Por Esther Major, investigadora sobre Centroamérica de Amnistía InternacionalLa Organización Mundial de la Salud (OMS) acaba de publicar los resultados de un exhaustivo estudio sobre el aborto inducido. Las conclusiones de dicho estudio confirman que miles de mujeres y niñas de todo el mundo mueren o sufren lesiones como consecuencia de que se les niegue el acceso a servicios de aborto legales y seguros.El informe hace que me plantee la siguiente pregunta: ¿Cómo puede un Estado ignorar la desesperación de estas mujeres y niñas, así como la gravedad de las consecuencias que esto tiene en su salud y en sus vidas?Resulta aterrador descubrir que las conclusiones del estudio muestran un aumento en el número de mujeres y niñas que son sometidas a prácticas de aborto inseguras. Por increíble que parezca, los gobiernos siguen negando los servicios médicos esenciales en estos casos, incluidos los necesarios para evitar las lesiones psíquicas o psicológicas permanentes, o incluso la muerte, que el aborto puede ocasionar en mujeres y niñas.El informe de la OMS también apunta que la falta de información y de servicios anticonceptivos contribuye a las elevadas cifras de embarazos no deseados.La decisión de negar este tipo de atención no está justificada en ningún caso, puesto que constituye una forma de castigo o coacción de los Estados sobre las mujeres y niñas.Algunos gobiernos incluso llegan a utilizar el derecho penal para hacer que se cumpla esta negación de los servicios médicos a mujeres y niñas embarazadas.La tipificación de los servicios de aborto como delito es una medida discriminatoria y punitiva tanto en intención como en efecto. La gravedad de las violaciones de derechos humanos que sufren las mujeres y niñas a las que se les niega el acceso a atención básica representa un claro incumplimiento por parte de los Estados de sus obligaciones en materia de derechos humanos.Una de las conclusiones más importantes del informe de la OMS es que se confirma que no existe correlación alguna entre leyes restrictivas de aborto y menores índices de prácticas abortivas. De hecho, ocurre más bien lo contrario.La información ofrecida por la OMS confirma que en aquellos lugares en los que no existen servicios legales y seguros de aborto, algunas mujeres y niñas inevitablemente recurren a la autoinducción del aborto o a centros clandestinos donde pueden practicárselo.Las mujeres y niñas que están sumidas en el miedo, la vergüenza y la desesperación toman la dolorosa decisión de ingerir veneno, de intentar eliminar el feto de su cuerpo con un alambre u otro objeto punzante, o de recurrir a la ayuda de personas no cualificadas que, en condiciones de pésima higiene, les ayuden a interrumpir el embarazo.Muchas de estas mujeres y niñas quedarán estériles o inválidas, y algunas incluso morirán como consecuencia de las lesiones provocadas por estas prácticas. ¿Por qué debe obligarse a estas mujeres y niñas a tomar medidas tan desesperadas y por qué debe privárseles de su dignidad?En 2009 entrevisté a Rosmery, una niña de 13 años de Managua, Nicaragua. Rosmery tenía tan solo 12 años cuando se quedó embarazada tras repetidas violaciones por parte de un familiar.En Nicaragua existe una prohibición total del aborto, incluso si una niña se ha quedado embarazada como consecuencia de actos de violencia sexual o si su vida corre peligro si continúa con el embarazo.Rosmery tan solo quería seguir yendo a la escuela, ser como el resto de las niñas de su edad e intentar evitar que esta violación marcase el resto de su vida. Su madre encontró a un profesional cualificado que pudiera practicarle el aborto de forma clandestina, pero en un lugar limpio y seguro.Rosmery y su madre me explicaron su constante preocupación ante la posibilidad de que alguien lo descubriese o presentase cargos penales contra la niña y quienes la ayudaron. El hecho de que el aborto estuviese penalizado se sumó al estigma que Rosmery ya sentía.¿Por qué habría que hacer sentir a una víctima de violación como Rosmery que está cometiendo un delito por intentar aliviar las consecuencias del delito que ella ha sufrido?Con la existencia de leyes que restringen el acceso a servicios legales y seguros de aborto, el Estado transmite a las mujeres y niñas que no tienen el mismo derecho a recibir tratamientos para proteger su vida y su salud que quienes requieren esos mismos tratamientos en otras circunstancias.El informe de la OMS concluye que "la muerte provocada por la práctica insegura del aborto continúa siendo un hecho importante y evitable, como lo son las consecuencias sociales, económicas y de la salud ocasionadas por los abortos inseguros".Saber que las muertes y lesiones que sufren miles de mujeres y niñas en el mundo podrían evitarse por completo es absolutamente descorazonador.Vuelvo a mi pregunta inicial: ¿Cómo puede un Estado ignorar la desesperación de estas mujeres y niñas, así como la gravedad de las consecuencias que esto tiene en su salud y en sus vidas?