La millonaria multa impuesta a uno de los canales de televisión de Venezuela parece un intento más de las autoridades de restringir la libertad de expresión, ha manifestado Amnistía Internacional hoy. El organismo regulador de las telecomunicaciones, Conatel, ha multado a Globovisión con el equivalente a dos millones de dólares estadounidenses por presunta infracción de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión y Medios Electrónicos.
Globovisión está acusada de "apología del delito" y de demostrar "odio e intolerancia por razones políticas" en su cobertura de la represión de los disturbios ocurridos en junio en la masificada cárcel de El Rodeo, a las afueras de Caracas, en los que murieron 37 personas.
Amnistía Internacional lleva mucho tiempo recibiendo informes sobre intimidaciones y amenazas dirigidas en los últimos años contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación venezolanos debido a su trabajo.
A varios medios informativos críticos con el gobierno no se les ha concedido permiso para operar.
En enero de 2010, RCTV Internacional y otros cinco canales de televisión por cable fueron cerrados por presunta infracción también de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión y Medios Electrónicos.
En 2009 se retiró la licencia al menos a 34 emisoras de radio por presunto incumplimiento de la normativa sobre telecomunicaciones. Las autoridades afirmaron que las emisoras jugaban a desestabilizar Venezuela, lo que hizo pensar que la verdadera razón de su cierre era su línea editorial.
Esta campaña de represión pone de manifiesto la falta de respeto de las autoridades al trabajo legítimo de los medios de comunicación, en particular cuando se sabe que tienen una línea editorial crítica con el gobierno.
El presidente Hugo Chávez ha acusado anteriormente a Globovisión de haber apoyado un intento de golpe de Estado contra su gobierno en 2002.
En agosto de 2009, un grupo de partidarios del gobierno irrumpieron en la sede de Globovisión en Caracas, lanzando botes de gas lacrimógeno en el edificio y agrediendo al personal y a los guardias de seguridad. Amnistía Internacional no tiene constancia de que se haya llevado a nadie ante la justicia por este ataque.
El año pasado, el propietario de Globovisión pasó varios días detenido y fue acusado formalmente de divulgación de información falsa y ofensas al presidente por una declaración que había hecho en el curso de una reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa.
Representantes de Globovisión han dicho que el pago de esta multa de dos millones de dólares, monto equivalente al 7,5 por ciento de los beneficios del canal, supondrá la quiebra de éste y le obligará a cerrar sus emisiones. Las autoridades del gobierno han dicho que si el canal no paga la multa se declarará en desacato, en cuyo caso se iniciarán nuevas acciones judiciales contra él.
Amnistía Internacional teme que este último incidente sea parte de una campaña de erosión de la libertad de expresión en Venezuela y tenga el efecto de disuadir a otros periodistas y trabajadores de los medios de comunicación de ejercer su derecho a la libertad de expresión y desempeñar la función clave que tienen asignada los medios de comunicación a la hora de hacer efectivo el derecho de toda persona a recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole.
La millonaria multa impuesta a uno de los canales de televisión de Venezuela parece un intento más de las autoridades de restringir la libertad de expresión, ha manifestado Amnistía Internacional hoy. El organismo regulador de las telecomunicaciones, Conatel, ha multado a Globovisión con el equivalente a dos millones de dólares estadounidenses por presunta infracción de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión y Medios Electrónicos. Globovisión está acusada de "apología del delito" y de demostrar "odio e intolerancia por razones políticas" en su cobertura de la represión de los disturbios ocurridos en junio en la masificada cárcel de El Rodeo, a las afueras de Caracas, en los que murieron 37 personas.Amnistía Internacional lleva mucho tiempo recibiendo informes sobre intimidaciones y amenazas dirigidas en los últimos años contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación venezolanos debido a su trabajo. A varios medios informativos críticos con el gobierno no se les ha concedido permiso para operar. En enero de 2010, RCTV Internacional y otros cinco canales de televisión por cable fueron cerrados por presunta infracción también de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión y Medios Electrónicos. En 2009 se retiró la licencia al menos a 34 emisoras de radio por presunto incumplimiento de la normativa sobre telecomunicaciones. Las autoridades afirmaron que las emisoras jugaban a desestabilizar Venezuela, lo que hizo pensar que la verdadera razón de su cierre era su línea editorial. Esta campaña de represión pone de manifiesto la falta de respeto de las autoridades al trabajo legítimo de los medios de comunicación, en particular cuando se sabe que tienen una línea editorial crítica con el gobierno. El presidente Hugo Chávez ha acusado anteriormente a Globovisión de haber apoyado un intento de golpe de Estado contra su gobierno en 2002. n agosto de 2009, un grupo de partidarios del gobierno irrumpieron en la sede de Globovisión en Caracas, lanzando botes de gas lacrimógeno en el edificio y agrediendo al personal y a los guardias de seguridad. Amnistía Internacional no tiene constancia de que se haya llevado a nadie ante la justicia por este ataque.El año pasado, el propietario de Globovisión pasó varios días detenido y fue acusado formalmente de divulgación de información falsa y ofensas al presidente por una declaración que había hecho en el curso de una reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa. Representantes de Globovisión han dicho que el pago de esta multa de dos millones de dólares, monto equivalente al 7,5 por ciento de los beneficios del canal, supondrá la quiebra de éste y le obligará a cerrar sus emisiones. Las autoridades del gobierno han dicho que si el canal no paga la multa se declarará en desacato, en cuyo caso se iniciarán nuevas acciones judiciales contra él. Amnistía Internacional teme que este último incidente sea parte de una campaña de erosión de la libertad de expresión en Venezuela y tenga el efecto de disuadir a otros periodistas y trabajadores de los medios de comunicación de ejercer su derecho a la libertad de expresión y desempeñar la función clave que tienen asignada los medios de comunicación a la hora de hacer efectivo el derecho de toda persona a recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole.