Amnistía Internacional hace un llamado a las autoridades del Estado Plurinacional de Bolivia a asegurar el libre ejercicio del derecho a reunión pacífica, a la libertad de expresión y a la libre circulación de las personas. La organización ve con preocupación el bloqueo de vías en San Ignacio de Moxos, departamento de Beni, por parte de quienes apoyan la construcción de la carretera por el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). El bloqueo busca impedir la llegada de los indígenas que rechazan la construcción de la carretera por el TIPNIS a Chaparina para dar inicio a la IX Marcha Indígena.La organización ha tomado conocimiento de que quienes están bloqueando las rutas estarían obligando a vecinos a sumarse a la medida e impidiendo el paso tanto de vehículos como de personas a pie, entre ellos, los marchistas. Esto afecta el derecho de reunión y circulación, que el Estado tiene el deber de proteger. Amnistía Internacional hace un llamado a las autoridades a hacer respetar el derecho de reunión pacífica y a garantizar la seguridad de las personas que tienen previsto formar parte de la IX Marcha Indígena.Asimismo, la organización ha tomado conocimiento de vulneraciones a la libertad de expresión. Es preocupante la información del atentado a una radio comunitaria, Arrairu Sache, en San Ignacio de Moxos el 22 de abril por informar sobre la IX Marcha Indígena. Parece ser que el director de la emisora fue agredido y que se confiscaron documentos. Amnistía Internacional llama a las autoridades a garantizar el derecho a la libertad de expresión y a realizar una investigación exhaustiva, pronta e imparcial sobre los hechos ocurridos a fin de asegurar que los responsables respondan ante la justicia.La autoridad ha señalado que de no desbloquearse la carretera intervendrá la fuerza pública. Amnistía Internacional recuerda a las autoridades que las fuerzas de seguridad deben actuar de forma responsable y asegurar que todos puedan ejercer sin riesgo su derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica. La organización reconoce el deber del Estado de mantener el orden público, pero esto no debe hacerse utilizando la fuerza salvo que sea estrictamente necesario y, aun en este caso, en el menor grado posible que exijan las circunstancias respetando los principios de proporcionalidad y necesidad como requiere el derecho internacional de derechos humanos.Este llamado es particularmente relevante tras lo ocurrido el pasado 25 de septiembre, cuando la policía intervino la VIII Marcha Indígena a su paso por la localidad de Yucumo haciendo un uso excesivo de la fuerza. Las autoridades argumentaron en su momento que el objetivo de la policía era proteger a los marchistas de grupos opositores a la marcha que bloqueaban el camino. Sin embargo, las fuerzas de seguridad reprimieron con violencia a los integrantes de la marcha. Amnistía Internacional lamenta que las investigaciones por lo sucedido el 25 de septiembre no hayan avanzado hasta la fecha y los hechos se mantengan en la impunidad.En marzo pasado, una delegación de Amnistía Internacional visitó el Estado Plurinacional de Bolivia para abordar la situación de los derechos humanos en el país, especialmente la situación de los pueblos indígenas, con autoridades, organizaciones de la sociedad civil y representantes del movimiento indígena.La organización sigue de cerca el desarrollo del conflicto del TIPNIS y hace un llamado a las autoridades a hacer primar el Estado de derecho y asegurar a la población el ejercicio real y efectivo de los derechos humanos, como son el derecho a reunión, libertad de expresión y libre circulación.