Venezuela atraviesa una crisis de derechos humanos sin precedentes que no sólo afecta a millones de personas dentro del país, sino que ha obligado a una de cada diez personas en Venezuela a dejar su hogar en los últimos cuatro años. Estos millones de personas, dentro y fuera de Venezuela, han sufrido y sufren violaciones a sus derechos humanos como la vida, la salud o la alimentación, que no son garantizados ni protegidos por el gobierno de Nicolás Maduro.

En lugar de reconocer y atender la profunda crisis de derechos humanos, estas autoridades implementan una política de represión sistemática y generalizada contra las personas que valientemente piden un cambio de gobierno y que se les garantice acceso a medicamentos, agua, educación, trabajo, y demás derechos humanos. Asimismo, un sistema de justicia no independiente niega el derecho a verdad, justicia y reparación a las víctimas, reforzando la situación de desprotección de quienes sufren estas violaciones. Ante esta realidad, millones salen buscando la protección de otros Estados.

Conoce a las personas que han huido a Colombia, Perú y Argentina

Uno sale de su país para salir adelante, para echarse a morir uno se queda allá," dice Kristopher Castillo en Bogotá. Kristopher llegó a Bogotá el 16 de marzo de 2018, es periodista, de Maracaibo, cerca de la frontera con Colombia, y tiene 33 años.

Habla de la falta de medicamentos en Venezuela como una de las razones que le obligó a dejar su hogar y su familia atrás. También recuerda como veía “familias completas comiendo alrededor de la basura” por el limitado acceso a alimentos. En los últimos dos años en Venezuela, Khristopher bajó 20 kilos por acceso limitado a comida.

Angie fue una de las personas que cruzó Colombia por tierra para continuar su éxodo hasta Perú. Llegó a Lima el 19 de julio de 2017 tras semanas de viaje en situación de vulnerabilidad y precariedad. “Hacía juegos en los buses para lograr un dólar y continuar el viaje,” cuenta. Angie es una enfermera de 29 años de la ciudad de Valencia. “Llegaban cinco quimioterapias para 160 pacientes, y más,” relata como en el hospital donde trabajaba no llegaban los insumos necesarios para atender enfermedades terminales y crónicas. Angie es una de las más de 165,000 personas solicitantes de la condición de refugiada en Perú.

En el caso de Argentina, la regularización migratoria ha sido la vía utilizada por la gran mayoría de personas venezolanas llegando al país, tanto por vía aérea, como por vía terrestre a través de Brasil, Chile y Paraguay. Stephany Santander, abogada y activista de derechos humanos de 25 años, llegó a Buenos Aires desde Colombia, y considera el día que le fue entregado su DNI temporal como su mejor recuerdo desde que tuvo que abandonar su hogar.

BIENVENIDA VENEZUELA

En este contexto, en septiembre de 2018 Amnistía Internacional llamó a los Estados de las Américas a que “expresen de forma unánime que Venezuela atraviesa una situación de violaciones masivas de derechos humanos y que, en tales circunstancias, las personas forzadas a huir requieren una respuesta inmediata enmarcada en una perspectiva de derechos humanos.”

Desde entonces, realizamos al menos 47 entrevistas individuales con personas venezolanas en Argentina, Colombia, Perú y Uruguay, donde también nos reunimos con representantes de organizaciones internacionales incluida la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), así como con organizaciones de sociedad civil nacionales e internacionales.

Nuestras investigaciones y los testimonios de estas personas demuestran que la crisis de derechos humanos en Venezuela tiene una repercusión nacional e internacional. El número de personas venezolanas huyendo de la crisis en Venezuela sólo es superado por aquellas que huyen de la guerra en Siria. Le compete tanto a Venezuela como a la comunidad internacional buscar soluciones integrales, sostenibles y, ante todo, alineadas con el derecho internacional de los derechos humanos. El gobierno de Nicolás Maduro debe poner fin a su política de represión y aceptar cooperación internacional que cumpla con los estándares de derechos humanos y humanitarios.

Los Estados de la región con el apoyo de la comunidad internacional, tienen la oportunidad de continuar el liderazgo en materia de movilidad humana y protección internacional. Deben garantizar el acceso irrestricto, un marco de regularización y protección internacional a todas las personas huyendo de Venezuela.