de la historia de Brasil. Esto incluirá el despliegue de personal militar para encabezar operaciones en las favelas, algo que en ocasiones anteriores ha causado toda una serie de violaciones de derechos humanos que aún no se han investigado y sancionado debidamente.En abril de 2014, unos meses antes de la celebración de la Copa Mundial, se desplegaron miles de tropas militares en el complejo de Maré, grupo de 16 favelas donde viven alrededor de 140.000 personas, situado cerca del aeropuerto internacional de Río de Janeiro. Estaba previsto que las tropas, que no habían sido entrenadas ni estaban equipadas debidamente para llevar a cabo tareas de seguridad pública, se retirasen poco después de que concluyera en evento deportivo. Sin embargo, siguieron vigilando la favela hasta junio de 2015.El caso de Vitor Santiago Borges, de 30 años, pone de relieve las trágicas consecuencias de la actuación policial que realiza el ejército en el complejo de favelas de Maré. La madrugada del 13 de febrero de 2015, Vitor conducía de regreso a casa con unos amigos cuando las fuerzas armadas abrieron fuego contra el vehículo sin previo aviso.Vitor resultó herido de gravedad, estuvo en coma y tuvo que permanecer hospitalizado más de tres meses. Quedó paralizado de cintura para abajo y hubo que amputarle una pierna. Las autoridades no les brindaron, ni a él ni a su familia, asistencia adecuada, ni llevaron a cabo una investigación exhaustiva e imparcial del tiroteo. Hasta ahora nadie ha rendido cuentas por ello.
Amnistía Internacional advierte de que no se han aprendido las lecciones de la Copa Mundial 2014. En marzo de 2016, la entonces presidenta Dilma Rousseff firmó una nueva Ley Antiterrorista que incluye una redacción excesivamente vaga que deja abierta la posibilidad de ser utilizada injustamente contra manifestantes y activistas pacíficos.Por otra parte, el 10 de mayo de 2016, el gobierno federal firmó una nueva "Ley General de los Juegos Olímpicos" que impone nuevas restricciones al derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica en muchas zonas de la ciudad anfitriona, restricciones que son contrarias a las leyes y normas internacionales, y no aborda el uso de la fuerza innecesaria y excesiva por las fuerzas de seguridad cuando realizan funciones policiales en reuniones."Las autoridades brasileñas no sólo están incumpliendo la promesa de crear un lugar seguro para todos como legado olímpico, sino que tampoco están garantizando que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cumplen las leyes y normas internacionales sobre el uso de la fuerza y de las armas de fuego", dijo Atila Roque."A dos meses de que se inauguren los Juegos Olímpicos de 2016, aún hay tiempo para implantar medidas que mitiguen el riesgo de violaciones de derechos humanos y establecer mecanismos de rendición de cuentas para los responsables de estas violaciones. La comunidad deportiva global se reúne en Río dentro de dos meses y sigue en el aire la pregunta: ¿respetarán y protegerán las autoridades los derechos humanos y entregarán el legado prometido de una ciudad y un país seguros para todos?"Lee aquí el informe: http://www.amnistia.org.pe/informe-violaciones-los-derechos-humanos-en-rio-de-janeiro/