El viernes 6 de marzo se cumplieron ocho semanas desde que las autoridades de Arabia Saudí flagelaron públicamente al bloguero y activista Raif Badawi, condenado a 1.000 latigazos y 10 años de prisión por "insultar al Islam" y por fundar un foro online de debate político.
Tras su primera sesión de 50 latigazos, llevada a cabo ante una mezquita de Yidda el 9 de enero, un médico dijo a las autoridades penitenciarias que sus heridas no estaban lo suficientemente cicatrizadas para someterlo a una segunda ronda de ese brutal castigo.Al viernes siguiente, aunque un comité médico había aconsejado que no se flagelara a Raif Badawi porque sufría hipertensión, otro médico penitenciario insistió en que al condenado no le pasaba nada y debía ser flagelado. Después, durante cinco semanas consecutivas, las flagelaciones de los viernes no se llevaron a cabo, por razones que se desconocen.Raif Badawi ha ocupado titulares de todo el mundo, pero su caso no es más que la punta del iceberg del espantoso historial de derechos humanos del reino del Golfo. He aquí 10 datos que dan qué pensar, obtenidos por la investigación de Amnistía Internacional:1. Penas crueles, inhumanas y degradantesLos tribunales de Arabia Saudí siguen dictando condenas de flagelación como castigo para numerosos delitos, a menudo tras juicios injustos. Además de Raif Badawi, en los dos últimos años los defensores de los derechos humanos Mikhlif bin Daham al Shammari y Omar al Said fueron condenados a 200 y 300 latigazos, respectivamente, y la empleada doméstica filipina Ruth Cosrojas fue condenada a 300. También se han llevado a cabo amputaciones y amputaciones cruzadas como castigo para algunos delitos.
2. Pico de ejecuciones
Arabia Saudí es uno de los países que más ejecuciones llevan a cabo en el mundo: decenas de personas son ejecutadas cada año, muchas en decapitaciones públicas. En lo que va de año, se ha ejecutado a 40 personas: casi el cuádruple de las personas ejecutadas en las mismas fechas el año pasado.
3. Represión de los activistas
Además de Raif Badawi, decenas de comprometidos activistas permanecen entre rejas, únicamente por ejercer su derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión. Las autoridades han atacado a la comunidad, pequeña pero activa, de defensores de los derechos humanos, con medidas entre las que se encuentra el uso de leyes antiterroristas para reprimir los actos pacíficos que estos defensores emprenden para sacar a la luz y abordar violaciones de derechos humanos.
4. Sin espacio para la disidencia
Todas las concentraciones públicas, incluidas las manifestaciones, siguen estando prohibidas en virtud de una orden emitida por el Ministerio del Interior en 2011. Quienes desafían esta prohibición se exponen a ser detenidos, procesados y encarcelados por cargos como "incitar a la población contra las autoridades".
5. Discriminación sistemática contra las mujeres
Las mujeres y las niñas siguen sufriendo discriminación en la ley y en la práctica, con leyes que las subordinan a los hombres, especialmente en lo relativo a asuntos familiares como el matrimonio, el divorcio, la custodia de los hijos y la herencia. Las mujeres que apoyaron una campaña contra la prohibición de hecho de que las mujeres conduzcan vehículos se exponen a ser detenidas y a sufrir otros tipos de acoso e intimidación.
6. Tortura sistemática bajo custodia
Según han dicho a Amnistía Internacional exdetenidos, acusados de delitos y otras personas, el uso de la tortura y otros malos tratos por parte de las fuerzas de seguridad sigue siendo habitual y generalizado, y los responsables nunca comparecen ante la justicia.
7. Detenciones y reclusiones arbitrarias
Decenas de personas han sido detenidas y recluidas en prisión preventiva durante periodos de seis meses o más, lo cual viola el Código Penal del propio reino. Los detenidos a menudo permanecen en régimen de incomunicación durante los interrogatorios, sin acceso a sus abogados. Algunos activistas de derechos humanos han permanecido detenidos sin cargos ni juicio durante más de dos años.
8. Arraigada discriminación religiosa
Los miembros de la minoría chií del reino, la mayoría de los cuales viven en la Provincia Oriental, rica en petróleo, siguen sufriendo una arraigada discriminación que limita su acceso a servicios estatales y al empleo. Ha habido activistas chiíes que han recibido condenas de muerte o largas penas de prisión por su presunta participación en las protestas de 2011 y 2012.
9. Deportación en masa de trabajadores y trabajadoras migrantes
Según el Ministerio del Interior, en noviembre de 2013 la represión de los trabajadores y trabajadoras migrantes extranjeros en situación irregular condujo a la deportación de más de 370.000 personas. Unas 18.000 permanecían aún detenidas el pasado marzo. Miles de personas fueron devueltas sumariamente a Somalia, Yemen u otros Estados en los que corrían peligro de sufrir abusos contra los derechos humanos.
10. Lo que sucede en el reino, se queda en el reino
Las autoridades saudíes siguen negando el acceso al país a organizaciones independientes de derechos humanos como Amnistía Internacional, y se sabe que han emprendido acciones punitivas, por vía judicial, entre otros medios, contra activistas y familiares de víctimas que se han puesto en contacto con nosotros.