Amnistía Internacional pide a las autoridades bolivianas que lleven a cabo una investigación inmediata sobre las denuncias de uso de fuerza excesiva contra manifestantes indígenas durante el asalto realizado el 25 de septiembre por la policía antidisturbios en un campamento improvisado cerca de Yucumo, a 320 km al noreste de la capital, La Paz.Más de un millar de indígenas emprendieron el 15 de agosto una marcha pacífica desde la localidad de Trinidad hacia La Paz para protestar por el proyecto de construcción de una carretera entre Cochabamba y Trinidad. Según el proyecto actual, la carretera atravesará el Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).La marcha indígena se vio obstaculizada cerca de Yucumo por partidarios del proyecto de construcción de la carretera, que cortaron el paso a los manifestantes. La policía se situó entre los dos grupos para evitar enfrentamientos.Según los informes, el 25 de septiembre decenas de policías antidisturbios utilizaron gas lacrimógeno y porras durante un asalto al campamento improvisado en el que se habían instalado los manifestantes indígenas. Esto sucedió un día después de que el ministro de Relaciones Exteriores, David Choquehuanca, fuera obligado brevemente a caminar junto con los manifestantes en un intento, según afirmaban, de hacer que la marcha atravesara la línea policial que separaba los dos grupos.Cuando la policía llegó al campo, muchos de los indígenas huyeron, y en la confusión algunas madres se vieron separadas de sus hijos. Según los informes, un niño murió durante la operación, y varias personas resultaron heridas. Las imágenes de vídeo tomadas durante la operación mostraban a la policía deteniendo a activistas y tapándoles la boca con cinta adhesiva.Según los informes, al personal médico se le impidió atender a los heridos, y un médico fue detenido. Al parecer, en el momento de la detención fue golpeado, y recibió tratamiento en el hospital junto con otras 45 personas presuntamente heridas durante la operación policial, pero más tarde quedó en libertad.Todas las denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de la policía deben investigarse de forma inmediata e imparcial, y los responsables deben comparecer ante la justicia.Las autoridades policiales locales han declarado que la operación contra el campamento fue una respuesta a las amenazas que habían recibido de un grupo de indígenas armados con arcos y flechas.Ahora que las organizaciones indígenas han manifestado su intención de reanudar la marcha, la policía tiene el deber de mantener el orden público, pero esta responsabilidad debe desempeñarse siempre de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos sobre el uso de la fuerza y sin cometer abusos.La policía no debe utilizar la fuerza salvo que sea estrictamente necesario y aún en este caso, debe hacerse en el menor grado posible que exijan las circunstancias, reduciendo al mínimo el riesgo de causar daños y lesiones.El presidente boliviano, Evo Morales, ha manifestado públicamente su fuerte apoyo a la construcción de la carretera, pero el 26 de septiembre anunció la suspensión temporal del tramo que atravesaría el Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure. También anunció que se celebraría un referéndum regional para decidir si la construcción de la carretera debía seguir adelante. El ministro de Defensa ha dimitido a causa del incidente.Los pueblos indígenas que viven en la zona afectada por el proyecto de carretera aseguran que no se les consultó sobre el proyecto según establece la Constitución, y no dan su consentimiento a la construcción con el trazado propuesto.