“Se han empleado armas suministradas por Estados Unidos al gobierno de Israel en violaciones graves del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, y de un modo incompatible con la legislación y la política estadounidenses”, afirma Amnistía Internacional. La organización reclama la suspensión inmediata de las transferencias de armas al gobierno de Israel.

En un nuevo documento de investigación entregado hoy al gobierno de Estados Unidos como parte del proceso del Memorándum de Seguridad Nacional sobre Salvaguardias y Rendición de Cuentas respecto de Artículos de Defensa y Servicios de Defensa Transferidos (NSM-20), Amnistía Internacional Estados Unidos detalla casos de muertes y heridas a civiles causadas por armas fabricadas en Estados Unidos, así como otros que ponen de relieve una constante general de ataques ilegítimos por parte de fuerzas israelíes. El documento detalla asimismo prácticas de las fuerzas israelíes incompatibles con las mejores prácticas para mitigar los daños a la población civil y ofrece ejemplos claros del uso indebido de artículos de defensa, la comisión de torturas y el uso de fuerza letal ilegítima. Por último, el informe detalla también la negación de asistencia humanitaria la población civil en Gaza.

“Es alarmante que la administración Biden siga sosteniendo que el gobierno de Israel no viola el derecho internacional humanitario con armas suministradas por Estados Unidos cuando nuestra investigación muestra lo contrario y especialistas en derecho internacional discrepan”, ha declarado Amanda Klasing, directora nacional para Relaciones con Gobiernos de Amnistía Internacional Estados Unidos. “La Corte Internacional de Justicia declaró que el riesgo de genocidio en Gaza es plausible y ordenó medidas provisionales. El presidente Biden debe poner fin a la complicidad de Estados Unidos con las violaciones graves del derecho internacional que comete el gobierno de Israel y suspender inmediatamente la transferencia de armas al gobierno de Israel”.

El NSM-20 exige que el informe de la administración al Congreso de Estados Unidos incluya “una evaluación de todos los informes o denuncias creíbles de que se han usado artículos de defensa y, en su caso, servicios de defensa de un modo incompatible con el derecho internacional, incluido el derecho internacional humanitario” y no limita la entrega de ayuda humanitaria. Los requisitos sobre presentación de informes al Congreso en virtud de estas disposiciones establecen de plazo el 8 de mayo de 2024.

Amnistía Internacional Estados Unidos cita varios ejemplos de violaciones del derecho humanitario mediante el uso de armas fabricadas en Estados Unidos, entre ellos los siguientes:

1. Municiones de ataque directo conjunto (JDAM, por sus siglas en inglés) fabricadas en Estados Unidos usadas por el ejército israelí en dos ataques aéreos ilegítimos mortales contra viviendas llenas de civiles en la Franja de Gaza ocupada en octubre de 2023 que causaron la muerte de 43 civiles: 19 niños y niñas, 14 mujeres y 10 hombres. Estos bombardeos aéreos fueron ataques directos contra la población civil o bienes de carácter civil, o ataques indiscriminados y deben ser investigados como crímenes de guerra.
2. El uso de fósforo blanco en el sur de Líbano por fuerzas israelíes en octubre de 2023, de un modo incompatible con el derecho internacional humanitario, que exige que se adopten las precauciones necesarias para proteger a la población civil. Debe investigarse como crimen de guerra un ataque contra la localidad de Dhayra el 16 de octubre porque fue un ataque indiscriminado que hirió al menos a nueve civiles y causó daños a bienes de carácter civil.
3. Cuatro ataques israelíes —tres en diciembre de 2023, tras el final de la pausa humanitaria, y uno en enero de 2024 que causaron la muerte de al menos 95 civiles, de ellos 42 niños y niñas— en Rafá, la gobernación más meridional de Gaza, y en un periodo en el que se suponía que era la zona “más segura” de la Franja. El incidente de enero incluyó pruebas de una bomba GBU-39 de pequeño diámetro, arma de precisión guiada provista de una ojiva más pequeña fabricada en Estados Unidos por Boeing. En ninguno de los cuatro ataques había indicio alguno de que los edificios de viviendas afectados pudieran considerarse objetivos militares legítimos, ni de que las personas que estaban en los edificios fueran objetivos militares, lo que hace temer que estos bombardeos fueran ataques directos contra civiles y bienes de carácter civil que, por tanto, deben ser investigados como crímenes de guerra.

Además, Amnistía Internacional Estados Unidos detalló ataques ilegítimos de las fuerzas israelíes en la Franja de Gaza ocupada que causaron la muerte y heridas a personas palestinas en los que no se pudo identificar la fabricación y el origen de las armas utilizadas o se identificaron armas no fabricadas en Estados Unidos. Estos incluyen un ataque militar israelí contra un grupo de siete periodistas en el sur de Líbano el 13 de octubre que causó la muerte del periodista de Reuters Issam Abdallah y heridas a los seis restantes, probablemente un ataque directo contra civiles que debe ser investigado como crimen de guerra.

Amnistía Internacional también aporta amplia documentación sobre prácticas de las fuerzas israelíes que son incompatibles con la prevención y la mitigación de daños a civiles. Entre ellas figuran avisos de evacuación masiva de 24 horas, avisos con antelación deficientes o no efectivos con innumerables víctimas mortales y el uso de folletos que ordenaban la evacuación.

Por último, dado que el NSM-20 exige que el informe de la administración ante el Congreso de Estados Unidos incluya una evaluación y un análisis de si el gobierno extranjero receptor ha cooperado plenamente con los esfuerzos respaldados por el gobierno estadounidense e internacionales para proporcionar asistencia humanitaria en las zonas de conflicto, Amnistía Internacional Estados Unidos expone que las autoridades israelíes han negado, restringido y dificultado la asistencia humanitaria de forma sistemática y arbitraria.

Las prolongadas políticas y prácticas de Israel impiden el aumento de la ayuda humanitaria y han provocado una hambruna artificial, como declaró la Corte Internacional de Justicia el 28 de marzo de 2024. Las prácticas obstructivas del gobierno de Israel incluyen el cierre continuado de pasos fronterizos vitales como los del norte de Gaza; rechazos de entrada de artículos de ayuda basados en justificaciones arbitrarias, opacas y cambiantes como definiciones de doble uso; largas demoras y procesos impredecibles para la inspección de camiones, y la denegación de solicitudes de circulación dentro de Gaza. Lo que es peor aún, los reiterados ataques contra personal de ayuda humanitaria, convoyes, repartos y centros humanitarios, incluidos los presentados a las autoridades israelíes como parte del proceso de notificación humanitaria (“recintos inviolables”) han obstaculizado los esfuerzos de socorro. Estas restricciones exacerbadas han agravado seriamente la crisis humanitaria creada por el bloqueo ilegítimo que Israel impone en la Franja de Gaza ocupada desde 2007, que es una forma de castigo colectivo y un crimen de guerra.

“Los datos son claros y abrumadores: el gobierno de Israel está usando armas de fabricación estadounidense en violación del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, de una forma incompatible con la legislación y la política de Estados Unidos”, concluyó Klasing. “Para seguir las leyes y políticas estadounidenses, Estados Unidos debe suspender de inmediato toda transferencia de armas al gobierno de Israel”.