Con motivo de las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo en la República de Perú el próximo 10 de abril, Amnistía Internacional se dirige a las candidatas y los candidatos presidenciales a fin de poner en su conocimiento las inquietudes de la organización en materia de derechos humanos.Desde el inicio de la campaña electoral, Amnistía Internacional ha observado con preocupación como el tema fundamental de la promoción y protección a los derechos humanos ha permanecido en gran medida ausente de los debates y declaraciones de las candidatas y los candidatos presidenciales. Asimismo, ha preocupado a la organización de derechos humanos que representantes de los partidos políticos que están participando en este proceso electoral hayan realizado en ocasiones, declaraciones contrarias a principios de derechos humanos que el Perú se ha comprometido a respetar.En la última década, el Perú ha enfrentado el gran reto de restablecer el estado de derecho y subsanar un legado de veinte años en los que se cometieron graves violaciones y abusos a los derechos humanos. Amnistía Internacional ha observado con beneplácito los avances que se han llevado a cabo para garantizar el respeto a los derechos humanos de todos y todas, incluido el derecho de las víctimas de violaciones de derechos humanos a la verdad, la justicia y la reparación. Sin embargo, aún queda mucho por hacer y es preocupante que en algunos casos se hayan dado pasos que han buscado erosionar la protección de los derechos humanos y garantizar la impunidad.En particular preocupa a Amnistía Internacional cómo en el Perú se continúan violando los derechos humanos de los más vulnerables, perpetuando así años de discriminación y abusos. En nombre del desarrollo se continúan violando los derechos de los Pueblos Indígenas a sus territorios y a su forma de vida. Las mujeres y jóvenes, en particular aquellas que viven en comunidades indígenas o en poblaciones rurales y cuentan con pocos recursos, continúan viendo negados sus derechos sexuales y reproductivos y cientos mueren cada año por causas prevenibles relacionadas con el embarazo y el parto. Personas homosexuales, lesbianas y transexuales son discriminadas cada día por su orientación sexual, sufren malos tratos y uso excesivo de la fuerza, por parte de las fuerzas del orden cuando intentan hacer valer sus derechos. Los derechos humanos son indivisibles. Con frecuencia, aquellos que ven vulnerados sus derechos civiles y políticos, los que son discriminados o sometidos a malos tratos, son los mismos a los que se les niegan sus derechos económicos, sociales y culturales, como son los derechos a la salud, la educación y la vivienda.Amnistía Internacional se permite exhortar a cada uno de los candidatos y las candidatas a la presidencia del Perú a que den prioridad a la promoción y protección de los derechos humanos en el programa electoral de su partido.Es imperante que las y los candidatos se comprometan a aprobar y dar paso a la implementación del Plan Nacional de Derechos Humanos 2012 - 2016, y que este a su vez incluya un cronograma, presupuesto e indicadores además de una definición clara de responsabilidades. En particular dicho plan deberá incluir las áreas a continuación señaladas:Tomar medidas para erradicar la discriminación Se debe mostrar un claro compromiso y establecer estrategias, políticas públicas y planes de acción con recursos adecuados que garanticen el cumplimiento del Estado de sus obligaciones de no discriminación sea por razón de raza, género, orientación sexual, etnia, edad u otros.Garantizar los derechos humanos de los pueblos indígenasLos candidatos y candidatas a la presidencia deben mostrar su compromiso inequívoco con el respeto a los derechos de los pueblos indígenas, en particular su derecho a participar en el proceso de toma de decisiones y a ser consultados con el objetivo de conseguir su consentimiento previo, libre e informado antes de que se adopte cualquier medida administrativa o legislativa que pueda afectarles, para lo cual es necesario adecuar la legislación peruana a los compromisos asumidos por el Perú con la ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y con la adopción de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Para esto tienen que establecerse mecanismos apropiados a escala nacional que les brinden la oportunidad de hacerse escuchar y de influir en las decisiones adoptadas y les confieran en cada caso el máximo control posible sobre su propio desarrollo económico, social y cultural.En este sentido, Amnistía Internacional llama a los candidatos y las candidatas especialmente a comprometerse a promover la aprobación de forma urgente de una ley de consulta y sus mecanismos efectivos para los pueblos indígenas que se adecue a tales obligaciones y que sea resultado de un proceso genuino de consulta con las instituciones representativas de los pueblos indígenas, y a garantizar que no se promulgue o implemente ninguna ley o decisión que afecte los intereses y forma de vida de los pueblos indígenas sin que ésta haya sido debidamente consultada con los pueblos indígenas afectados.En relación a los trágicos sucesos de Bagua ocurridos en julio de 2009, Amnistía Internacional exhorta a los candidatos y las candidatas a garantizar el esclarecimiento de lo sucedido y que todas las víctimas, tanto civiles como de las fuerzas del orden, tengan acceso a la justicia y una reparación adecuada. Se debe garantizar además que se respeten los derechos de todas las personas procesadas por los hechos en Bagua a un juicio justo.Implementar compromisos internacionales en materia de derechos humanosAmnistía Internacional espera que el programa electoral de los candidatos y las candidatas refleje de manera concreta y sin restricciones los compromisos contraídos por Perú respecto a las normas internacionales de derechos humanos. En este sentido se debe dar especial atención a la implementación de las decisiones y sentencias tanto del sistema interamericano, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de derechos humanos, como de los mecanismos de las Naciones Unidas; y asegurarse de no tomar medidas que vulneren las obligaciones internacionales del Perú en materia de derechos humanos. Se debe además continuar con los esfuerzos por adecuar la legislación peruana al Estatuto de Roma.Garantizar el respeto, promoción y protección de los Derechos Económicos Sociales y Culturales.Se debe mostrar un claro compromiso para aprobar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En adición se debe establecer estrategias, políticas públicas y planes de acción con recursos adecuados que garanticen el cumplimiento del Estado de sus obligaciones negativas y positivas, tanto inmediatas como progresivas en materia de derechos económicos, sociales y culturales de todos y todas, sin discriminación, de forma tal que se dé especial protección a los más pobres y vulnerables.Garantizar el derecho humano a la libre asociación y a la libertad de opiniónSe debe respetar el derecho a la libre asociación y a la libertad de opinión, garantizando que nadie sea procesado ni privado de libertad por su actitud crítica a las autoridades ni por participar en protestas pacíficas.Asimismo, se debe asegurar que las fuerzas del orden hagan un uso proporcional y progresivo de la fuerza, incluido el uso de armas de fuego, y que de producirse cualquier denuncia por violaciones a los derechos humanos durante cualquier protesta, estos hechos sean investigados y los perpetradores procesados en el sistema de justicia ordinario.Para este fin, Amnistía Internacional exhorta a los candidatos y las candidatas a la presidencia a derogar los Decretos Legislativos Nos. 1094 y 1095. Estos decretos envían un preocupante mensaje de intolerancia hacia la protesta social. Esta legislación posibilita que militares hagan uso de la fuerza en casos de conflictividad y protesta social, lo cual es preocupante pues en el pasado el uso del ejército para mantener la ley y el orden ha resultado en violaciones a los derechos humanos. Asimismo, permite que cuando las fuerzas armadas cometan excesos en su intervención, estas sean juzgadas por una corte militar. Las cortes militares en Perú no son ni independientes ni imparciales y tienen una larga trayectoria de perpetuar la impunidad.Garantizar la promoción y protección de los derechos Sexuales y Reproductivos de todos y todas. Se deben tomar medidas claras, accesibles, no discriminatorias y evaluables incluyendo programas educacionales, que permitan garantizar el acceso a información y servicios sobre salud sexual y reproductiva permitiendo a las personas tomar decisiones informadas.Se debe priorizar el acceso a la salud materno infantil de calidad a las mujeres y jóvenes, especialmente a aquellas que viven en comunidades indígenas, áreas rurales o que cuentan con pocos recursos, entre las que se produce el mayor número de muertes prevenibles por causa del embarazo y parto.Los candidatos y candidatas deben coordinar las iniciativas existentes para la prevención y la reducción de la mortalidad materna, incluido el protocolo sobre aborto terapéutico, englobándolas en un plan de acción con plena dotación de recursos y total rendición de cuentas que incluya a todos los ministerios, al igual que a autoridades regionales y locales pertinentes. Asimismo se deben reducir sistemáticamente las barreras económicas, físicas y culturales que impiden que las mujeres pobres del medio rural y las mujeres indígenas accedan a servicios de atención de la salud reproductiva y materna que puede salvar sus vidas, incluida la atención obstétrica de emergencia.Amnistía Internacional reconoce los esfuerzos del estado peruano para reducir los índices de mortalidad materna, sin embargo los candidatos deben comprometerse a corregir toda legislación peruana que obstaculice el acceso de las mujeres a servicios obstétricos de urgencia. Debe también dejarse sin efecto cualquier legislación que criminalice el aborto. Además los candidatos y candidatas deben garantizar el acceso a servicios médicos a todas aquellas mujeres que como resultado de una violación, agresión sexual o incesto hayan quedado embarazadas y se hayan practicado un aborto sea este legal o ilegal.Impunidad y resarcimientoSe debe dar prioridad a la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) cuyas recomendaciones se publicaron el 2003. Para ello, se debe establecer un plan de acción que debe establecer claras responsabilidades, un cronograma y mecanismos de seguimiento y estar dotado de un presupuesto adecuado. Dicho plan deberá además contar con la partida presupuestaria adecuada y correspondiente a tal fin.En particular, dicho plan debe poner énfasis en medidas para asegurar el derecho de todas las víctimas a la justicia y la reparación. Amnistía Internacional insta al próximo gobierno a realizar todos los esfuerzos para garantizar el derecho de las víctimas de violaciones de derechos humanos, incluidas las víctimas de violencia sexual, y de sus familias a conocer la verdad y a recibir una reparación justa y adecuada por el sufrimiento al que han sido sometidas.En este sentido, se debe garantizar que el Ministerio de Defensa colabore con el sistema de justicia brindando la información necesaria para facilitar la investigación y procesamiento de miembros de las Fuerzas Armadas implicados en violaciones a los derechos humanos.Así mismo, los candidatos y las candidatas a la presidencia del Perú deben comprometerse a no tomar medida alguna que garantice la impunidad para los perpetradores de violaciones a los derechos humanos, ni obstaculicen su investigación y juzgamiento.Además de determinarse en la justicia ordinaria, tras un proceso justo, que existe responsabilidad penal de miembros de las fuerzas del orden o autoridades implicadas en violaciones a los derechos humanos, se debe garantizar que las penas sean efectivas y proporcionales a la gravedad de los hechos. En este sentido, Amnistía Internacional insta a los candidatos y las candidatas a la presidencia a abstenerse de promulgar legislación que otorgue amnistías a presuntos perpetradores de violaciones a los derechos humanos que están siendo investigados o procesados. Estas leyes perpetúan y legalizan la impunidad. La impunidad niega los valores de verdad y justicia y propicia que se cometan más violaciones de derechos humanos. Estas leyes tienen por efecto impedir que la verdad salga a la luz y que se atribuyan responsabilidades penales, por lo tanto son del todo inaceptables.En relación a indultos o gracias presidenciales a favor de personas condenadas por crímenes contra la humanidad es imperante que las penas impuestas y cumplidas reflejen la gravedad de los crímenes cometidos, ya que las penas son un elemento esencial para el resarcimiento debido a las víctimas, además de ser una forma de superar años de impunidad e injusticia.Amnistía Internacional confía en que los candidatos y las candidatas a la presidencia del Perú den en este último mes de campaña electoral antes de las elecciones el próximo 10 de abril, la debida prioridad a la protección y promoción de los derechos humanos y realicen propuestas claras y específicas en esta materia con miras a continuar avanzando hacia la consolidación del estado de derecho con pleno respeto a los derechos humanos.