"El Presidente tiene el poder para atender la crítica situación de derechos humanos que vive México. Peña Nieto debe actuar inmediatamente y debe tomar las medidas inmediatas para garantizar el pleno respeto de los derechos humanos para todas las personas en el país", agregó Shetty.El Presidente Peña Nieto y Salil Shetty dialogaron sobre la grave situación que enfrenta México, incluyendo el uso generalizado de la tortura, las desapariciones, los abusos contra migrantes y los ataques contra periodistas y quienes defienden los derechos humanos. Todas ellas son violaciones que persisten gracias a la impunidad existente en México.El Secretario General expresó su particular preocupación por la violencia y la discriminación a la que se enfrentan las mujeres, así como los integrantes de las comunidades indígenas.Shetty reconoció que la nueva administración ha puesto en marcha varios mecanismos y procesos para hacer frente a las violaciones de los derechos humanos, aunque resaltó que su implementación y el cumplimiento han sido débiles. También reconoció la apertura que ha tenido el gobierno mexicano para recibir a observadores de derechos humanos, tanto de las Naciones Unidas como de Amnistía Internacional.Sin embargo, Salil Shetty mostró su preocupación por el hecho de que a un año de que las autoridades reconocieran la existencia de más de 26,000 personas reportadas como desaparecidas o no localizadas durante el sexenio anterior, el gobierno ni siquiera haya aclarado cuántas víctimas de desaparición forzada y de privación de la libertad por parte de bandas criminales permanecen sin localizar."Visité Saltillo y dialogué con las familias de personas que continúan desaparecidas en varios estados. Le transmití al Presidente que resulta evidente la falta de acción por parte de las autoridades para localizar a sus seres queridos y llevar a los responsables ante la justicia", añadió Shetty.En 2013, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidos realizó una serie de recomendaciones a México para mejorar su preocupante historial en derechos humanos.En marzo, el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto anunciará cuáles de estas recomendaciones serán aceptadas. Amnistía Internacional espera que el gobierno mexicano acepte e implemente todas las recomendaciones que sean consistentes con los estándares internacionales de derechos humanos.Amnistía Internacional llama al gobierno de Peña Nieto a:

• Realizar un pronunciamiento claro sobre los compromisos de su administración en materia de derechos humanos y cumplir su promesa de enfrentar efectivamente la grave situación actual.
• Garantizar la búsqueda efectiva de víctimas de desaparición y llevar a los responsables ante la justicia, incluyendo a los funcionarios públicos que pudieran estar implicados en desapariciones forzadas.
• Garantizar, mediante acciones integrales y efectivas, la seguridad de periodistas y personas defensoras de los derechos humanos que se encuentren en riesgo, y hacer rendir cuentas ante la justicia a los responsables de ataques y amenazas en su contra.
• Asegurar los derechos humanos de migrantes irregulares, incluyendo el derecho a no ser objeto de violencia. Todos los abusos contra personas migrantes deben ser exhaustivamente investigados y las personas responsables deben rendir cuentas.

Durante su visita al estado de Coahuila, el Secretario General sostuvo encuentros con migrantes, familiares de víctimas de desaparición, defensoras y defensores de derechos humanos y con el gobernador del estado. Mediante esta visita, Amnistía Internacional pudo confirmar cómo las autoridades han fallado en cumplir con sus obligaciones hacia las familias de las personas desaparecidas e hizo un llamado a que las autoridades estatales asuman un compromiso claro y contundente para la localización de las víctimas y hagan rendir cuentas a los responsables de estos crímenes.En la Ciudad de México, Salil Shetty se reunió con otras víctimas de violaciones a los derechos humanos, periodistas y organizaciones de la sociedad civil. Sostuvo también encuentros con los titulares de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Procuraduría General de Justicia, así como con el ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia y con integrantes de los comités de derechos humanos del Senado de la República y de la Cámara de Diputados.