Escribe: Guadalupe Marengo, directora adjunta del programa para las Américas de Amnistía InternacionalDe vez en cuando surge un caso que parece demasiado trágico para nuestra comprensión, un caso en el que la crueldad de una persona para con otra se ve agravada y amplificada por una respuesta despiadada por parte del gobierno. Ese es el sentimiento que me despierta el caso de una niña de 10 años que quedó embarazada tras ser violada por su padrastro, sólo para encontrarse con que las autoridades paraguayas le niegan la opción del aborto.
Los expertos de la ONU también han expresado su preocupación, y han manifestado que el gobierno de Paraguay ha incumplido su responsabilidad de proteger a la niña y de proporcionarle tratamiento crítico y oportuno, incluido un "aborto seguro y terapéutico".Pero el de esta niña no es un caso aislado. Los abusos sexuales y los embarazos infantiles son, por desgracia, demasiado frecuentes en Latinoamérica, una región que cuenta con algunas de las leyes de aborto más restrictivas del mundo.Es más, las limitaciones en el acceso al aborto a menudo empujan a mujeres y niñas desesperadas a optar por abortos clandestinos y peligrosos, que en muchos casos les provocan la muerte. La Organización Mundial de la Salud ha informado que el 13 por ciento de las muertes maternas ocurridas en Sudamérica son debidas a ese tipo de procedimientos.Lo cierto es que las leyes de aborto de Paraguay están sumamente alejadas de las obligaciones internacionales contraídas por el Estado en materia de derechos humanos. En marzo de 2015, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU pidió a Paraguay que revisara y modificara su legislación sobre el aborto para garantizar su compatibilidad con otros derechos, como el derecho a la salud y a la vida.Entonces, ¿por qué no actúan las autoridades paraguayas? Creo que, por desgracia, el motivo es básicamente la discriminación, tanto contra las mujeres y las niñas como contra las personas sin recursos económicos; una discriminación que impera en mi región. La triste realidad es que la ley de Paraguay, y su sociedad en general, considera que la función principal de las mujeres es ser portadoras de hijos y madres, y en cuanto se quedan embarazadas sus opciones se ven drásticamente limitadas.Sin olvidarnos de que si esta niña y su familia tuvieran recursos económicos, si la pequeña perteneciera a otra clase social, habría tenido acceso a servicios privados de salud, en los que podría haberse sometido a un aborto, o habría podido viajar fuera del país para acceder a un aborto en el extranjero. El Estado, muy probablemente, se habría mantenido al margen de esa decisión privada, y no habría intervenido.El Estado ha venido fallando a esta niña como mínimo desde hace meses -durante su embarazo-, cuando no desde hace años, durante la pobreza y los abusos que ha soportado. El año pasado, su madre denunció ante las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley que el padrastro había estado abusando de su hija, pero las autoridades decidieron que no había pruebas de que la niña corriera peligro, y no investigaron más. Bueno, es evidente que sí corría peligro. Según el derecho internacional de los derechos humanos, el Estado tiene la responsabilidad de proteger a esta niña frente a la violencia y de actuar con la diligencia debida para garantizar su salud física y mental. El interés superior de la pequeña debería ser ahora la prioridad para todos aquellos que le han fallado en el pasado y tienen poder sobre su futuro.
El lunes 11 de mayo, una junta de expertos se reunió en Paraguay para evaluar su caso. Ahora tienen tres días para decidir qué opciones deben ofrecerse a la niña, basándose en una evaluación de su estado físico y psicológico. ¿Pondrán estos expertos los derechos humanos y el interés superior de la pequeña por delante de cualquier otra consideración al formular sus recomendaciones? ¿O se guiarán únicamente por sus propios miedos y prejuicios? Habrá que esperar y ver. Pero confío en que no le fallen. A esta niña, el tiempo se le acaba.
Los expertos de la ONU también han expresado su preocupación, y han manifestado que el gobierno de Paraguay ha incumplido su responsabilidad de proteger a la niña y de proporcionarle tratamiento crítico y oportuno, incluido un "aborto seguro y terapéutico".Pero el de esta niña no es un caso aislado. Los abusos sexuales y los embarazos infantiles son, por desgracia, demasiado frecuentes en Latinoamérica, una región que cuenta con algunas de las leyes de aborto más restrictivas del mundo.Es más, las limitaciones en el acceso al aborto a menudo empujan a mujeres y niñas desesperadas a optar por abortos clandestinos y peligrosos, que en muchos casos les provocan la muerte. La Organización Mundial de la Salud ha informado que el 13 por ciento de las muertes maternas ocurridas en Sudamérica son debidas a ese tipo de procedimientos.Lo cierto es que las leyes de aborto de Paraguay están sumamente alejadas de las obligaciones internacionales contraídas por el Estado en materia de derechos humanos. En marzo de 2015, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU pidió a Paraguay que revisara y modificara su legislación sobre el aborto para garantizar su compatibilidad con otros derechos, como el derecho a la salud y a la vida.Entonces, ¿por qué no actúan las autoridades paraguayas? Creo que, por desgracia, el motivo es básicamente la discriminación, tanto contra las mujeres y las niñas como contra las personas sin recursos económicos; una discriminación que impera en mi región. La triste realidad es que la ley de Paraguay, y su sociedad en general, considera que la función principal de las mujeres es ser portadoras de hijos y madres, y en cuanto se quedan embarazadas sus opciones se ven drásticamente limitadas.Sin olvidarnos de que si esta niña y su familia tuvieran recursos económicos, si la pequeña perteneciera a otra clase social, habría tenido acceso a servicios privados de salud, en los que podría haberse sometido a un aborto, o habría podido viajar fuera del país para acceder a un aborto en el extranjero. El Estado, muy probablemente, se habría mantenido al margen de esa decisión privada, y no habría intervenido.El Estado ha venido fallando a esta niña como mínimo desde hace meses -durante su embarazo-, cuando no desde hace años, durante la pobreza y los abusos que ha soportado. El año pasado, su madre denunció ante las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley que el padrastro había estado abusando de su hija, pero las autoridades decidieron que no había pruebas de que la niña corriera peligro, y no investigaron más. Bueno, es evidente que sí corría peligro. Según el derecho internacional de los derechos humanos, el Estado tiene la responsabilidad de proteger a esta niña frente a la violencia y de actuar con la diligencia debida para garantizar su salud física y mental. El interés superior de la pequeña debería ser ahora la prioridad para todos aquellos que le han fallado en el pasado y tienen poder sobre su futuro.El lunes 11 de mayo, una junta de expertos se reunió en Paraguay para evaluar su caso. Ahora tienen tres días para decidir qué opciones deben ofrecerse a la niña, basándose en una evaluación de su estado físico y psicológico. ¿Pondrán estos expertos los derechos humanos y el interés superior de la pequeña por delante de cualquier otra consideración al formular sus recomendaciones? ¿O se guiarán únicamente por sus propios miedos y prejuicios? Habrá que esperar y ver. Pero confío en que no le fallen. A esta niña, el tiempo se le acaba.