Los informes indican que al menos cinco personas han muerto en los disturbios políticos ocurridos en Honduras desde el 21 de septiembre, cuando el presidente depuesto Manuel Zelaya regresó al país. Se han producido manifestaciones masivas contra las autoridades de facto en diversas ciudades del país, y se han recibido informes que indican que las fuerzas de seguridad han golpeado a muchos manifestantes, y han disparado a algunos, y que se han practicado detenciones arbitrarias en gran escala.
El martes 22 de septiembre, unos policías mataron, según los informes, por disparos a José Jacobo Euceda Perdomo, de 18 años, en la ciudad de San Pedro Sula. Otras cuatro personas, según los informes, han muerto en Tegucigalpa, entre ellas un hombre de 65 años muerto a consecuencia de las heridas causadas por los disparos que recibió durante una manifestación.Los informes indican que, durante el 22 y 23 de septiembre, la policía entró en varios barrios residenciales pobres de la capital de Honduras, Tegucigalpa, y de la segunda ciudad del país, San Pedro Sula, en busca de opositores al gobierno de facto que habían participado en manifestaciones desde el 21 de septiembre. Según los informes, la policía permaneció en los barrios residenciales durante varias horas, en el transcurso de las cuales disparó munición real y gas lacrimógeno y entró en casas sin orden judicial a altas horas de la noche, golpeando y deteniendo a muchas personas. Al parecer, en esos asaltos se buscaba especialmente a jóvenes.
No está claro el paradero de las personas detenidas en Tegucigalpa: a algunas las condujeron a las principales comisarías, mientras que otras pueden permanecer recluidas en los barrios residenciales. Estos métodos irregulares de detención ponen a las personas en peligro de sufrir abusos graves contra los derechos humanos, ya que en ningún momento se deja registro formal de la detención. Aunque se cree que muchas de estas personas han sido puestas en libertad, es posible que otras permanezcan detenidas en lugares desconocidos.
La tensión también ha sido intensa durante el día en algunas zonas. El 23 de septiembre se levantó el toque de queda durante varias horas en Tegucigalpa, y tras una manifestación contra las autoridades de facto se recibieron informes de palizas y detenciones arbitrarias de manifestantes o de presuntos manifestantes. Hay testigos que afirman haber visto a soldados golpeando al azar con palos de madera a personas en la calle.
ESCRIBAN INMEDIATAMENTE, en español o en su propio idioma:
- pidiendo que las autoridades de facto dejen de usar fuerza excesiva contra manifestantes y respeten la libertad de expresión y asociación;
- instando a las autoridades de facto a poner en libertad de inmediato a todos los detenidos, a menos que los acusen de un delito común reconocible y les permitan el acceso inmediato a abogados y familiares.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 6 DE NOVIEMBRE DE 2009 A: Sr. Roberto Micheletti Casa PresidencialBoulevard Juan Pablo SegundoPalacio José Cecilio del ValleTegucigalpa, Honduras Fax: 504 239 3298 Tratamiento: Sr. Micheletti(Nota: No es posible confirmar que este número de fax siga siendo el número correcto de la oficina en el interior de la Casa Presidencial - envíen cartas y fax para asegurarse de que el mensaje llega a su destino.) INFORMACIÓN ADICIONALLa preocupación por los derechos humanos en Honduras se ha intensificado desde que el presidente elegido democráticamente José Manuel Zelaya Rosales fue depuesto el 28 de junio y expulsado del país por un grupo de políticos respaldados por el ejército y encabezados por Roberto Micheletti, ex presidente del Congreso Nacional. Desde el golpe de Estado ha habido una agitación generalizada en el país, con frecuentes enfrentamientos entre la policía, el ejército y los manifestantes civiles. Al menos siete personas han muerto, según los informes, en circunstancias poco claras desde el 28 de junio. Desde el 21 de septiembre se han impuesto toques de queda esporádicamente, y a menudo sin apenas preaviso, que han dejado a la población pocas oportunidades de comprar comida y combustible.
Las tensiones han ido en aumento desde que el presidente depuesto Manuel Zelaya regresó a Honduras el 21 de septiembre. Las manifestaciones subsiguientes contra las autoridades de facto han recibido como respuesta una represión en gran escala por parte de las fuerzas de seguridad, que se ha saldado con numerosas personas heridas e informes sobre cinco personas muertas desde el 21 de septiembre. Aunque estaba previsto que una delegación de alto nivel de la Organización de los Estados Americanos visitara el país el fin de semana del 26 de septiembre con el objetivo de conseguir una solución negociada, informes recientes indican que las autoridades de facto han propuesto un aplazamiento de varios días.
Una delegación de investigación de Amnistía Internacional visitó Honduras del 28 de julio al 2 de agosto de 2009. Sus miembros reunieron numerosos testimonios de primera mano sobre los abusos contra los derechos humanos que sufrieron los manifestantes. La delegación entrevistó a muchas de las 75 personas detenidas en la Jefatura Metropolitana nº 3 de Tegucigalpa después de que la policía, respaldada por el ejército, disolviera una manifestación pacífica el 30 de julio. El informe ilustra numerosos casos de malos tratos, incluidos golpes con porras, por parte de policías y soldados contra los manifestantes.
Durante la visita, Amnistía Internacional pudo confirmar que se están utilizando la detención y los malos tratos de manifestantes pacíficos como forma de castigo contra quienes se oponen abiertamente al gobierno de facto: otros manifestantes que apoyaban a este gobierno no sufrieron los mismos abusos. Los datos contenidos en el informe muestran que, durante las detenciones en masa de manifestantes a manos de la policía y el ejército, algunas mujeres y niñas sufrieron violencia de género.
Se cree que la situación de los derechos humanos fuera de Tegucigalpa es igual de grave o incluso más. Los controles a lo largo de las principales carreteras de Honduras están gestionados actualmente por militares o policías que, a menudo, retrasan o niegan la entrada de organizaciones de derechos humanos a zonas donde, según los informes, se están cometiendo violaciones de estos derechos.
Amnistía Internacional siente honda preocupación por que el uso excesivo de la fuerza, los malos tratos y las detenciones en masa para reprimir la disidencia sólo servirán para inflamar aún más las tensiones y dar lugar a violaciones graves de derechos humanos. La fuerza sólo debe emplearse en las circunstancias más extremas, y no como método para impedir a las personas el ejercicio de su derecho legítimo de manifestación pacífica.Amnistía Internacional concluyó que se han impuesto restricciones a la libertad de expresión, y ha habido ataques contra periodistas, incluidos el cierre de medios de comunicación, la confiscación de equipo y agresiones físicas contra periodistas y cámaras que informaban de los sucesos.