Hoy el Senado irlandés ha aprobado el Proyecto de Ley sobre Salud (Regulación de la Interrupción del Embarazo) 2018, por lo que, tras la aprobación de las dos cámaras del Oireachtas, ya puede ser enviado al presidente para que firme su entrada en vigor. “Este es un significativo paso adelante para los derechos humanos de las mujeres y niñas, pero la ley sigue conteniendo barreras para el acceso”, dice Amnistía Internacional.

En mayo de este año, la ciudadanía de Irlanda votó por aplastante mayoría a favor del acceso al aborto basándose en el derecho de las mujeres a decidir sobre su embarazo y su salud. La aprobación por la Dáil de este nuevo proyecto de ley sobre el aborto es un hito de enorme importancia que legalizará en Irlanda el acceso al aborto en ciertas circunstancias. Sin embargo, hacen falta más medidas para que la ley sea compatible con los derechos humanos.

“Acogemos con satisfacción la aprobación de este proyecto de ley, y apreciamos en todo su valor la importancia de que se promulgue antes de que finalice el año para que puedan comenzar a prestarse en enero los servicios de aborto. Las mujeres llevan esperando esto 35 años; las violaciones diarias de sus derechos humanos deben acabar. Sin embargo, tanto nuestra organización como el gobierno queremos evitar una situación en la que la ley impida a las personas embarazadas el acceso a los servicios de salud que necesitan o retrase su atención. No queremos que las mujeres sigan viéndose obligadas a viajar o a acceder a píldoras abortivas ilegales en Internet. Esto no es lo que votó la gente el 25 de mayo”, dijo Colm O’Gorman, director ejecutivo de Amnistía Internacional Irlanda.

“Sabemos por las encuestas de salida realizadas tras la votación de mayo que el 62% de las personas votó ‘sí’ porque estaban de acuerdo con el derecho de las mujeres a decidir y el 55% votó porque consideraban que el acceso al aborto era un problema de salud de las mujeres. La nueva ley sobre el aborto garantizará que la mayoría de las mujeres pueda acceder a estos servicios en Irlanda, y esto es un importante paso adelante.

“Pero, tal como está redactada actualmente la ley, nos preocupa que siga habiendo barreras que impiden el acceso de las mujeres a una atención oportuna. Y hay algunas deficiencias significativas. Entre ellas figuran el umbral, potencialmente alto y ambiguo, que crea la redacción acerca del ‘daño grave’ para la salud de las mujeres; la ausencia de disposición de acceso en caso de malformaciones graves del feto, en lugar de mortales; los periodos de espera obligatorios y que siga criminalizándose a los profesionales de la salud.

“Solicitamos en su día y acogemos con gran satisfacción la inclusión en el proyecto de ley de una cláusula de revisión de tres años, revisión siempre fundamental para garantizar que esta ley y su aplicación son más compatibles con los derechos humanos. Pero en las disposiciones del proyecto de ley hay lagunas más inmediatas que no pueden esperar tres años para ser subsanadas. Pedimos, por tanto, al ministro de Sanidad que se comprometa a hacer nuevos ajustes a la ley el año próximo si estas disposiciones provocan barreras al acceso o si surge cualquier otra barrera al acceso”, concluyó Colm O’Gorman.