Los dirigentes sindicales peruanos Pedro Condori Laurente y Antonio Quispe Tamayo fueron detenidos el 11 de enero por cargos infundados. No se presentó prueba alguna de que hayan cometido algún delito, y Amnistía Internacional cree que han sido detenidos exclusivamente a causa de su trabajo pacífico de derechos humanos.Pedro Condori Laurente es secretario general del sindicato de mineros de Casapalca. Antonio Quispe Tamayo es el secretario de Organizaciones del sindicato. Ambos han sido acusados de "delito contra la administración pública", "violencia" y "resistencia a la autoridad". Los miembros del sindicato, y también los trabajadores de la mina, se han enfrentado a cargos infundados y a meses de prisión injusta al menos en tres ocasiones desde que se creó el sindicato en 2008.Los cargos contra estos dos hombres se refieren a un incidente ocurrido el 19 de julio de 2010, cuando un minero murió en un accidente en la mina Casapalca, provincia de Huarochiri, departamento de Lima. Los dos dirigentes sindicales se quedaron en el lugar del accidente para esperar la llegada de un miembro de la fiscalía. Según los informes, cuando éste llegó, trató de retirar el cadáver sin haber recogido prueba alguna para determinar si existía responsabilidad por parte de la empresa. Pedro Condori Laurente y Antonio Quispe Tamayo protestaron y se opusieron a la retirada inmediata del cadáver, pero no utilizaron violencia.La investigación llevada a cabo por la División de Investigación Criminal de la Policía Nacional concluyó, según los informes, que no había pruebas de que se hubiera cometido delito; pese a ello, un juez dictó orden de detención contra los sindicalistas. Amnistía Internacional considera que los cargos formulados contra estos dos hombres carecen de fundamento, y que ambos han sido detenidos exclusivamente por ser dirigentes de un sindicato que pide protección para los derechos de los mineros.[ai-form tipo="web_accion" accion="condori"]Información adicional:Los sindicalistas Pedro Condori Laurente y Antonio Quispe Tamayo y otros miembros del sindicato de mineros de Casapalca, así como trabajadores de la mina, se han enfrentado a cargos infundados y a meses de prisión injusta al menos en tres ocasiones desde 2008, año en que se creó el sindicato. Entre los cargos formulados se encuentran los de "disturbios", "homicidio culposo" de un policía durante una protesta, y "entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos". En los tres casos, a pesar la falta de pruebas, los jueces han dictado órdenes de detención.En julio de 2010, Pedro Condori Laurente y Claudio Boza, secretario de Seguridad e Higiene del sindicato de mineros de Casapalca, quedaron en libertad tras permanecer siete meses recluidos, acusados del homicidio culposo de un agente de policía (véase AU 15/10, AMR 46/0002/2010, http://www.amnesty.org/es/library/info/AMR46/002/2010/es). El juez resolvió que no había pruebas en su contra. El caso se encuentra en proceso de apelación.Pedro Condori Laurente también estuvo encarcelado durante tres meses, junto con Antonio Quispe Tamayo, por "entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos".Cinco trabajadores de la mina Casapalca estuvieron asimismo encarcelados injustamente durante más de seis meses en 2008, por cargos de disturbios. Quedaron en liberad cuando el juez resolvió que no había pruebas en su contra. La apelación presentada por la fiscalía aún está pendiente.Amnistía Internacional cree que las detenciones de estos hombres y los cargos formulados contra ellos se deben a su labor, en la que han pedido respeto por los derechos humanos de los mineros.En los últimos años, Amnistía Internacional ha documentado casos de personas que se han opuesto al gobierno o a sus políticas o los han criticado, y han sido detenidas por cargos infundados. En concreto, se ha producido un aumento del uso de cargos penales infundados contra miembros destacados de organizaciones que trabajan por la protección de los derechos humanos (véase Perú: Bagua, seis meses después. "Sólo por pensar diferente, por hablar diferente, nos están haciendo una injusticia", AMR 46/017/2009, http://www.amnesty.org/es/library/info/AMR46/017/2009/es). Los delitos, incluido el homicidio de agentes de policía, han de ser investigados; sin embargo, no deben utilizarse las investigaciones penales para atacar y perseguir a personas que desempeñan un papel destacado en la defensa de los derechos humanos.