Los países que dependen del extractivismo petrolero deben detener de inmediato actividades perniciosas como la quema rutinaria de gas en los mecheros y priorizar la eliminación gradual y urgente de los combustibles fósiles para asegurar una transición energética rápida y justa. La eliminación de la quema de gas de mecheros es una de las medidas más inmediatas y claves para hacer frente a la crisis climática que afecta, con mayor contundencia, a las comunidades históricamente marginadas de zonas de sacrificio, afirmó Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado hoy.

El informe “Arde la Amazonía, arde el futuro” Jóvenes activistas que defienden la Amazonía ecuatoriana de los mecheros que amenazan los derechos en el presente y el futuro revela cómo el Estado ecuatoriano incumple con su deber de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) al permitir las operaciones de mecheros en la Amazonía. Aun cuando una sentencia judicial de 2021, promovida por nueve niñas y jóvenes activistas climáticas de comunidades de Sucumbíos y Orellana, con apoyo de la Unión de Afectados por las Operaciones de Texaco (UDAPT), dispuso la eliminación de los mecheros, el Estado ecuatoriano sigue permitiendo que esta perniciosa práctica de la industria de los combustibles fósiles. Una actividad que además está directamente vinculada al calentamiento global y a la emisión de supercontaminantes como el metano, lo que pone en peligro el ejercicio y garantía de los derechos humanos en la actualidad y en el futuro.

Amnistía Internacional encontró que el Estado ecuatoriano no ha cumplido a cabalidad con lo ordenado en la sentencia del “Caso Mecheros”, emitida el 29 de julio del 2021 por la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos. La sentencia dispone que los mecheros, operados por la empresa pública y empresas privadas, deben eliminarse gradualmente, siendo una prioridad el retiro de aquellos que se encuentran cerca de los sitios poblados.

Sin embargo, los testimonios recolectados, documentos analizados y la verificación de información en terreno en este informe revelan que el Estado ecuatoriano y sus instituciones con competencia en materia energética, hasta ahora, sólo han tomado medidas que benefician el mantenimiento de la producción petrolera a cualquier costo, evitando acciones concretas y ambiciosas para la eliminación de los mecheros, y crear condiciones para una transición energética rápida y justa.

“Las autoridades ecuatorianas tienen la obligación de actuar de manera contundente e inmediata para implementar de forma urgente la sentencia producto de la acción legal de las nueve niñas y jóvenes demandantes del caso mecheros y la UDAPT. Cumplir con esta sentencia es un acto de justicia climática, medioambiental y racial. El Estado ecuatoriano debe eliminar la quema rutinaria de gas en los mecheros que pone en peligro actualmente a la Amazonía, el mundo y el futuro de las niñeces que heredarán la tierra”, afirmó Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Los impactos negativos de las operaciones de los mecheros en los derechos humanos, el medioambiente y su contribución al calentamiento global han sido ampliamente reconocidos por la comunidad internacional y la comunidad científica.

Por lo mismo, existen iniciativas mundiales para la eliminación de los mecheros y algunos países han prohibido y reglamentado esta práctica. Sin embargo, en el continente americano, países como Ecuador, Estados Unidos, México, Argentina, Brasil y Venezuela utilizan rutinariamente mecheros en la extracción petrolera. Con generalidad, tanto las empresas públicas como privadas hacen uso de mecheros, con el fin de reducir costos operativos en áreas social y ambientalmente vulneradas, conocidas como “zonas de sacrificio”, en donde la marginalización y la pobreza se aúnan a la degradación ambiental producto de la actividad extractivista.

“Eliminando los mecheros y comprometiéndose a transitar a una economía no dependiente de los combustibles fósiles, Ecuador puede convertirse en un país abanderado de la justicia climática y medioambiental por el bien del presente y el futuro del planeta. La “riqueza” del petróleo nunca ha llegado a la Amazonía ecuatoriana, en cambio, es la gran zona de sacrificio petrolera y donde las niñeces, como las niñas del caso mecheros, son uno de los grupos más vulnerables”. -Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Según el Banco Mundial, Ecuador está entre los 30 países del mundo que hace más uso de la quema de gas en mecheros y al mantenerlos encendidos perpetúa una terrible práctica que pone en peligro la vida, la salud y demás derechos de las poblaciones más empobrecidas del país.

Amnistía Internacional verificó que al menos 52 mecheros están a menos de 5 km de centros poblados, una distancia potencialmente dañina para las comunidades locales y el medioambiente.

Ecuador es un país cuya economía se ha cimentado, históricamente, en la extracción de petróleo, por lo que tiene una responsabilidad y oportunidad importante en la región de reducir las emisiones GEI generadas por este sector e ir construyendo las bases de una transición energética rápida y justa, a fin de no continuar contribuyendo a la profundización del daño en el sistema climático mundial.

Ya que los daños antropogénicos en el sistema climático global de las emisiones GEI son acumulativos, continuar con prácticas innecesarias y perniciosas como la quema rutinaria de gas en mecheros implica para Ecuador un incumplimiento de su deber de mitigar, y proteger los derechos humanos en el contexto del cambio climático, que pone en riesgo a las personas y el futuro de la humanidad.

“Las valientes niñas y jóvenes demandantes del caso mecheros, ahora conocidas como las Guerreras por la Amazonía, nos demuestran que las niñeces y juventudes del mundo exigen con urgencia justicia climática, racial y de género, así como cambios radicales a favor de los derechos humanos y de la naturaleza”. -Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.