Miles de civiles sufrieron ataques tanto selectivos cuanto indiscriminados de grupos armados de oposición. Las fuerzas de seguridad internacionales y nacionales también causaron muertos y heridos en la población civil. Según la Misión de Asistencia de la ONU en Afganistán (UNAMA), más de 2.700 civiles perdieron la vida y 4.805 resultaron heridos, la gran mayoría -el 81 por ciento- a manos de grupos armados.La tortura y otros malos tratos eran habituales en los centros de detención de todo el país, pese a algunos esfuerzos del gobierno para reducir su incidencia. La violencia y la discriminación contra mujeres y niñas seguían siendo generalizadas, tanto en el ámbito institucional como en la sociedad en general.El gobierno trató de imponer controles más estrictos a los medios de comunicación, lo que provocó la indignación de quienes trabajaban en ellos, que seguían sufriendo detención y amenazas de las autoridades y de los grupos armados.La persistencia del conflicto armado obligó a huir de sus hogares a más familias. Seguía habiendo 459.200 personas internamente desplazadas a causa del conflicto; muchas vivían en asentamientos informales, donde el alojamiento, el acceso al agua, la asistencia médica y la educación eran insuficientes. Seguía habiendo alrededor de 2,7 millones de personas refugiadas fuera del país.Información generalEn enero, los talibanes accedieron a abrir una oficina política en Qatar que permitiera unas negociaciones de paz directas; sin embargo, los esfuerzos llegaron a un punto muerto en marzo al abordar las solicitudes de intercambio de prisioneros.A principios de noviembre, las negociaciones entre Pakistán y el Alto Consejo de la Paz de Afganistán desembocaron en la liberación por Pakistán de varios líderes talibanes detenidos. El 17 de noviembre, el director del Alto Consejo de la Paz, Salahuddin Rabbani, declaró que los mandos talibanes que se unieran al proceso de paz recibirían inmunidad frente al enjuiciamiento, pese a que algunos de los detenidos eran presuntos autores de crímenes de guerra.Las mujeres pertenecientes al Alto Consejo de la Paz seguían estando marginadas de las principales consultas sobre la paz. En la cumbre bienal de la OTAN, celebrada en mayo, los Estados subrayaron la importancia de la participación de la mujer en los procesos de paz, políticos, de reconciliación y de reconstrucción de Afganistán, así como la necesidad de respetar los acuerdos institucionales que protegían sus derechos. Al mismo tiempo, los grupos de mujeres expresaron preocupación por su exclusión -en la práctica- de las consultas nacionales sobre la transferencia de las responsabilidades en materia de seguridad de las fuerzas internacionales a las nacionales. Las activistas condenaron el "código de conducta" del presidente Karzai, propuesto el 2 de marzo y según el cual las mujeres debían viajar con un tutor varón y no mezclarse con los hombres en el trabajo ni en la educación.En julio, los donantes internacionales se reunieron en Tokio (Japón), donde prometieron 16.000 millones de dólares estadounidenses en concepto de ayuda civil a Afganistán hasta 2015, con un apoyo sostenido hasta 2017. Sin embargo, la ONU informó en diciembre de que en 2012 los fondos humanitarios -484 millones de dólares estadounidenses- habían disminuido casi un 50 por ciento en relación con 2011. Según la Oficina para la Seguridad de las ONG en Afganistán, las ONG y el personal humanitario recibieron amenazas en grado similar a 2011, y los grupos armados y las fuerzas de seguridad progubernamentales causaron 111 incidentes de seguridad, incluidos homicidios, lesiones y secuestros.En septiembre, el Parlamento confirmó sin debate a Assadulah Khalid como nuevo director de la Dirección Nacional de Seguridad (los servicios de inteligencia de Afganistán), pese a haberse denunciado su presunta implicación en actos de tortura cuando era gobernador de las provincias de Ghazni y Kandahar.La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán continuó sin tener recursos suficientes para realizar su labor tras la polémica destitución por el presidente de tres de sus nueve miembros en diciembre de 2011. El puesto de la integrante de la Comisión que había muerto junto con su familia en Abusos cometidos por grupos armadosPese a que un código de conducta (Layeha) talibán de 2010 ordenaba a los combatientes que evitaran atacar a la población civil, los talibanes y otros grupos armados continuaron infringiendo las leyes de la guerra con atentados suicidas, en los que mataron y mutilaron indiscriminadamente a civiles. La mayoría de las víctimas civiles se produjeron por la detonación de artefactos explosivos improvisados. Los grupos armados dirigieron sus ataques contra civiles a los que consideraban partidarios del gobierno -incluidas autoridades-, personal de organizaciones internacionales y lugares públicos.El 6 de abril, un atentado suicida con explosivos mató al presidente del Consejo Provincial de Paz de Kunar, Mohammad Hashim Munib, y a su hijo, cuando regresaban a casa después de la oración del viernes. El 6 de junio, un atentado suicida con explosivos, perpetrado por dos individuos, mató al menos a 22 civiles e hirió a otros 24 en un abarrotado mercado en la provincia de Kandahar. Los talibanes reivindicaron la autoría.